Se unificarán movimientos y ONG en un frente: líder

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 21 de julio. El frente de organismos y movimientos sociales busca impedir que prosperen iniciativas como la de la policía rural que pretende imponer el gobernador Ángel Aguirre, así como la explotación y destrucción de los territorios, aseguró el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández.

Consultado sobre el acuerdo adoptado este sábado en el foro Digna Rebeldía impulsado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, por su aniversario 19, Olivares Hernández dijo que el aglutinar a todos los movimientos sociales “es una necesidad” ante la intención del gobernador de desarticular las luchas sociales.

Entre las principales acciones está defender la Ley 701 y, con ello, a las policías comunitarias.

“Esta pretensión de Ángel Aguirre de reglamentar y prácticamente desarticular a la Policía Comunitaria y someter de alguna manera a los que genuinamente están participando en los grupos de autodefensa de la Upoeg, consideramos que es necesario que las organizaciones se unan y formen un frente común contra esas pretensiones”, dijo.

Olivares Hernández agregó que es necesario que organizaciones como el Cecop, la Crac, la Ceteg, los grupos de autodefensa de Olinalá, Huamuxtitlán y Atliaca, y los centros de derechos humanos se unan, pues se prevé que arrecie esta intención del gobernador.

“La intención de desarticular a la Policía Comunitaria mediante esa reglamentación es un indicativo de que la represión contra el movimiento social, contra los defensores de derechos humanos, es un riesgo palpable”, dijo.

Además, es necesario luchar contra la pretensión del gobierno de impulsar los proyectos de explotación minera, y para ello también se haría ese frente.

“Se requiere formar un frente, un bloque, para frenar todo esto, porque finalmente el convertirlo en policía rural implica incorporarlos al sistema mestizo, y las comunidades indígenas no están de acuerdo porque acotarían sus funciones y serían sujetas a lo que determine el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Estado”, señaló.