A todos los defensores y organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales
A todos los adherentes de la otra campaña.
A todas las organizaciones sociales y políticas
A la prensa local, estatal, nacional e internacional.
A todos los medios de comunicación alternativos.
A todas las organizaciones independientes.
A todos los senadores y diputados federales con compromiso social con la población campesino.
A todos los diputados locales con compromiso social con la población campesino.
A todos los medios masivos de difusión.
A todos los luchadores sociales.
A toda la sociedad civil.
A la opinión pública.
A todo el pueblo de México y el mundo.
Hermanos y Hermanas, compañeras y compañeros, somos habitantes hombres y mujeres de la comunidad campesina Altamira, que se localiza en el municipio de Huixtla, estado de Chiapas. Somos campesinos que hemos permanecido en la lucha por la tierra por mas de tres décadas, sin lograr el fin último de la certeza y seguridad jurídica en la posesión de tierras donde vivimos y trabajamos.
Nuestra historia es muy particular donde la justicia agraria en el periodo de reparto de nuestras tierras no dio respuesta a nuestros reclamos, mucho menos después del fin de reparto agrario y las políticas de compra de tierras que se han implementado en nuestro estado de Chiapas, nunca tuvimos ni tenemos una atención a nuestra necesidad como campesinos, por el contrario, la política gubernamental nos han entrampado en una pugna entre hermanos campesinos, con lo que hoy existen predios adquiridos por la Secretaria de la Reforma Agraria que son manzanas de la discordia, como son los predios San Clemente, Belen I y Belen II.
Como referente histórico, manifestamos que nosotros ocupamos desde el año 1981 tierras en el municipio de Huixtla que se encontraban enmontados e inhóspitos, pensando nosotros que eran terrenos propiedad de la nación, y solicitamos en la vigencia de la ley federal de reforma agraria dotación de tierras porque nuestro poblado ya estaba constituido y éramos mucho mas de 20 familias campesinas. Con lo que cubríamos los requisitos básicos que la ley citada exigía para poder dotar tierras a los campesinos como nosotros.
La problemática social-agraria que actualmente vivimos en la comunidad de Altamira, resume que después de tantos años no contamos con documentos legales sobre nuestras tierras, y que además tenemos en contra una resolución de un órgano jurisdiccional, Tribunal Unitario Agrario del Cuarto Distrito, que ha resuelto restituir tierras que nosotros ocupamos por treinta años a tres particulares y a un ejido denominado Simón Bolívar del municipio de Tapachula Chiapas, con lo que se pretende desaparecer a un poblado histórico como el nuestro, que cuenta con servicios públicos como la luz eléctrica y educación y casas habitación donde los tres niveles de gobierno y la propia población hemos invertido recursos económicos y esfuerzos.
Invitamos a todos los luchadores sociales a que solidaricen con nosotros, tenemos la razón Y el derecho de luchar por lo que siempre debió haber sido nuestro. La tierra es de quien la trabaja, les hacemos saber que estamos siendo hostigados por el ayuntamiento municipal que preside “Gustavo Cueto Villanueva,” precisamente este 5 de julio del presente año se introdujeron a nuestra comunidad patrullas municipales y de la policía sectorial junto con los supuestos propietarios, y la amenaza de desalojo esta latente.
Responsabilizamos al gobierno federal y estatal del derramamiento de sangre que pudiera darse al pretender desalojarnos de nuestras tierras.
Zapata vive y la lucha sigue.
Representante.
Santiago de los Santos Peralta.
Catalina Basilio Villalobos.
Rafael Jiménez Rojas.
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