CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 26 diciembre. El encarcelamiento injusto por más de dos años de Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIMI), fue recordado por organizaciones sociales como uno de los casos más emblemáticos de 2010, así como los diversos actos de persecución que vivieron activistas defensores de derechos humanos en Guerrero y en todo el país.
Mediante un comunicado, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) destacó que en los temas de derechos humanos, los defensores y defensoras son un factor indispensable para la construcción de una sociedad democrática y destacó que actualmente México “atraviesa por un contexto de degradación del respeto a los derechos humanos”.
Abunda que la desigualdad social y económica, la violencia, la falta de una cultura democrática y la impunidad, explican la necesidad de ejercer este derecho; sin embargo, lamentó, los defensores no cuentan con un reconocimiento público y son blancos de agresiones tanto de funcionarios públicos como de particulares para quienes esta labor representa una amenaza.
De igual forma, recordaron que en 2009, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) resaltó en el informe Defender los Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo, la situación de vulnerabilidad que viven las y los defensores, quienes se enfrentaron a amenazas, persecuciones, intimidaciones e incluso hasta asesinatos y encarcelamientos injustos, pasando por campañas de desprestigio y una constante impunidad generada desde el Estado al no resolver los casos.
Entre esos casos, indica Cencos, fue el de Raúl Hernández, quien fue encarcelado por un supuesto homicidio contra un informante del Ejército, sin embargo salió en libertad luego de dos años y cuatro meses por no haber pruebas en su contra.
Dicho caso, recuerda Cencos, fue emblemático, a tal grado que Amnistía Internacional (AI) declaró preso de conciencia.
De igual forma, narraron que a raíz de que la OPIM denunció abusos militares y por las autoridades locales en Ayutla de los Libres, iniciaron las amenazas y persecuciones contra los activistas.
Entre las intimidaciones estuvo el encarcelamiento de Raúl Hernández; la ejecución extrajudicial de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce; además de amenazas contra el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
“La persecución de activistas y organizaciones en Ayutla de los Libres no ha cesado desde 2008, el último incidente de agresión fue la reciente amenaza el pasado 28 de noviembre contra la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel su esposo. Cuauhtémoc Ramírez por luchar por la desmilitarización de la región y dan seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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