Oficio de Papel

•Politiza el PAN lucha contra el crimen

•El narcotráfico en campañas políticas

•Corrompe a militares tráfico de drogas

La lucha contra el narcotráfico se ha politizado y ahora el partido en el gobierno utiliza esa riesgosa confrontación de las fuerzas armadas mexicanas con las bandas del crimen organizado para hacer campaña política a favor del Partido Acción Nacional. Así vemos y oímos los anuncios en radio y televisión que reclaman a regímenes anteriores su inmovilidad ante el creciente tráfico de drogas por todo el país, con destino final el mercado de Estados Unidos, y la “advertencia” del gobierno calderonista de que el Estado enfrentará con todas sus fuerzas a las mafias de la droga. Al gobierno federal no le importa si los resultados hasta ahora son desastrosos para el país, como lo demuestran los miles de homicidios de civiles, militares y policías, o los miles de secuestros de ciudadanos inocentes, ni las detenciones de policías, militares y funcionarios de gobierno, todos ellos al servicio de las bandas del narcotráfico, pues lo único que importa a Felipe Calderón es mantenerse en el poder a cualquier costo y evitar por cualquier medio que la oposición siga ganando posiciones políticas.Pero si las cosas siguen como le ocurrió a Colombia hace 30 años, aún falta por ver en México una mayor violencia acompañada del asesinato y del secuestro de servidores públicos, de candidatos presidenciales, de políticos y de periodistas, en eso ha convertido el gobierno al país, en un Estado sin ley.

Así lo advierte también el más influyente centro de estudios de América del Norte, la Research and Development (Rand) Corporation –el influyente think tank (centro de pensamiento)– en su informe Seguridad en México. Implicaciones para los Estados Unidos: opciones políticas, en donde concluye que el gobierno mexicano no está logrando los objetivos de recuperar territorios dominados por el narcotráfico, ni abatir la corrupción policiaca y mucho menos hacer que prevalezca el Estado de derecho.

De acuerdo con una investigaciones periodística de Nydia Egremy publicada en la revista Contralínea, el Rand advierte que México constituye una amenaza creciente para Estados Unidos, pues –desde que llegó el panismo al poder– no cuenta con “una estrategia cohesiva de seguridad nacional”. A pesar de ello, ese centro de estudios recomienda al presidente estadounidense “apoyar a la principal corriente del gobierno mexicano”, sólo por tratarse de un gobierno de ultraderecha.

Se explica en ese análisis que el avance de la corrupción policiaca, el auge de los grupos trasnacionales del crimen organizado y la falta de cumplimiento de las leyes deterioraron la seguridad en México y amenazan con desbordarse hacia Estados Unidos, lo cual representa su mayor preocupación, pues al final de cuentas el crecimiento de la violencia en nuestro país repercute en el país vecino, y con la paranoia que los estadounidenses viven, es un factor de seguridad nacional para Washington.

Ese menoscabo en la seguridad en México llevó al gobierno de Felipe Calderón a desplegar más de 40 mil soldados en todo el país para combatir a los cárteles y tratar de restaurar el orden en las zonas bajo su dominio; sin embargo, ese objetivo es claro que no se ha cumplido y el estudio apremia a la administración de Barack Obama para que elija entre tres opciones políticas, cómo hará frente a esa amenaza y defina el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México.

Las opciones políticas que los analistas de la Corporación Rand, Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley, proponen al gobierno estadounidense son: una asociación estratégica con México, su vecino, socio comercial y aliado, para apoyarlo en la superación de las deficiencias en seguridad (narcotráfico y tráfico de armas y personas); fortalecer la confianza de los mexicanos en sus instituciones; mantener el statu quo de la colaboración y asistencia hacia México en los términos actuales, y limitar o reducir esa ayuda y cooperación a su mínima expresión.

La crítica de los especialistas estadounidenses va más allá y señala que desde 2000, cuando se eligió al primer presidente de oposición, Vicente Fox Quesada, “México ha batallado para articular una estrategia cohesiva de seguridad nacional”, por lo que esa falta de estrategia condujo al cambio de responsabilidades, la duplicación de servicios en gran número de agencias y a la inestabilidad general en la estructura de seguridad de México.

Militares contra narcotraficantes

La creciente utilización de las fuerzas armadas por parte del gobierno de Felipe Calderón para combatir a las bandas del narcotráfico y del crimen organizado, conlleva el riesgo de la corrupción de militares, la infiltración de las mafias en el Ejército, la violación de los derechos humanos de civiles, la deserción de miles de soldados que se cambian de bando y el gasto inútil del presupuesto en corporaciones policiales que hasta ahora son negligentes e ineficaces para lo cual se les ha contratado con dinero público.

Pero la necedad gubernamental es mayor y su lucha contra el crimen organizado sólo se centra en las fuerzas armadas.

Para esa supuesta “guerra” contra los cárteles de la droga, el Cuartel General del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional creó los Gafes y los Ganfes, y su estrategia no empezó con los gobiernos panistas, sino que fue delineada por el general Enrique Cervantes Aguirre en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Un trabajo periodístico de José Réyez da cuenta del documento Propuesta para apoyar temporalmente a la Procuraduría General de la República, y al paso del tiempo algunos miembros de estos cuerpos de elite abandonaron el Ejército para integrarse a los grupos de narcotraficantes que operan en el país. Hasta 2007, a principios del gobierno de Felipe Calderón, habían desertado mil 382 elementos de un total de 5 mil 500 Gafes, es decir el 25 por ciento de soldados entrenados para ese fin y que muchos de ellos ahora defienden a las bandas delincuenciales.

En el documento de 32 páginas, el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Zedillo, identificado con el número 460303, instruye a los comandantes de12 regiones militares del país a aplicar la estrategia de combate al narcotráfico “por mar, tierra y aire, informando a las S-10 (OCN) EMDN de los resultados obtenidos”.

Esa orden del entonces general Enrique Cervantes Aguirre a las regiones militares fue que los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Gafes) y los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Ganfes) fomentarían “la organización, equipamiento y adiestramiento en coordinación con SM/AM y capitanías de puertos de los grupos anfibios, para responder en forma oportuna y efectiva en la intercepción de cargamentos ilícitos”.

El sobrino del general Arévalo Gardoqui

Los costos de involucrar a militares en trabajos que no les corresponde, según la propia Constitución Política, ha llevado a su complicidad y corrupción. En el número más reciente de la revista Contralínea se da cuenta de un informe de inteligencia de la Procuraduría General de la República que acusa al piloto aviador Jorge Arévalo Kerssler, sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, como transportista de cargamentos de cocaína hacia México y de dinero en efectivo para Sudamérica. Otros involucrados son Roberto Larsen García o Agustín Romero Villa y Luis Raúl Rivera Crespo, miembros del cártel de Cali, Colombia

De acuerdo con el oficio C1/C4/ZP/4852/07, suscrito el 26 de octubre de 2007 por Carlos Anselmo Lugo Félix, director general de Información Contra el Secuestro y Delitos Vinculados del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, “(por) información de inteligencia se sabe que Agustín Romero Villa y Jorge Gustavo Arévalo Kessler están involucrados en el decomiso de 3 toneladas 750 kilogramos de cocaína, mismos que pretendían trasladar de Ecuador al aeropuerto de Toluca, estado de México”.

El trabajo periodístico de José Reyez revela que el 20 de octubre de 2007 autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima al teléfono 01800 drogas, en la que se les manifestaba que la finca ubicada en Recinto Colope estaría sirviendo como centro de acopio del alcaloide. Un agente fiscal, el grupo táctico GIR y el servicio aeropolicial intervinieron la propiedad, incautaron la droga, armas y vehículos, y detuvieron a siete supuestos narcotraficantes que se encontraban en su interior.

Mario Federico Livas Lara, director general de Información Contra el Narcotráfico, dio cuenta de que el 27 de octubre de 2007 la avioneta Aeromander –presuntamente propiedad de la empresa mexicana Transportes Ejecutivos Ilimitados, matrícula N382AA, procedente de la provincia de Chiriqui, Panamá, piloteada por Arévalo Kessler y Miguel Carrillo Cabrera– aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Panamá, donde fue abandonada. Al ser revisada, la policía de ese país encontró 3 millones 300 mil dólares ocultos en los tanques de reserva del combustible.

El sobrino del extinto general Juan Arévalo Gardoqui –secretario de la Defensa Nacional durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y quien fue señalado por agentes antidrogas de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico– está relacionado con la averiguación previa PGR/UEDO/044/2003. Estuvo preso en el reclusorio norte con el número de control 100808; fue detenido el 7 de abril de 2008; se le decretó arraigo por tres meses y el 11 de julio se le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada.

La investigación de la PGR señala que Arévalo Kessler, quien se encuentra sujeto a proceso bajo la causa penal 64/2008-VIII, operaba desde 2005 en el trasiego de drogas de Panamá, de Venezuela y de Ecuador a Acapulco (Guerrero), Cancún (Quintana Roo) y Toluca (Estado de México), bajo las órdenes de Antonio Aguilar, cuyo nombre real es Pedro Antonio Bermúdez Suazo, alias el Arquitecto, líder de un grupo delictivo colombiano vinculado al cártel de Cali, del que también forman parte Salvador González Farrera, Roberto Larsen García, Omar Jácome del Valle, Carlos Gaona, Luis Raúl Rivera Crespo y Edic Muñoz Sánchez.

Este último, al rendir su declaración ministerial el 13 de diciembre de 2007, involucró a Arévalo Kessler en el tráfico de drogas: “…Yo laboraba para la organización encabezada por el Arquitecto, que se dedica al transporte de cocaína de Sudamérica hacia México, la mayoría de las veces de las ciudades de Medellín, Río Negro, en Colombia, y con destino final México, precisamente el aeropuerto internacional de Toluca…”.

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