Orizaba, Ver.- En los últimos 12 meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido cinco sentencias condenatorias contra la aplicación de la justicia por parte del Estado mexicano, “sin embargo las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores. Las autoridades están obligadas, asimismo, a investigar las alegaciones de tortura y otros abusos, a hacer justicia y a reparar el daño ocasionado a las víctimas”, según refiere un documento emitido por Arturo Ávila Salazar, titular de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional México, enviado a La Jornada Veracruz.
El informe relata una serie de casos en los que presuntamente el gobierno mexicano ha incumplido recomendaciones y sentencias emitidas por este organismo. En el primero de éstos, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a exigir a que las autoridades mexicanas eliminen la jurisdicción militar para casos de violaciones a los derechos humanos”. Como ejemplo se refiere la petición al pronunciar su sentencia en el caso de los ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, “quienes fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros del Ejército en 1999”.
Esta sentencia “es la quinta condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana en los últimos 12 meses. Sin embargo, las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores.
El texto prosigue: “cuatro de las cinco sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. En las cuatro sentencias la Corte reitera la obligación del Estado mexicano de eliminar la jurisdicción militar para este tipo de delitos”.
Según lo expresado por la Corte, la propuesta de reforma presentada recientemente por el presidente Calderón no cumple con esta obligación y por lo tanto recae en el Congreso la responsabilidad de revisar esta propuesta y convertirla en ley.
Amnistía Internacional espera que las autoridades cumplan de manera expedita con todas las obligaciones contenidas en esta sentencia y en las sentencias anteriores. En el caso de los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, se explican los antecedentes de los hechos: “el 2 de mayo de 1999 soldados del Ejército mexicano detuvieron a los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero. Ambos campesinos eran activistas que denunciaban la tala de árboles y defendían los bosques de la región”.
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel permanecieron bajo custodia militar durante dos días antes de ser presentados ante un juez local. Posteriormente fueron condenados por portación de armas prohibidas y cultivo de amapola y marihuana.
Sus sentencias fueron conmutadas por prisión domiciliaria debido a razones de salud. Amnistía Internacional adoptó a ambos ecologistas como presos de conciencia en 2000.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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