La deuda de más de 7 mil millones de pesos que mantienen miles de campesinos con el Banrural continúa pendiente desde 2002. Otros 7 mil millones corresponden a más de 2 mil juicios interpuestos por extrabajadores de la institución –que exigen el pago de sus pensiones y servicios médicos– y otras demandas de índole penal, administrativa y fiscal. La ASF determinó que funcionarios del SAE, institución encargada de cumplir con el proceso de liquidación, han incurrido en omisiones.
La extinta institución financiera “de apoyo al campo mexicano”, Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), mantiene una cartera vencida de más de 7 mil millones de pesos. La deuda involucra más de 200 mil créditos otorgados por la institución al sector más pobre del país, dice el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los libros contables del banco en liquidación indican que, al 31 de diciembre de 2006, los pasivos corresponden a 7 mil 758 millones 56 pesos. De los números rojos, 419 millones 942 mil pesos son de cartera vigente y 7 mil 338 millones 114 mil pesos de cartera vencida. Las cifras disminuyeron apenas en un 18.3 por ciento, respecto del año anterior, cuando se tenían registros por 9 mil 494 millones 200 mil pesos. Desde el 26 de diciembre de 2002, la ASF revisa el cumplimiento de las operaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en el proceso de liquidación del sistema Banrural. De los resultados obtenidos, la cartera vigente –de más de 400 millones de pesos– se divide en: comercial, 265 millones 787 mil pesos; a entidades financieras, 849 mil pesos; de consumo, 4 millones 133 mil pesos; de vivienda, 47 millones 265 mil pesos, y de entidades gubernamentales por 101 millones 908 mil pesos. En tanto, la cartera vencida de 7 mil 338 millones 114 mil pesos consiste en los rubros: comercial, 7 mil 66 millones 763 mil pesos; a entidades financieras, 270 millones 815 mil pesos; de consumo, 346 mil pesos, y de vivienda, 190 mil pesos.
Las demandas
Mientras Banrural continúa con los cobros de cartera, exempleados de la institución han interpuesto más de 2 mil demandas para reclamar el pago de su pensión y jubilación, otorgamiento de servicio médico, los beneficios al fallecimiento y otras prestaciones. Estas acciones legales representan para la institución bancaria un monto cercano a los 2 mil millones de pesos, destaca la ASF. La Ley Orgánica de la Financiera Rural, por la que se rige el banco en liquidación, establece que “los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos”. Además, “tendrán derecho a recibir atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria (…) los beneficios al fallecimiento seguirán otorgándose a los derechohabientes de los jubilados y pensionados”. Las demandas que encabezan los jubilados, con 2 mil 45 asuntos, significan 1 mil 771 millones de pesos. Los exempleados interpusieron 427 asuntos por 153 mil pesos. Ambos sectores suman 2 mil 472 pleitos, por 1 mil 924 millones de pesos. Del resto de los juicios, 4 mil 318 son de “cartera vencida de habilitados”, que implican 4 mil 920 millones de pesos; las demandas en contra de Banrural son 112 por 414 millones de pesos. Los procesos penales llegaron a 95 e implicarían el gasto de 214 millones de pesos; en tanto que los juicios administrativos suman 6 millones de pesos, por 15 asuntos; los fiscales son 10, por 134 millones de pesos. Estos “otros” juicios suman 5 mil 688 millones de pesos. El monto total de los casos es de 7 mil 612 millones de pesos.
Malas estrategias
Una de las estrategias que siguió el SAE, encargado de la liquidación del Banrural, fue la de contratar un despacho “especializado” para llevar a cabo la venta de la cartera de exempleados de la institución, y así cumplir con el Plan de trabajo para la liquidación del sistema Banrural. La empresa ganadora fue Sayco. Acerca de ésta, la ASF no encontró evidencia documental de las políticas, bases y programas generales que regularon su contratación. Por esta acción, el órgano fiscalizador solicitó que fueran fincadas responsabilidades administrativas a los servidores públicos que durante su gestión incumplieron con el artículo 81 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que indica: “Aprobar con sujeción a las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales, que regulen los convenios, contratos, o acuerdos que deba celebrar el SAE con terceros para obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. El director general y, en su caso, los servidores públicos que sean competentes en términos de la legislación de la materia, realizarán tales actos bajo su responsabilidad y con sujeción a las directrices que les hayan sido fijadas por la Junta de Gobierno”. La ASF constató que el 28 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para participar en la licitación de la contratación de servicios de un tercero especializado. El 2 de mayo, el SAE suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con Sayco. “Con el análisis de los documentos contenidos en el expediente del ganador, se constató que no se localizó la información y documentación que integra el procedimiento de contratación, tales como: el registro de participantes, las bases de licitación, el pago de las bases, el comparativo de ofertas, el acta de fallo de la licitación, la fianza de cumplimiento, la documentación legal de los participantes, el registro del cuarto de información, el acta de la junta de aclaraciones, la facturación o recibos de honorarios del tercero especializado ganador”. Asimismo, el documento señala supuestas irregularidades en la subasta electrónica SEBI-13-06, relativa al edificio comercial en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El inmueble pertenecía al entonces Banrural y el ganador fue el gobierno de Tamaulipas, con una oferta de 8 millones 562 mil pesos. Sin embargo, los auditores de la ASF no localizaron el avalúo vigente que determinara que el precio del bien fuera igual o superior al ofrecido por el mercado. Así lo indica el artículo 36 de la ley: “El SAE podrá vender los bienes que le sean transferidos, cuando el precio sea igual o superior al determinado por un avalúo vigente, o bien sea el ofrecido por el mercado, siempre y cuando, en este último supuesto, la venta se realice mediante los procedimientos de licitación pública o subasta”.
La burocracia en el SAE
Para el proceso de liquidación que lleva a cabo el SAE, la institución está obligada a presentar informes mensuales de su avance ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No obstante, la ASF documentó que esta práctica tiene atrasos hasta de cuatro meses. Lo anterior incumple con el artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal las Entidades Paraestatales que indica que “el liquidador designado informará mensualmente a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, así como a la Coordinadora Sectorial sobre el avance y el estado que guarde el proceso”. Esta acción provocó la promoción de “responsabilidad administrativa sancionatoria” por los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no informaron en forma mensual el avance del proceso de desincorporación del sistema Banrural en liquidación”. ElAnálisis de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la ASF –encabezada por Roberto Michel Padilla–, señala que los “intermediarios financieros”, como el sistema Banrural, “continúan posponiendo y ampliando fechas de los procesos de liquidación, con el consiguiente incremento en costos”. “Se requiere que el Congreso de la Unión formule e implemente, en coordinación con la ASF, una estrategia para que haya una revisión integral de los activos administrados por el SAE y se evalúe la procedencia de acelerar los procesos de liquidación, disolución, venta y/o transferencia de aquellos en los cuales se han extendido demasiado los plazos y están significando un elevado costo financiero y administrativo para las finanzas del gobierno federal”, dice el documento. Se solicitó la posición del SAE a través de su Coordinación de Comunicación y Transparencia, cuyo titular es Víctor González Peña. Hilario Monroy, asistente en la citada coordinación, recibió las solicitudes de entrevista de Fortuna. Sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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