Comunicado del TADECO

Se extingue un gobierno de pesadilla y en el horizonte no percibimos ninguna luz de justicia

Estamos en la víspera de la conclusión de un gobierno estatal que ha pasado de ser al principio la esperanza de algunos, a la frustración ahora de casi todos los guerrerenses. Para nosotros ha sido literalmente una pesadilla pues en éste lapso hemos perdido a seres queridos como resultado de una supuesta y absurda guerra contra el narcotráfico que ha generado una situación de violencia e inseguridad en la entidad que, no nos cabe duda, es resultado de la política gubernamental que protege los intereses de los poderosos, entre ellos los de los mismos narcotraficantes.

En éste mal gobierno que agoniza de Zeferino Torreblanca, la falta de políticas públicas coherentes y efectivas en materia de seguridad y derechos humanos, no es resultado solo de la ineficacia e incapacidad de su gobierno, sino de que la misma delincuencia está siendo organizada desde el Estado, por eso reafirmamos que los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y Felipe Calderón Hinojosa son finalmente responsables de toda ésta situación por acción, omisión o contubernio.

En esta periodo, la impartición de justicia ha brillado por su ausencia, los casos de desaparición y asesinatos extrajudiciales que hemos denunciado, se manejan discrecionalmente, no se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, los fiscales regionales y ministerios públicos actúan extrañamente, en algunos casos distorsionando los hechos, en otros atemorizando, intimidando y desalentando a los familiares de las víctimas, en otros más, instrumentando artimañas como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas, desintegrando y ocultando expedientes, mientras que los agentes ministeriales y policías municipales, quienes por su labor conocen y están relacionados directamente con el medio donde se suceden los hechos, no llevan a cabo ningún tipo de investigación y más bien encubren los hechos, por lo que para nosotros, también ellos deben ser objeto de investigación, pues por comisión u omisión, podrían resultar sujetos de complicidad, por lo menos.

La llamada clase política: gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, dirigentes de partidos e incluso sus candidatos, postrados al saliente gobernador, deliberadamente han hecho caso omiso de su responsabilidad ante esta situación, recurriendo al garlito de que este es un asunto federal y llegan a hacer declaraciones irresponsables como la del mismo Zeferino Torreblanca, que en algún momento dijo que: “no podemos poner a un policía detrás de cada ciudadano”. Esta actitud arrogante ha ido acompañada de la estigmatización, la denostación, la crítica fulminante, la indiferencia e incriminación, el señalamiento de aquellos que no ven en nuestra gente el atributo de la lucha social, el linaje de la clase empresarial ni el poder de la clase política y que de manera irresponsable nos laceran con la acusación de que algo ilícito debieron hacer nuestros amigos y seres queridos para merecerse esto que está pasando, lo cual ha sido también una forma de tortura, intimidación y amedrentamiento de este gobierno que se va.

Generalmente las denuncias penales que se han presentado ante las autoridades judiciales por desaparición forzada son incorrectamente tipificadas como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro”, delito que sólo puede cometer un particular. Esta argucia favorece el deslinde institucional, por consiguiente, ningún servidor público ha sido consignado ni sentenciado por el delito de desaparición forzada. La impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es absoluta.

No existen mecanismos reales de protección contra las desapariciones forzadas de personas ni existe un organismo capaz y confiable que sirva como medio para encontrar justicia, lo que ha generado un clima de incertidumbre e inseguridad en la sociedad. La impunidad es el escudo de los agentes responsables de violaciones de los derechos humanos. La impunidad está claramente vinculada a la corrupción y unida a la discrecionalidad y las redes de relaciones con las que funcionan grupos de poder desde el ámbito gubernamental.

El gobierno de Zeferino Torreblanca optó por la represión como forma de gobernar. Canceló definitivamente el diálogo con los guerrerenses que luchamos por el respeto de los derechos humanos, sociales y políticos más elementales y ha criminalizado la lucha social persiguiendo a quienes defienden a través de sus demandas y acciones los derechos al trabajo, a la educación, la salud, a una vivienda digna y a un ambiente sano, lo que se refleja en la existencia de más de 250 órdenes de aprehensión contra dirigentes y promotores sociales y defensores de derechos humanos.

Hay encarcelados por motivos políticos como son los casos del Profr. Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma recluídos en el Penal de Tecpan de Galeana o procesados injustamente como nuestros compañeros de la Radio Ñomda; además de los casos de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas que aquí nos ocupan y donde destacan los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y el investigador universitario Miguel Angel Gutiérrez Avila.

La presencia militar en pueblos y ciudades de la entidad, en nada han resuelto el problema de la violencia generada por el narco y si ha completado un cuadro de intimidación y control social que atenta contra los derechos de los guerrerenses. Las incursiones militares en la Sierra, como fue en los casos de La Morena en Petatlán y en el Puerto de las Ollas en Coyuca de Catalán, no se han aclarado y si han dejado graves secuelas de muerte e impunidad.

En nuestro caso, además de las amenazas de que fuimos objeto en meses anteriores, ahora al término del sexenio zeferinista, hemos debido enfrentar una acción más de represión, a través del gobierno municipal de Chilpancingo que desalojó con lujo de violencia y después de una campaña de criminalización, nuestro Módulo de Información, Cultura y Denuncia, herramienta que teníamos para la difusión y sostenimiento de nuestra lucha, violando nuestros derechos de reunión, manifestación, expresión, información, cultura y a la ciudad y despojándonos de una herramienta de vinculación con la sociedad.

El horizonte no se percibe esperanzador. Nos preocupa e indigna que el mal gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo deja una agenda pendiente de justicia en la entidad y que los casos de ciudadanos víctimas de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales que hemos denunciado, queden en la impunidad y nos preocupa también que quienes vienen a sucederlo, enajenados por su ambición de poder, se mantengan en una posición de indiferencia e indolencia, asuman la misma línea y le den
continuidad gubernamental a la impunidad.

Ante ello llamamos al pueblo guerrerense a no rendirse, a no venderse, a mantener la dignidad en la lucha por sus derechos, a cerrar filas contra la impunidad. A solidarizarse con nuestra lucha porque se haga justicia a los desaparecidos y asesinados que reclamamos. A detener las ordenes de aprehensión y lograr la libertad de nuestros presos. A no permitir la anunciada imposición del proyecto hidroeléctrico de La Parota, la privatización de la Bahía de Zihuatanejo, la construcción del muelle en Barra de Potosí, la explotación minera en territorio de la CRAC – Policía Comunitaria, al desvío de recursos y no cumplimiento en la realización de diversas obras en la Montaña y en la Sierra,

A luchar contra el incremento de precios de los productos de primera necesidad, de los combustibles y energía eléctrica y en general del costo de la vida. Que hagamos valer el respeto a la consulta y a las decisiones de los pueblos. Que nos hagamos solidarios ante los efectos nocivos de la migración, el desempleo, la reducción de las prestaciones sociales y el deterioro de las condiciones laborales. En la exigencia a la solución de la huelga de los mineros Taxco, a la solución de las demandas del magisterio democrático, de los pueblos de Tecoanapa que luchan por su derecho al agua, de los pueblos de la Costa Chica – Montaña que reclaman bajas tarifas de luz y construcción de caminos y de los compañeros de la Radio Ñomdá que exigen un proceso justo y libertad a sus compañeros amenazados de cárcel.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡DESAPARECIDOS PRESENTACIÓN!
¡CASTIGO A LOS CULPABLES DE LOS ASESINATOS EXTRAJUDICIALES!
¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
¡SOLUCION A LAS DEMANDAS DEL PUEBLO!
¡NI UNA LUCHA AISLADA MAS!

Chilpancingo, Guerrero, 25 de marzo del 2011