miércoles, 18 de enero de 2012

Los expedientes negros de García Luna







Los expedientes negros de García Luna

Durante diez meses, Reporte Indigo investigó algo fundamental que todos los mexicanos merecen saber: ¿hay alguna razón para confiar en los mandos de la SSP?
Por Anabel Hernández

Desde el inicio de su sexenio, el presidente Felipe Calderón ha tenido una fe ciega en el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna y su equipo.



Lo anterior pese a los malos resultados, los atropellos y actos ilícitos en los que han sido sorprendidos.



Calderón ha usado esta corporación policiaca para combatir el secuestro, la inseguridad y el narcotráfico, además de vigilar los comicios locales y federales. Pero hasta ahora no ha dado los resultados esperados.



A fines del año pasado, elementos de la SSP federal fueron enviados a Guerrero para controlar la movilización de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho en el que resultaron asesinados dos estudiantes y otros más fueron golpeados y torturados.



En este caso, que actualmente es analizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se implica a la policía estatal de Guerrero y a la Policía Federal.



Desde el inicio de la administración calderonista, todo lo que toca la SSP se enturbia, se pudre. Es una dependencia que siempre ha estado implicada en hechos de escándalo y simulación.



Sus altos funcionarios han sido acusados de participar activamente en la delincuencia organizada. Las pruebas de los contubernios están en manos del gobierno de Estados Unidos según información recabada por Reporte Indigo.



Durante diez meses, Reporte Indigo se dio a la tarea de investigar algo fundamental que todos los ciudadanos merecen saber: ¿hay alguna razón para confiar en los mandos de la SSP?



Hoy se tiene la respuesta.



El gobierno de Calderón impuso la aplicación de exámenes de confianza (pruebas de polígrafo, toxicológicas, sicológicas, patrimoniales y médicas) para saber si un mando policiaco es o no confiable. Con base en eso, se determina si puede seguir en el cargo o debe ser despedido.



En los cinco años que ha estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna sólo ha presentado una vez sus exámenes de control de confianza.



Esto viola el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto de 2008 y creado debido a la crisis de inseguridad y corrupción prevaleciente en México. También infringe la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que obliga a una certificación permanente de los policías del país.


De acuerdo a las normas internas de la SSP vigentes desde 2006, el secretario García Luna debería ser destituido.



Irónicamente, la información sobre el único examen que ha presentado el secretario federal es tan oscura como su reputación.



Y los dos miembros más importantes de su equipo están en la misma circunstancia.



Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito, ha presentado una sola evaluación de control de confianza en cinco años. Esto representa una violación a la ley, y de acuerdo a las normas vigentes, también debería ser destituido.



En el caso del comisionado de la Policía Federal Facundo Rosas Rosas, se supone que se sometió a las evaluaciones en 2007, 2009 y 2010.



Pero la Policía Federal (PF) informará a la sociedad si estos mandos policiacos pasaron o no los exámenes hasta dentro de 12 años, cuando las violaciones a la ley hayan prescrito.

Los exámenes de Gerardo Garay Cadena, ex comisionado de la PF encarcelado en un penal de máxima seguridad, nunca serán revelados, dijo la PF.



Tampoco serán dados a conocer los del ex secretario particular de García Luna, Mario Velarde, sujeto a investigación por delincuencia organizada en 2009. Ni los del ex director del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Francisco Gómez Meza, hoy preso acusado de tener vínculos con el narcotráfico.



La misma suerte correrán las evaluaciones de Edgar Enrique Bayardo, quien fue acusado de servir al Cártel de Sinaloa y resultó asesinado en diciembre de 2009.



Y gracias a los recursos de revisión interpuestos por Reporte Indigo, ahora se sabe que

Edgar Millán, acribillado en 2008, enterrado como héroe y acusado de trabajar para el crimen organizado, nunca presentó un examen de control de confianza mientras trabajó en la SSP como mando de la Policía Federal.



Éstos son los oscuros exámenes de confianza de Genaro García Luna y su equipo.



EL SHOW DE GARCÍA LUNA



El pasado miércoles 11 de enero, evadiendo el llamado a cuentas de la CNDH por el caso de la represión y homicidio de normalistas en Guerrero, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna estuvo de gira en Washington, D.C.



Según su oficina de prensa, se reunió con funcionarios del gobierno de Barack Obama y presentó su libro “El Nuevo Modelo de Seguridad para México”.



García Luna llegó al Woodrow Wilson Center a bordo de la limusina del embajador Arturo Sarukhan y acompañado por un numeroso séquito.



En su presentación, describió un país que no existe, tal como lo hace en México.

Manipulando cifras oficiales a su conveniencia, afirmó que en México han disminuido el crimen y la violencia en los últimos cinco años. Pero lo desmiente la realidad cotidiana del aumento de ejecuciones, torturas y secuestros.



Uno de los asistentes al evento fue el empresario Eduardo García Valseca, quien vivió un secuestro atroz en 2007. Acudió para increpar al funcionario por su ineficiencia y corrupción en la investigación de su plagio y desenmascararlo ante la opinión pública.



Pero no le dieron la palabra, señaló el empresario en una entrevista realizada después del evento.



“Este tipo hablaba como si no estuviera hablando de México sino de Suiza. ¿Cómo se atreve a hablar de una mejor policía cuando van cuatro años de mi secuestro, es un caso que él personalmente atendió y no hay ni un solo detenido? Es un farsante, un corrupto”, dijo García Valseca a Reporte Indigo, que ha publicado artículos sobre su caso.



EU TIENE INFORMACIÓN CONTRA GARCÍA LUNA



Genaro García Luna montó en Estados Unidos el show de siempre.



Hace unas semanas, García Valseca tuvo un encuentro con altos funcionarios del Departamento de Estado de EU porque su esposa, Jayne Rager, es estadounidense y tiene relaciones en el Congreso de su país.



En esa reunión, le informaron que sería atendido como esposo de una ciudadana norteamericana. Y le revelaron que el gobierno de EU posee información documentada de los vínculos de García Luna y su equipo con la delincuencia organizada en México.



Desde hace cinco años, Reporte Indigo ha denunciado hechos de corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública.



Sus altos funcionarios han sido acusados de participar en diversos tipos de ilícitos. Y no se trata de hechos aislados. La lista es larga y escandalosa.



A Lorena González, quien era comandante de la PF, se le imputa ser parte de la banda de secuestradores conocida como “La Flor” y haber participado en el plagio de Fernando Martí en 2008.



Ella trabajaba directamente con Facundo Rosas Rosas, pero este funcionario mintió al negar dicha relación laboral.



El comisionado de la PF Edgar Eusebio Millán, ejecutado en mayo de 2008, y a quien se le rindió un homenaje digno de un héroe, se le acusa directamente en averiguaciones

previas de trabajar para el Cártel de Sinaloa y con bandas de secuestradores como “La Flor”.



Otro comisionado, Gerardo Garay Cadena, fue acusado de proteger al Cártel de Sinaloa y de robar armas y dinero al bando contrario en un operativo realizado en una casa del Desierto de los Leones en octubre de 2008.



Ahora se sabe que gracias a su jefe Genaro García Luna, saldrá en libertad en unos meses.


Los mandos de la PF que son enviados para pacificar las ciudades más violentas de México, llevan el terror. Así ocurrió en 2010 en Ciudad Juárez.



Subalternos de esos mandos los acusaron de extorsionar a la población. Incluso demostraron que guardaban droga y armas en sus centros operativos para llevar a cabo esas extorsiones. No se hizo nada.



En septiembre de 2011, en Ciudad Juárez, un ciudadano presentó cargos formales contra 10 policías federales por ser víctima de golpes y extorsión. Y en noviembre pasado, fueron detenidos otros dos elementos acusados de secuestrar a una mujer.



En 2010, Francisco Javier Gómez Meza dejó de ser director del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y pasó a ser huésped de una cárcel federal acusado de trabajar para el Cártel de Sinaloa.



Mario Velarde, ex secretario particular de García Luna en los seis años que estuvo al frente de la AFI y colaborador muy cercano en la SSP, fue acusado en 2008 de trabajar para el Cártel de Sinaloa. Logró que no lo detuvieran, pero renunció a su cargo casi inmediatamente.



La lista de escándalos de corrupción y abuso de autoridad es interminable. A ella se suman las acusaciones de abuso de autoridad y presunto homicidio contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero.



La Procuraduría de Justicia de Guerrero denunció que los jóvenes normalistas fueron asesinados por agentes de la Policía Federal, pero el caso fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR), y la instancia responsable de allegar las pruebas y el parte informativo fue la propia Policía Federal.



Ahora se entiende por qué la SSP no ha dado resultados en cinco años pese a que ha crecido exponencialmente en cuanto a presupuesto y personal. Si los altos mandos no cumplen con la ley, ¿qué se puede esperar de los subalternos?



LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA



Hasta ahora, los únicos instrumentos legales para evaluar la confiabilidad de un policía, desde un secretario de seguridad pública federal, estatal o municipal, hasta un elemento de calle, son los exámenes estipulados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



El acuerdo fue firmado el 21 de agosto de 2008 en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Uno de los firmantes de este documento es Genaro García Luna.



Existe un Centro Nacional de Certificación y Acreditación que forma parte del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su función es avalar los centros de certificación y acreditación de los estados, además de definir las políticas y criterios de evaluación.



Genaro García Luna y Felipe Calderón han pretendido crear una policía única para eliminar las corporaciones estatales y municipales. Su justificación es que los funcionarios de seguridad de los estados y los municipios no aplican las evaluaciones de control de confianza, o no los pasan.



El Centro Nacional de Control de Confianza es responsabilidad de la SSP federal de acuerdo al Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.



La información oficial proporcionada a Reporte Indigo por el Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que a través de la Ley Federal de Transparencia, la evaluación de Control de Confianza comprende cinco fases: toxicología, psicología, poligrafía, investigación socioeconómica y médica.



La evaluación permanente del personal en activo se aplicará cada dos años, precisa el Secretariado. Los Centros de Control de Confianza de los estados son calificados por la SSP federal.



Se sabe que la SSP federal aplica exámenes de control de confianza a policías de todos los estados y municipios. Estas evaluaciones se llevan a cabo en sus instalaciones o son aplicadas por compañías privadas contratadas por la dependencia federal.



Al final, la SSP determina quiénes pasan.



El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en el caso de la SSP y la Policía Federal, “el personal de las Instituciones Federales son evaluados por sus propios Centros de Control de Confianza”. Y esas pruebas se deben aplicar por lo menos cada dos años.



La Dirección de Control de Confianza de la PF y sus métodos para aplicar exámenes y certificar que los funcionarios cumplen con el perfil, son avalados por la propia SSP federal.



En mayo de 2011, Reporte Indigo solicitó a la SSP copias de los exámenes de confianza aplicados de 2007 a 2011, así como los resultados de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Francisco Javier Gómez Meza y/o Mesa, Víctor Gerardo Garay Cadena, Edgar Enrique Bayardo del Villar, Edgar Eusebio Millán Gómez y Mario Arturo Velarde Martínez, entre otros funcionarios.



La SSP respondió que la instancia responsable de esa información era la Policía Federal.

En mayo de 2011, Reporte Indigo también solicitó información al titular de la Unidad de Enlace de la Policía Federal. La respuesta fue que, con respecto a Cárdenas Palomino, Rosas Rosas, Gómez Meza, Velarde Martínez y Garay Cadena, no podía proporcionar la copia de los exámenes porque los documentos estaban clasificados por 12 años.



Y como la PF catalogó los resultados como “datos personales”, la Unidad de Enlace argumentó que no revelaría la información pese a que es de interés público para saber si esos policías estaban o están cumpliendo con la ley en el desempeño de sus funciones.

La PF sólo respondió que dichos funcionarios habían sido sometidos a evaluaciones en el periodo 2007-2011, pero no precisó cuántas ni en qué años.



Con respecto a Enrique Bayardo del Villar y Edgar Eusebio Millán Gómez, la PF afirmó que nunca daría a conocer los resultados porque ambos ya habían muerto, como si eso restara relevancia pública a los resultados, sobre todo considerando el alto nivel de los cargos que ocuparon. Bayardo se desempeñó como inspector de Operaciones de la PF y Millán fue comisionado de la misma corporación.



Como resultado de los recursos de revisión interpuestos por Reporte Indigo ante el IFAI, hoy se sabe que según la Policía Federal, Millán nunca presentó un examen de control de confianza cuando estuvo en la SSP ni cuando fue comisionado de la PF.



Millán fue enterrado como un héroe por García Luna y el presidente Calderón, pero en expedientes de la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consta que se le vinculó con el crimen organizado.



Sobre García Luna, la PF respondió que según el acuerdo 12/2010 emitido por el propio García Luna, la Dirección de Control de Confianza de la PF haría las evaluaciones al personal activo de la SSP, “sin embargo, en el caso de las Unidades Administrativas dependientes del sector central de dicha Secretaría los resultados son informados a la instancia competente”.



Con base en ello, la PF señaló que los resultados debían ser solicitados a la Secretaría de Seguridad Pública federal, lo cual contradice lo que oficialmente y con imputación legal respondió la SSP a Reporte Indigo.



Pero la PF respondió falsamente. En el acuerdo 12/2010 no se señala que los resultados de los exámenes aplicados a funcionarios de alto nivel, como Genaro García Luna, deban ser entregados a la SSP y que la PF no tenga acceso a ellos.



Durante meses, la SSP y la PF, corporación que depende de esa secretaría, intentaron ocultar la información.



El titular de la SSP es juez y parte en las evaluaciones de todas las policías, tanto la federal, como las estatales y municipales. Y es el primero en incumplir la ley porque su institución miente.



Reporte Indigo presentó recursos de inconformidad ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).



Y después de varios meses, obtuvimos parte de la información solicitada.



GENARO NO SE HA SOMETIDO A EXÁMENES DE CONFIANZA



Después de cinco años de ser la corporación de seguridad más cuestionada de México, la SSP apuesta a la opacidad, a no rendir cuentas para informar si sus elementos pasaron o no los exámenes de control de confianza.



Desde 2008 surgieron denuncias documentadas por parte del comisario Javier Herrera Valles, quien está en prisión a raíz de sus acusaciones contra García Luna y su equipo.

Según estas acusaciones, los altos funcionarios no aprobaban los exámenes de confianza aplicados por la oficina de la directora adjunta de Control de Confianza Gabriela Peláez Acero.



Aun así, el Comité de Reclutamiento, Selección e Ingreso de la PF determinó que cumplían con el “perfil requerido” o que eran “aptos para el cargo”. Esto representa una clara violación a la ley porque es requisito indispensable aprobar las pruebas para cumplir con el perfil de cada cargo.



El examen toxicológico es para saber si el servidor público evaluado consume drogas.

El psicológico sirve para determinar si tiene la capacidad emocional y psicológica que el cargo demanda.



El poligráfico es una prueba de detección de mentiras. La investigación socioeconómica es para verificar si el funcionario no se ha enriquecido inexplicablemente, y el examen físico para saber si tiene la salud y la condición física necesarias para cumplir con sus tareas.



Reporte Indigo ha investigado la evaluación patrimonial del secretario de Seguridad Pública, y sus bienes inmuebles no corresponden a su nivel salarial. Sobrepasan por mucho sus ingresos. Además, existen acusaciones en su contra por presunta protección a bandas de secuestradores y narcotraficantes.



A partir de esas investigaciones, García Luna no ha hecho públicas sus declaraciones patrimoniales en los últimos dos años, según información oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Aunque él ha dicho en el Congreso que sí ha cumplido con esta responsabilidad, la SFP lo desmiente.



Conocer los resultados de los exámenes de control de confianza del secretario federal de Seguridad Pública es de interés prioritario.



Luego de los recursos interpuestos por Reporte Indigo, la PF mandó el 25 de noviembre de 2011 una hoja de la Dirección General de Recursos Humanos en la que supuestamente se acredita que García Luna ha presentado algún examen de control de confianza.



El documento de la Dirección General de Control de Confianza aparece en negro con el pretexto de que es información confidencial, y fue hecho ex profeso para dar respuesta a Reporte Indigo, ya que no tiene relación con la documentación solicitada.



En la oscura hoja, se señala de manera casi ilegible que el documento fue clasificado por la PF como “reservado por 4 años” en julio de 2011, es decir, después de las solicitudes de información de Reporte Indigo.


En el documento se habla de un único proceso de control de confianza, no a los que debió someterse García Luna de 2007 a 2011, por lo menos tres. Es imposible saber a qué año corresponde la información, aunque por la fecha de clasificación, debe referirse a los exámenes de 2011.



Y en ninguna parte se aclara si se aplicaron los cinco exámenes a los que obliga el Sistema Nacional de Seguridad Pública: toxicología, psicología, poligrafía, investigación socioeconómica y evaluación médica.



Ése es el nivel de confianza que la sociedad puede tener en el secretario de Seguridad Pública federal: negro, oscuro, como las evaluaciones del propio funcionario.



Esta opaca conducta ha sido una constante desde que García Luna fue director general de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Durante el sexenio pasado, se dedicó a presumir que la dependencia aplicaba exámenes de confianza a sus empleados y que la había transformado en una policía honesta. Pero él no lo era.



En marzo de 2011, el periódico La Jornada publicó que de acuerdo a una solicitud de información hecha a la PGR, en los seis años que García Luna fue titular de la AFI, no se sometió a ningún examen de control de confianza. Ni uno solo.



Todos los recursos y correos electrónicos enviados al IFAI como inconformidad por las respuestas evasivas, algunas con argumentos falsos, fueron armando un amplio expediente en el instituto. El caso fue asignado a la comisionada Sigrid Arzt Colunga.

En noviembre pasado, la comisionada exigió de manera terminante a la PF que respondiera con claridad si García Luna había presentado exámenes de confianza en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, como lo pidió Reporte Indigo. También demandó evidencias documentales específicas de cada uno de esos exámenes, incluyendo el año en que fueron aplicados.



La PF no respondió. Se justificó con el mismo argumento del acuerdo 12/2010 a pesar de que éste no señala que las evaluaciones de las unidades administrativas del sector central y sus resultados son remitidos a la SSP federal y no a la PF.



El titular de la SSP incumple el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De acuerdo al apartado VI.5.4 de la Circular 01 SSP, la cual fue emitida por la Oficialía Mayor en agosto de 2006 y está vigente en el marco normativo actual de la SSP, García Luna debe ser destituido, ya que para ingresar, reingresar y permanecer en la SSP federal, debió haber presentado al menos un examen de ingreso y evaluaciones periódicas.



CÁRDENAS PALOMINO TAMBIÉN LOS EVADIÓ



Luis Cárdenas Palomino está en una situación similar.



En la década de los 80, este funcionario confesó que fue testigo y cómplice de un triple homicidio.


En 2002, se vio involucrado en el secuestro y homicidio del joven Guillermo Vélez. Tres años más tarde, Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de secuestro que actualmente está presa, denunció que Cárdenas Palomino la había golpeado y amenazado.

En 2010, el narcotraficante Sergio Villarreal, alias “El Grande”, lo acusó directamente de trabajar para el Cártel de Sinaloa.



Después de los recursos de revisión interpuestos por Reporte Indigo ante el IFAI, la PF accedió a informar que Cárdenas Palomino sólo ha presentado una evaluación de control de confianza en cinco años, lo cual viola la ley.



El único documento que se entregó está en negro, igual que el historial de Cárdenas Palomino.



Sólo aparece su foto y una leyenda: “Cumple”. No señala si aprobó las cinco fases del examen.



Gracias a los recursos presentados por Reporte Indigo ante el IFAI, la PF informó que en 2007, 2009, 2010 y 2011, Cárdenas Palomino no se sujetó a los controles de confianza a los que estaba obligado por ley para permanecer en el cargo.



De acuerdo al apartado VI.5.4 de la Circular 01 SSP emitida por la Oficialía Mayor en agosto de 2006, debe ser destituido.



Para ingresar, reingresar y permanecer en la SSP federal debió haber presentado un examen de ingreso y evaluaciones periódicas, pero no lo hizo.



Además, Cardenas Palomino viola el Manual de Normas de Servicio Civil de Carrera de la Policía Federal Preventiva vigente desde julio de 2007, ya que este documento señala que es necesario presentar evaluaciones periódicas para permanecer en el cargo. El incumplimiento de esta norma es razón suficiente para destituir a un funcionario.



LOS EXÁMENES DE FACUNDO ROSAS



Con respecto a Facundo Rosas Rosas –ex jefe y amigo personal de la comandante Lorena González, acusada del secuestro del joven Fernando Martí en 2008–, es urgente conocer su nivel de confiabilidad.



Después de los recursos de revisión interpuestos por Reporte Indigo ante el IFAI, no fueron entregados los exámenes de confianza a los que por ley debió haberse sometido.

La PF sólo entregó tres hojas en negro. En una apenas se ve su rostro, pero la información fue tachada y negada a la sociedad.



En ninguna parte se señala que el comisionado de la policía más grande, con más recursos y facultades del país haya aprobado los exámenes. En un recuadro, sólo se lee “apto” o “cumple con el perfil”.



Pero de acuerdo a los exámenes aplicados a otros funcionarios que Reporte Indigo tiene en su poder, “apto” o “cumple con el perfil” no son sinónimos de “aprobado”. Es posible que las personas evaluadas hayan reprobado, como en los casos denunciados por Herrera Valles, y que al final, violando la ley, fueran calificados como aptos o que cumplían con el perfil.



La PF afirmó que los resultados de los exámenes de Cárdenas Palomino y Rosas Rosas estarán clasificados durante 12 años. Su argumento es que la información puede ser usada por los miembros de la delincuencia organizada.



El argumento de peso para ocultar los exámenes de confianza es que un artículo de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que “los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales”.



Pero la Ley de Transparencia fomenta la difusión de la información gubernamental para la rendición de cuentas claras. Además, en la práctica, el Sistema Nacional de Seguridad Pública no guarda celosamente ese tipo de información.



En ocasiones, para presionar a los jefes policiacos de algunos estados, se divulgan los resultados negativos.



Hace apenas unos días, se dio a conocer que más de 30 mil policías municipales, estatales

y federales fueron despedidos en los primeros cinco años del sexenio de Felipe Calderón.

Esto significa que cada mes fueron removidos poco más de 500 elementos por no aprobar los exámenes de control de confianza.



Cuando ocurrió el incidente contra los estudiantes normalistas en Guerrero, el gobierno federal filtró que el entonces procurador del estado, Alberto López Rosas, había reprobado los exámenes de control de confianza aplicados por el gobierno federal.



Por su parte, López Rosas denunció que elementos de la PF mataron a los dos normalistas.

Y hace unos días, el subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del DF, Genaro Vázquez, se vio obligado a renunciar cuando se dio a conocer que no había pasado el examen de polígrafo aplicado por el gobierno federal.



¿Por qué no se aplican esos usos y costumbres a los altos funcionarios de la SSP federal?

Mientras no se transparenten los exámenes de confianza de los mandos de la SSP federal, la policía más cuestionada del país no será confiable.



Es tanto lo que tiene que ocultar la SSP federal, que sólo da acceso a expedientes tan negros como la reputación de sus funcionarios.



Con base en esta investigación, queda claro que el titular de la SSP debe ser destituido, al igual que Luis Cárdenas Palomino.



El 23 de noviembre pasado, el IFAI tomó una resolución histórica a favor de Reporte Indigo, que seguirá publicando los detalles de los incumplimientos en que han incurrido Genaro García Luna y su equipo.








Fuente: Reporte Indigo
Difusión: AMLOTV

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