La burbuja inmobiliaria

En concreto | Laura Itzel Castillo

La problemática que se vive en España a causa de la crisis inmobiliaria ha dejado a miles de familias en el desamparo debido a que no tienen los recursos económicos para pagar las hipotecas, a causa del desempleo, que ha alcanzado los más altos niveles históricos.

Según datos del Colegio de Registradores de aquel país, la banca realizó más de 30 mil desahucios en el 2012, es decir uno cada 15 minutos, además de las casi 12 mil daciones en pago, o lo que es lo mismo, la devolución de la vivienda.

Utilizar las hipotecas como un producto financiero da como resultado pérdidas, que van más allá del aspecto económico, pues no sólo están en juego las acciones en la Bolsa de Valores, sino la vida de miles de familias, víctimas de la política inmobiliaria, que ha convertido en mercancía a los mismos seres humanos. Esta problemática, que ha llevado hasta el suicidio a algunos acreditados, se repite en diferentes latitudes.

En el caso de México, recientemente se difundió en Reporte Índigo la situación de una de tantas unidades habitacionales promovida por el Infonavit, que orgullosamente fue vendida como el desarrollo inmobiliario más grande de América Latina: Real de Palmas, con casi 15 mil viviendas, que ha impactado fuertemente tanto en lo económico, como en lo social, al municipio de Zuazua, Nuevo León. Como siempre, después del negocio, todos se lavan las manos: ni la empresa Javer, ni el Infonavit, que promovió los créditos y proporcionó los datos confidenciales de los trabajadores afiliados; menos la Conavi, que otorgó los subsidios para beneficiar a la empresa desarrolladora, responden.

Seguramente todos siguieron la filosofía del expresidente español Aznar, quien decía que “hacer negocio es hacer país”. Ahí están las consecuencias: 3 mil viviendas abandonadas, que se suman a las 5 millones a nivel nacional: mala calidad, lejanía, falta de transporte y desalojos son algunas de las causas de este drama social. Mientras tanto, el actual gobierno sigue dando garantías para el negocio a las inmobiliarias, ahora con los derechohabientes de las fuerzas armadas. Al fin que aún hay tela de dónde cortar.