México D.F., 22 de diciembre de 2010 (Cencos).- Durante 2010 las agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación han tenido un alto nivel de violencia. El asesinato, el secuestro, las amenazas y la reubicación de periodistas formaron parte del panorama cotidiano en México. A diferencia del año 2009, en 2010 la gravedad de las agresiones dificultó el alcance de la información y la documentación de casos. Los medios fueron orillados a reservarse en temas de narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos para salvaguardar su seguridad.
A pesar de las diversas acciones que impulsan la sociedad civil nacional e internacional y periodistas para frenar las agresiones, no ha habido una respuesta clara del Estado en materia de investigación y protección, sobre todo, no existe la articulación suficiente para atender la urgencia del problema.
Luis Carlos Santiago Orozco
El 16 de septiembre, el vehículo con el que circulaban dos fotógrafos del periódico El Diario fue atacado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luis Carlos Santiago Orozco de 21 años perdió la vida y su compañero “Carlos” de 18 (cuyo nombre completo se omite) fue internado en un hospital. Ambos reporteros gráficos estaban en prácticas de El Diario de Ciudad Juárez. Luis Carlos, que llevaba 6 meses colaborando en el medio estaba por incorporarse de manera formal.
En febrero se abrió un proceso de dialogo entre la Secretaria de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y organizaciones de derechos humanos y de periodistas, en el que se abordó la creación de un Mecanismo de Protección a Periodistas y personas Defensores de derechos humanos; posteriormente no tuvo seguimiento para su articulación.
El poder ejecutivo anunció en el mes de julio el cambio de titular y de nombre de la actual Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En el poder legislativo, la federalización de las agresiones a la libertad de expresión, no pasó de un punto de acuerdo emitido el 12 de octubre en la Cámara de Diputados.
Amenazas a Alejandro Medellín
El periodista Jorge Alejandro Medellín fue amenazado de muerte el día 31 de octubre, en relación a la publicación de un artículo que describe posibles lazos entre el crimen organizado con autoridades militares y de justicia encargadas de la lucha contra el narcotráfico en el estado de Chihuahua.
Organizaciones internacionales voltean la mirada a México
En este contexto se dio la visita conjunta de las relatorías especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas del 9 al 24 de agosto, que dio cuenta de la situación en México. En su informe preliminar, las relatorías hicieron recomendaciones puntuales al Estado, por un lado sobre la urgencia de atender temas estructurales referentes al marco jurídico y por otro, pusieron especial énfasis en el alto nivel de violencia contra quienes difunden información, opiniones e ideas, destacando la impunidad que prevalece en los casos como un obstáculo para el sano ejercicio democrático del país.
Ataques a medios
Durante el año 2010 se han registrado 7 atentados en contra de medios de comunicación con artefactos explosivos o armas de fuego mientras que sólo se registraron 3 en 2009. Hasta la fecha no se reporta que haya algún detenido resultado de las investigaciones como responsables de estos ataques.
Entre el trabajo de las organizaciones internacionales, el 22 de septiembre, tuvo lugar una reunión que el presidente Felipe Calderón sostuvo con el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); el ejecutivo informó sobre la implementación, para el mes de octubre, de un programa de protección a periodistas basado en el sistema que Colombia ha llevado con éxito. Cabe mencionar que esta propuesta ha sido impulsada desde 2008 por la organización Article19.
Finalmente, el 4 de noviembre en un acto protocolario, se firmó el Convenio para la Implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas entre la Segob y la CNDH, con la presencia de José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, y Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, entre otros funcionarios de la administración pública federal. Ante dicho convenio, las organizaciones civiles denunciaron públicamente las inconsistencias y vacíos que tiene así como su preocupación por la falta de participación de los y las periodistas y la sociedad civil en su diseño. Así el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas quedó formalmente instalado el 3 de diciembre, y acordó sesionar por primera vez el día 3 de enero de 2011.
Reportera herida de bala
La reportera Ixtli Martínez fue herida de bala en el muslo cuando cubría un conflicto en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Ixtli Martínez es una reportera experimentada que cubre temas políticos y sociales, así como cuestiones relacionadas con los conflictos que han tenido lugar en el estado de Oaxaca en los últimos años.
Ante la inacción del Estado organizaciones locales e internacionales solicitaron 2 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de protección; se presentaron diversos informes públicos sobre la situación y se llevaron acabo las visitas oficiales de los relatores de la ONU y la CIDH. También periodistas de diversos medios de comunicación se manifestaron en la Ciudad de México para exigir protección frente a las agresiones sufridas por ejercer su labor. Bajo el lema “Los queremos vivos”, la marcha silenciosa tuvo lugar en agosto, dejando un precedente de unión del gremio frente a la violencia.
A pesar de que el tema de protección a periodistas logró colocarse en el debate público durante el 2010 por la presión internacional y las iniciativas de la sociedad civil y el gremio periodístico, las acciones del Estado son débiles y no han logrado articularse. Las y los periodistas han implementado sus propias medidas para contener las agresiones, múltiples análisis y debates sobre la cobertura y la solidaridad que se necesita al interior del gremio para afrontar la violencia han sido las respuestas. Por su parte el Estado, sigue pendiente en atender sus obligaciones en materia de libertad de expresión.
Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social
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