Mujeres de 85 organizaciones civiles acordaron la defensa del Estado laico; evitar la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía; denunciar a aquellos servidores públicos que votaron o voten a favor de las reformas constitucionales lesivas, al personal de los servicios de salud que, extralimitando sus funciones, juzgan y acusan a las mujeres; a los servidores públicos del sistema de justicia que aplican criterios personales en lugar de criterios jurídicos.
Esos fueron los resolutivos del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, cuya sentencia fue “¡Ni cárcel ni muerte a las mujeres por abortar!”. Ahí, 177 mujeres representantes de 85 organizaciones provenientes de 18 estados de la República definieron estrategias para trabajar durante este año.
Señalaron que en el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de los derechos fundamentales, “el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y se criminaliza a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación”.
El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de féminas, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también las que sufren abortos espontáneos, involuntarios, “como lo hemos constatado en varias entidades del país, entre ellas el caso de una menor en Tijuana, a quien están por dictarle una sentencia por más de 50 años de cárcel”.
Asimismo, coincidieron que el Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho, y sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, sólo “las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder”, por lo que exigirán el pleno y cabal cumplimiento de lo que significa un Estado laico, respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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