Javier Puga Martínez
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (SSPTM) informó que se inició una investigación por parte de la Contraloría del ayuntamiento en contra de 20 policías que participaron en el desalojo violento de un grupo de activistas de la organización #YoSoy132 en septiembre del año pasado.
Fueron 63 jóvenes de ese movimiento quienes instalaron un campamento en el zócalo de la ciudad de Puebla, posterior a las elecciones federales del año, para protestar en contra del triunfo del priista Enrique Peña Nieto.
El ayuntamiento capitalino realizó una operación para retirarlos y, meses después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla encontró elementos para considerar que se procedió con violencia en contra de los jóvenes y que los agentes actuaron más allá de sus atribuciones, por lo que emitió una recomendación en contra del gobierno municipal para que se investigaran los hechos, misma que comenzó a aplicarse casi un año después por la Contraloría municipal.
El director de la Policía Municipal, Gilberto Loya Chávez, afirmó que este inicio de la investigación permitirá deslindar responsabilidades, pues los integrantes de ese movimiento presentaron cuatro denuncias y una queja ante Derechos Humanos, a las cuales se les tiene que dar el trámite legal que requieren.
Indicó que fue la Contraloría la que inició con el llamado a 20 agentes involucrados a presentarse ante esa instancia, quienes constaran una serie de cuestionamientos a fin de determinar qué fue lo que ocurrió con exactitud.
El propio Gilberto Loya Chávez subrayó que él mismo ya compareció y desahogó todas las pruebas a su alcance, rechazando que se haya aplicado algún tipo de violencia o excesos en las funciones policiales.
Destacó que no sólo es su dicho, sino que existen pruebas documentales como las videograbaciones de seguridad de las cámaras instaladas en el ayuntamiento y el zócalo capitalino, así como fotografías, que muestran que no se violentó a los manifestantes físicamente y en sus derechos.
Recordó que existe un protocolo de seguridad para este tipo de casos, e incluso los agentes no fueron armados ese día, además de que los propios integrantes de #YoSoy132 aceptaron retirarse, con excepción de uno de ellos quien fue la misma persona que se quejó de abuso policial ante Derechos Humanos.
Los integrantes de este movimiento estudiantil instalaron un campamento en el zócalo de la ciudad protestando la elección de Peña Nieto como presidente de México; el 15 de septiembre del año pasado, unas horas antes de que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, diera el Grito de Independencia en el balcón del Palacio Municipal, el grupo fue desalojado mediante una operación policial.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al ayuntamiento de Puebla para que se investigara este hecho a partir de que encontró elementos para determinar que hubo exceso de fuerza en la intervención de la Policía; se retuvo a los jóvenes en los juzgados calificadores más tiempo del establecido, además de que su presentación ante esos jueces fue negligente, por lo que consideró que la Policía Municipal actuó violando derechos humanos, jurídicos y el trato digno de los manifestantes.
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