Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani
En diversas regiones de Michoacán, en la actualidad, el crimen organizado representa una de las principales amenazas a las autonomías indígenas. Otra amenaza son las autoridades elegidas por el sistema de partidos políticos, quienes en muchas ocasiones están coludidas con ello –eso se vivió en Cherani K’eri antes de regresar a su propia forma de organización político-social, y es lo que denuncian ahora los comuneros de las diversas comunidades purépechas del municipio de Los Reyes. Además, los mismos gobiernos estatal y federal, al no cumplir con sus obligaciones de respetar y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos originarios, ponen en riesgo intolerable su vida en comunidad y también las vidas de sus integrantes.
Es así que, lamentablemente, es común tener que recordarles a altos funcionarios públicos lo que significa el reconocimiento, presente en el artículo 2º de la Constitución federal, artículo 3º de la Constitución de Michoacán y diversos tratados y declaraciones internacionales, del derecho fundamental a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Incluso, el ombudsman nacional, quien es, por excelencia, la persona encargada de velar por el respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios, ha demostrado su desconocimiento del tema, al hacer declaraciones en contra de las formas de organización indígena vigentes en el país. Debería ser el primer defensor de las autonomías, que se traduce al derecho de autogobierno, lo que necesariamente implica toda una estructura político-social propia, incluyendo lo que en Michoacán se conoce como la ronda comunitaria.
Es en este contexto que es importante que todas y todos los funcionarios públicos –el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el titular de tal organismo en el estado de Michoacán, el procurador de Justicia del estado, así como la Procuraduría General de la República y, principalmente, el gobernador interino, como titular del Poder Ejecutivo– pongan el ejemplo, que además les exige la ley, de respetar los esfuerzos de las comunidades indígenas y negras del país en preservar o reconstituir su autonomía y sus normas jurídicas para poder enfrentar mejor los peligros a su vida misma que representa, en este caso el crimen organizado, así como para fijar sus prioridades y para ser dueños de sus destinos, bajo una cosmovisión propia basada en el bien común, o la comunalidad.
Solamente así se verá que realmente existe el respeto a la diversidad cultural, a la diferencia, a la igualdad y a la no discriminación, los principios que sirven como base para los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Es también la mejor forma de apoyar sus esfuerzos pues, de lo contrario, se verán apoyando a los malos, a los criminales, a los que han puesto en peligro la seguridad misma del estado y del país.
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