MÉXICO, D.F. (Proceso).- La renovación tanto del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después de las elecciones de 2006 representó una oportunidad de oro para revertir el legado de impunidad y simulación de los comicios de aquel año. Lamentablemente, la mayor parte de las decisiones clave tomadas por los nuevos integrantes de ambas instancias ha reforzado la idea de que todo se vale en materia electoral. Hoy nos encontramos inmersos en una verdadera “ley de la selva” en donde la violación de la equidad, la certeza y la legalidad de los procesos democráticos es más la norma que la excepción. El escenario está puesto para que en 2012 ocurra otra implosión similar, o quizás aún más grave, que la de hace seis años.
En este contexto, la decisión de la Sala Regional en Toluca del TEPJ de anular la elección para presidente municipal de Morelia demuestra que todavía queda una pequeña luz de esperanza. Ante las burlas del PRI a la normatividad electoral en las elecciones de Michoacán, el magistrado Santiago Nieto redactó una sentencia (ST-JRC-117/2011) que arruina la fiesta a los acelerados operadores de todos los partidos que ya se frotan las manos con el jugoso negocio de las ilegalidades electorales este año.
Una de las trampas más comunes al redactar las normas electorales es hacer prácticamente imposible la eventual nulidad de una elección. Por ejemplo, los legisladores suelen limitar las causales de nulidad exclusivamente al aspecto cuantitativo durante la jornada electoral (verbigracia, cuando más de 15% de las casillas no se instalen o presenten irregularidades graves, etcétera). Los partidos temen como una plaga cualquier causal “genérica” que permitiría declarar la invalidez por “violaciones generales” a los principios constitucionales durante la campaña. Asimismo, uno de los grandes retrocesos contenidos en la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 99 de la Carta Magna, de una cláusula que indica que los magistrados únicamente pueden anular una elección por causales “expresamente” establecidas en las leyes secundarias.
Tales esfuerzos por blindar la “partidocracia” contra la intervención de los magistrados electorales deben tener límites. Si bien tiene sentido que los juzgadores no fabriquen de la nada nuevas causales “concretas” con tal de declarar inválida una elección, los magistrados nunca pueden abdicar de su responsabilidad de defender y hacer valer la Constitución. Específicamente, los principios de equidad, legalidad y certeza en materia electoral plasmados en el artículo 41 de la Carta Magna son simplemente irrenunciables. Como bien señala Nieto en la sentencia, que también fue apoyada por el magistrado Carlos Morales Paulín, sería absurdo afirmar que un juez constitucional solamente puede hacer valer la Constitución cuando una ley secundaria expresamente se lo permita.
Esto es sobre todo el caso en el que las propias violaciones no son de alguna ley o reglamento secundario, sino de la Constitución misma. Fue evidente para todos que durante los días previos a la elección el PRI violó flagrantemente la prohibición absoluta y expresa del artículo 41 constitucional respecto a la “adquisición” de espacios en radio y televisión por los partidos políticos. El cierre de campaña de su candidato a gobernador, Fausto Vallejo, fue transmitido íntegramente por la televisión, incluyendo una intervención de cinco minutos de parte del candidato para la presidencia municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro. Asimismo, la noche anterior a los comicios el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez lució el logotipo del PRI en su calzoncillo durante su pelea en contra de Manny Pacquiao, que fue difundida ampliamente en toda la República. Estas irregularidades sin duda ponen en cuestión la certeza de una victoria que fue de menos de 2 mil sufragios, o 1% de la votación total.
Si el TEPJF hubiera dejado pasar sin más esta abierta burla a la institucionalidad democrática, se habría colocado una alfombra roja para el abuso más descarado tanto de la televisión como de la industria del deporte para fines electorales durante 2012. Ya de por sí existen bastantes precedentes sumamente peligrosos en la materia, incluyendo el aval a la “entrevista” de Demetrio Sodi en medio del juego Pumas-Puebla, la falta de sanciones para el PVEM tanto por sus “informes” en el periodo de intercampañas como por su propaganda en telenovelas de Televisa, y las declaraciones de validez de elecciones sumamente cuestionables y competidas, como las de Acapulco, Veracruz y Durango.
Enrique Peña Nieto tiene razón al ponerse nervioso por la sentencia de Morelia: “Preocupa que (desde el mismo estado de Michoacán) se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden, (…) como el que viviremos a nivel nacional”. Pero en este caso las preocupaciones de los políticos no son más que satisfacciones para los ciudadanos. Ya basta de políticos soberbios que, seguros de su impunidad y de la pasividad de los órganos de justicia, atropellan sin remordimiento las leyes y la cultura del país. Precisamente lo que la nación requiere son políticos auténticamente “preocupados”, tanto por el bienestar general como por su propio futuro personal y profesional. Solamente así podemos tomar pasos definitivos para combatir la impunidad que tanto corroe nuestro sistema democrático.
A finales del siglo XIX, José María Iglesias, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso su vanguardista tesis de la “incompetencia de origen” para combatir a aquellos políticos que, entonces como hoy, buscaban “convertir en farsa” las elecciones. Hoy, una nueva generación de juristas jóvenes recupera este legado de valentía y, con sentencias como la de Morelia, empujan a las instituciones electorales a despertar de su prolongado letargo para finalmente defender con firmeza la vigencia de los principios democráticos.
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Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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