CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 30 diciembre. El 2011 será un año sin expectativas para los defensores de derechos humanos y los grupos marginados y golpeados del estado, consideró el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, que, aunque es un año con escenario político, los candidatos “son un peligro para la sociedad”, porque se aferran a proyectos capitalistas, como la presa La Parota.
En un recuento que hace Tlachinollan, destaca que tan sólo en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo hay más de 250 casos de criminalización de la lucha social, por lo que el gobierno perredista “causó graves daños a la población”, sobre todo a la más pobre y marginada.
Lamentó que careció de justicia, de un combate a la impunidad y por el contrario, hubo gran corrupción en el sistema de procuración y administración de justicia.
Detalla el recuento que las agencias del Ministerio Público se focalizaron a integrar denuncias contra de maestros, estudiantes, indígenas, campesinos y colonos sumando un poco más de 250 expedientes penales que se documentaron en lo que va de este gobierno, expedientes que “están plagados de irregularidades porque se trata de delitos fabricados y consignas políticas”.
Recordó la represión a estudiantes de Ayotzinapa, quienes exigieron nuevas plazas; contra los maestros de la Ceteg quienes protestaron contra la Alianza por la Calidad Educativa, contra los integrantes de la Policía Comunitaria que tienen varias órdenes de aprehensión; los ejidatarios de Carrizalillo, los campesinos del Cecop, los indígenas de la radio comunitaria La Palabra del Agua, los miembros de la OPIM y OFPM del municipio de Ayutla, de la APPG, el dirigente de la asociación Tierra y Libertad de Teloloapan, los mineros de Taxco, los colonos de Puerto Marques, los opositores a la minera Media Luna, los miembros del Frente Opositor al Muelle de Icacos, los indígenas de Tulimán.
De igual forma, criticaron la postura inflexible del gobernador de no reconocer la responsabilidad de su gobierno ante encarcelamientos injustos como el de Raúl Hernández, por el contrario “defendió en todo momento a la procuraduría de justicia y a la policía ministerial, quienes son las instancias donde más se violan los derechos humanos”.
En su recuento también dan detalle de la situación de riesgo en la que trabajan los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes a pesar de las medidas provisionales otorgadas por la CIDH a 107 defensores y defensoras de Guerrero, “no existen avances en las investigaciones y más bien se han multiplicado las amenazas, obligando a que 6 defensores busquen refugio fuera del estado”.
Recordaron el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla, la cual no ha podido ser reabierta porque no existen mínimas condiciones de seguridad para continuar con el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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