Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan de forma pronta y efectiva las recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns.
Al concluir su visita a México, el Relator señaló una serie de acciones que las autoridades deben implementar para priorizar la protección de los derechos humanos y en particular la protección de la vida. El Relator enfatizó que esta meta debe guiar toda política pública y que la participación de la sociedad civil en el proceso es esencial.
Además, el Relator instó al gobierno a cumplir completamente los compromisos ya adquirido en materia de derechos humanos.
Destacó la necesidad de reducir la participación de los militares en tareas policíacas y asegurar la reforma del sistema de justicia militar para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sean investigadas, procesadas y sancionadas por la justicia civil. También llamó a establecer estándares claros sobre el uso de la fuerza en todo el país.
El Relator insistió en la importancia de acabar con la impunidad reinante en todos los casos de privación de la vida, tanto de la “guerra sucia” (1964 a 1982) como aquellos cometidos en el contexto de la violencia actual derivada del combate a los cárteles de la droga.
Amnistía Internacional llama a las autoridades mexicanas a cumplir con todas las recomendaciones, entre los cuales se encuentran:
§ Aprobar la legislación necesaria para asegurar la plena implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y rechazar las iniciativas presentadas este año en el Congreso para debilitarla.
§ Fortalecer el sistema de justicia, la defensoría pública, las comisiones de derechos humanos y la autonomía de la procuración de justicia y las ciencias forenses.
§ Asegurar que las masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la “guerra sucia” sean investigadas, perseguidas y se sancionen a los responsables.
§ Asegurar que en un corto plazo la seguridad pública sea garantizada por autoridades civiles y no militares.
§ Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, sean investigadas, perseguidas y juzgadas por autoridades civiles.
§ Garantizar que la anunciada gendarmería nacional cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y esté sometida a medidas efectivas de rendición de cuentas.
§ Construir, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica, una base de datos de personas desaparecidas que incluya información biométrica.
§ Garantizar una plena, pronta, efectiva, imparcial y diligente investigación de los homicidios perpetrados en contra de mujeres, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, niños y niñas, personas privadas de la libertad y LGBT.
§ Actuar para que periodistas y personas defensoras de derechos humanos pueden llevar a cabo su labor sin temor a represalias y asegurar el pleno funcionamiento del Mecanismo de Protección para estos grupos.
§ Garantizar la tipificación del feminicidio en toda legislación penal.
§ Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas, con participación de la sociedad civil y de las víctimas.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades mexicanas que estas recomendaciones no son nuevas y que en algunos casos las autoridades ya se habían comprometido a su cumplimiento sin que hasta el momento se hayan visto avances significativos.
“El informe preliminar presentado por el Relator Especial respalda los llamados que durante muchos años hemos hecho desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil al Estado mexicano” afirmó Daniel Zapico, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México. “El gobierno de Enrique Peña Nieto debe demostrar que tiene una verdadera voluntad de hacer realidad estos llamados y anunciar a la brevedad las medidas que tomará para cumplir con ellos, ya que hemos visto compromisos sobre estos temas en muchas ocasiones y los abusos siguen sin resolverse” agregó Zapico.
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