¡Justicia Podrida!

Por Enrique Cisneros

Nadie mejor que el pueblo sencillo, trabajador, sabe lo que significa la justicia burguesa: jueces corruptos que se venden por un puñado de monedas, policías que extorsionan, seudoabogados que traicionan a sus defendidos, tinterillos que sacan dinero a los necesitados.

¿Quién que sea pobre no ha sido víctima de la justicia burguesa? ¿Cuántos inocentes están en las cárceles mientras los verdaderos delincuentes se pasean por las calles?

El día de ayer, las autoridades del penal de exterminio del Altiplano (Almoloya) negaron el ingreso al reclusorio al sacerdote Miguel Concha, al obispo Raúl Vera y al actor Daniel Giménez Cacho quienes pretendían entrevistarse con Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo quienes están condenados a 112 años de cárcel. Estos presos no asesinaron a nadie, tampoco trafican armas, no son narcos, ni mutilan seres humanos para obtener cantidades millonarias como producto de secuestros. Ellos tres están presos por una venganza de Vicente Fox y Peña Nieto: son campesinos que defendiendo su tierra les echaron abajo el negocio de la construcción de un aeropuerto en el que Vox y Peña Nieto ganarían miles de millones de pesos.

Pero la justicia burguesa no sólo los condenó a esa irrisoria cantidad de años, que no le echaron ni al “Mochaorejas”, sino que les han privado de todos sus derechos constitucionales, teniéndolos aislados y en celdas de exterminio.

Otros 12 campesinos que lucharon por sus tierras están en otros penales y América del Valle, brillante estudiante, hija de Ignacio del Valle lleva más dos años en la clandestinidad pues pesan sobre ella acusaciones absurdas y prefabricadas.

Pensando que los verdugos se sentirían avergonzados ante obispos e intelectuales, que apegados a derechos solicitaron visitar a los presos, acudieron al penal. La directora del reclusorio, Jessica Landeros, a una comisión conformada por el padre Miguel Concha, el obispo Raúl Vera y el actor Daniel Giménez Cacho les argumentó: no es posible verlos pues “hay alerta máxima” En ningún momento puedo explicar qué significa eso.

La justicia calderonista está cada vez más desprestigiada tanto nacional como internacionalmente. Otro caso verdaderamente increíble es el de Jacinta Francisco Marcial una indígena que está acusada de secuestrar, ella solita, a seis agentes de la Agencia Federal de Inteligencia… en serio, no es broma.

Por su acción, digna de Supermán, fue condenada a 21 años de prisión y al pago de una multa de dos mil días de salario mínimo.

Jacinta, se dedicaba a vender aguas frescas en un tianguis del poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro y se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil en San José el Alto, Querétaro.

Estos fueron los hechos: ella y dos compañeras llevaban a cabo sus labores habituales en el tianguis cuando miembros de la AFI irrumpieron en busca de discos piratas, pero al dañar mercancía de puestos, comerciantes del lugar los sometieron y los obligaron a pagar los daños causados. Jacinta fue detenida en agosto de 2006 y dos años después sentenciada a 21 años de prisión acusada de secuestro.

La actitud preponte de las autoridades, los jueces, los grandes magnates, está exasperando a los trabajadores quienes van entendiendo que la justicia, la verdadera, no se va a poder lograr por las buenas. Es claro que las instituciones que imparten justicia están podridas.