Tanto la presencia de fuerzas federales como la presunta intención de militarizar los mandos de Seguridad Pública de los municipios con altos índices de inseguridad encienden la alerta para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues a decir de su presidente, José María Cázares Solórzano, representan un riesgo para la población.
“Sí es preocupante para nosotros la presencia de fuerzas federales, porque es un indicio de que las cosas en el estado de Michoacán no están tranquilas, sobre todo en la zona de Tierra Caliente (…) pero además preocupa el actuar –de la Policía Federal y el Ejército– violentando los derechos humanos de los ciudadanos”, aseguró.
La vocación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina es atender problemas de seguridad nacional y eso, indicó, genera que no sepan actuar de acuerdo con las circunstancias sociales de cada municipio y, en consecuencia, que se presenten las violaciones de los derechos humanos.
Por ejemplo, explicó que de enero haste el 5 de agosto este organismo captó un total de 147 quejas: en contra de la Policía federal 69, la Secretaría de la Defensa Nacional 71 y la Secretaría de Marina siete.
Las denuncias se dispararon entre junio y julio, luego de que se reforzara la presencia de las fuerzas armadas en Michoacán, específicamente en la región de Tierra Caliente, toda vez que de enero hasta finales de junio eran 75 las quejas recibidas, las cuales prácticamente se duplicarían un mes más tarde.
En este contexto, la Visitaduría Regional de Apatzingán encabeza la lista de quejas, con 45 denuncias por conceptos como abuso de autoridad, violación al derecho de la seguridad pública, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y amenazas.
“Por lo tanto, seguimos exhortando a las autoridades municipal y estatal a que hagan su mayor esfuerzo por recobrar la tranquilidad de esta zona de Michoacán; mientras tanto, la Comisión Estatal estará muy vigilante de la presencia de fuerzas federales y de su actuar con la sociedad, afirmó Cázares Solórzano.
Respecto a la decisión de militarizar los mandos de Seguridad Pública en varios municipios, el ombudsman señaló: “creemos que para el Ejército Mexicano no es ésta su función más adecuada”.
Sin embargo, señaló: “ojalá que de ser así, sea por muy poco tiempo, y que sea la misma autoridad la que busque recobrar la tranquilidad y evitar escenarios en los que se violenten los derechos humanos por parte de las fuerzas federales”.
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