Atoyac, 12 de enero. El gobierno federal modificará el fideicomiso que existe para el pago por la reparación de daños a víctimas cuyas indemnizaciones hayan sido ordenadas por organismos internacionales, para que comprendan ahora el pago a los familiares de los desaparecidos durante la guerra sucia en Guerrero, informó Ricardo Sánchez Paredes del Pozo, director general de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El fideicomiso que existe actualmente incluye el pago por ese concepto sólo en los casos en los que algún organismo internacional así lo ordene al Estado mexicano, explicó el funcionario federal, quien citó el caso de desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al gobierno federal a pagar por la reparación de daños a la familia como parte de la sentencia que emitió en 2009.
Abundó que lo que el gobierno federal hará es modificar las reglas de ese fideicomiso para que ahora, una vez que sea aprobada la modificación por los miembros del Congreso de la Unión y avalado el presupuesto por la Secretaría de Hacienda (no dio a conocer el monto), se le pueda pagar a deudos a nivel nacional, “como a los familiares de desaparecidos durante la guerra sucia”.
Agregó que una vez que se logre la modificación, que pudiera ser en los próximos tres meses, el gobierno federal iniciará con el pago a los 275 familiares reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que el resto deberá ingresar al Registro Nacional de Víctimas de la Segob para ser tomados en cuenta posteriormente, además adelantó que los beneficios a los familiares no sólo serán económicos, sino en materia de salud, educación, vivienda y proyectos productivos.
Lo anterior fue dicho por el representante de la Segob durante una reunión denominada Diálogo con autoridades, familiares de desaparecidos, afectados y sobrevivientes de la guerra sucia 1969-1979, entre los familiares y autoridades del gobierno federal convocada por los miembros de la Comisión de la Verdad (Comverdad), donde el reclamo más repetido fue la exigencia para que se dé la ayuda a los familiares y se conozca cuál fue el destino final de los detenidos desaparecidos en aquella época.
Varios de los que participaron en la reunión demandaron que, además de la reparación de daños, se limpie el nombre de los desaparecidos, quienes, en su mayoría, fue gente que nada tenían que ver con la guerrilla del profesor Lucio Cabañas Barrientos.
Las exigencias fueron manifestadas por dirigentes de organizaciones de familiares de desaparecidos en este municipio y luchadores sociales, como Eleazar Peralta Santiago, Enrique Acosta Gómez y María de los Ángeles Santiago.
El luchador social Willibaldo Rojas propuso la creación de una mesa de trabajo permanente donde los familiares puedan conocer la información que hay en torno a los casos que se investiguen y puedan integrarse los que viven en comunidades aparatadas de la sierra.
Por su parte, el hermano de Lucio Cabañas, Pablo Cabañas Barrientos, quien vive en Sonora huyendo de la represión militar y donde, dijo, fue apresado y recluido seis años en la cárcel de Hermosillo, demandó mayor atención para los integrantes de la familia de Lucio, así como para las víctimas. Misma demanda que externó la activista Estela Arroyo Castro, quien pidió a las organizaciones de Atoyac a unirse y trabajar coordinadamente para tener mejores resultados.
Aparte de Paredes del Pozo, encabezaron la reunión José Antonio Pérez, representante de la Comisión Nacional de Víctimas de la Segob; Rocío Maldonado de la Fuente, subdirectora de Atención Casos de la Segob; la especialista en la Ley de Víctimas, Eliana García Laguna; así como los comisionados José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Hilda Navarrete, Pilar Noriega y Arquímedes Morales. Asimismo se pudo ver en el acto a los activistas Tita Radilla, Zoelio Jaimes, Rosa María Gómez y Rogelio Pineda.
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