YECAPIXTLA, Mor. El “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala” denunció el acoso judicial que el Gobierno del Estado y la CFE han emprendido en contra de los integrantes del movimiento. En un comunicado de prensa, el movimiento social lamenta que el gobierno del estado “envíe un nuevo citatorio para intimidar a la oposición, justa y social, a la realización del gasoducto en el Oriente de Morelos”.
De ahí que “invitamos a todos los medios de comunicación y organizaciones solidarias a asistir y estar pendientes de la comparecencia del compañero Jaime Domínguez Pérez, el día de mañana 6 de agosto a las 11 horas en el Ministerio Público Federal con sede en Cuautla”, en un acto solidario.
En el texto advierten que después de la incursión policiaca en Tepoztlán para imponer la ampliación de la autopista, de la evidente violación y simulación de ley al comenzar a construir sin el permiso de los comuneros, no es extraño que el secretario general de Gobierno, Jorge Messeguer criminalizara una vez más la protesta social, la defensa de los derechos de los pueblos y la solidaridad con sus amenazas de demandas penales contra miembros del Frente de Tepoztlán e insinuando la supuesta conducta delictiva de compañeros del Frente de Pueblos, en medios de comunicación.
Detallan que este martes es citado a comparecer como testigo Jaime Domínguez Pérez ante el Ministerio Público Federal con sede en Cuautla y que por la misma causa en que han sido citados compañeros de Huesca y Amilcingo, en torno a la averiguación previa 258/2012 donde la CFE demanda a quien resulte responsable del delito de obstrucción de obra por la cantidad de 50 millones de dólares en pérdidas.
“Cabe recordar que aun cuando es una demanda federal por parte de la CFE, personal del Gobierno de Graco Ramírez ha intervenido, amenazando a compañeros con esta demanda en los diálogos realizados con el Gobierno del Estado en noviembre del año pasado, y también fueron promesa de buena voluntad por parte de Graco a la comunidad de Huesca, cuando entonces era Gobernador electo”.
“Como ya se ha argumentado anteriormente, la demanda de la CFE es improcedente, pues la obra en el momento del paro no contaba con los permisos de construcción, y para que encuadre el delito de obstrucción de obra, esta debe estar debidamente requisitada”, refieren.
Ahí argumentan también que “la ilegalidad ha sido la constante en el Proyecto Integral Morelos y su forma de implementación. Pues como hace un mes denunciamos, fue aprobada por el IEPC la construcción del gasoducto, con estudios del Estado de México. Pero no solo esta gran arbitrariedad existe, sino que en la reunión celebrada el día 16 de julio con el IEPC y personal de Gobernación, se nos dijo que la termoelétcrica no tiene ningún permiso de Protección Civil, verificación o trámite alguno”. “¿Cómo entonces el Gobierno del Estado, mandó a 250 elementos de la Policía Estatal para romper el plantón de Huesca, si no existía un estudio y certeza por parte de la obligada Protección Civil, sobre la seguridad del proyecto? ¿Cómo hace uso de la fuerza pública, si la Licencia de Uso de Suelo para la termoeléctrica, condiciona claramente que la obra debe ser aprobada por Protección Civil antes de la realización de la construcción?”, cuestionan
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