La mordaza

Porfirio Muñoz Ledo

La mordaza

Mientras en el mundo árabe las sociedades toman las plazas y los jóvenes asumen la conducción del futuro, en México la ciudadanía pareciera paralizada por el terror y la indefensión. Sin ninguna garantía ni solución inmediata a la violencia física, la represión económica y la incompetencia de los gobernantes. Un precipicio sin frenos ni atenuantes.

Los regímenes más afectados por la corriente democrática del Oriente Medio, aunque todavía se aferran al poder, ofrecen distintos grados de apertura política para vacunarse contra los efectos expansivos del movimiento. Aquí en cambio, un Ejecutivo acorralado se exhibe inconsciente de la catástrofe y reacciona con gestos autoritarios, tan inútiles como obsoletos.

A semejanza del momento culminante de nuestra transición —1997— la Cámara de Diputados se coloca en el epicentro de la libertad. A pesar del trafique legislativo y del insolente “mandarinato” se erige en tribuna por antonomasia de la denuncia pública y en representación activa de la mayoría social. El fuero adquiere sentido cuando sirve de escudo protector a las voces emanadas del sufragio.

De ahí las maniobras oscuras con las que el duopolio parlamentario pretende imponer un reglamento mordaza, disfrazado de instrumento de “productividad legislativa” —como la reforma laboral de la derecha— que intenta conculcar prerrogativas irrenunciables de los diputados. Un acto administrativo, aún no consensuado, que contradice mandatos expresos de la Constitución y de la ley.

Cuando a las minorías numéricas del Congreso se les priva del derecho a legislar y se rechazan sus iniciativas sin razones válidas, el recinto se convierte en un campo de Agramante. Ante los oídos sordos y antenas silenciosas proliferan las contiendas verbales y las acciones contundentes que aspiran a honrar las expectativas de los electores, a riesgo de la deformación mediática.

El mayor peligro para un gobierno tambaleante y para los intereses que aún lo sostienen es el eco favorable que esas manifestaciones puedan tener en la radio y la televisión. Ese es el origen de la sanción draconiana impuesta a Carmen Aristegui, por intervención directa de la Presidencia de la República. Como “en los peores tiempos” del antiguo régimen, ha dicho la Asociación Mexicana del Derecho a la Información.

Las dos ocasiones anteriores en que la comunicadora vio suspendidos sus programas, se reveló que los cuestionamientos que realmente los originaron eran absolutamente ciertos, como los graves delitos de Marcial Maciel, ahora condenados hasta por el Vaticano. También que las emisoras —y hoy MVS— estaban en negociaciones con el gobierno.

La medida más saludable que habría de promoverse en la coyuntura sería el debate y aprobación de reformas constitucionales y legales sobre medios electrónicos, que pluralicen su funcionamiento, los rijan por valores democráticos y establezcan la sana distancia del Ejecutivo a través de un organismo autónomo responsable de regularlos. Es lo que nos proponemos hacer, argumentando la supuesta dictaminación obligatoria de las iniciativas.

El país vive los momentos más aciagos de su historia contemporánea: la proximidad de una intervención directa de Estados Unidos. Cuando las primeras filtraciones de WikiLeaks, lo advertimos sin ambages. Desde entonces, todas las declaraciones de los funcionarios norteamericanos van en el mismo sentido; incluyendo las del general que describió los planes intervencionistas, aunque luego se haya retractado en el más puro estilo delamadridiano.

La sociedad en su conjunto debiera reaccionar patrióticamente ante el peligro y los poderes públicos asumir las graves responsabilidades de su encargo. Calderón está obligado a expresarse con verdad ante el país y la comunidad internacional. Persistir en el ocultamiento y la autoafirmación pueril —así sea a caballo— sería la peor de las complicidades y de los suicidios.

Si careciese de la entereza y la dosis necesaria de autocrítica para proceder a una nueva convocatoria, debiera ceder el paso a un reemplazo constitucional del Ejecutivo que permitiera la instalación de un gobierno de salvación nacional. La palabra la tenemos todos, en términos irrevocables.

Diputado federal del PT

Fuente: El Universal

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