El Gobierno mexicano violenta gravemente los derechos laborales fundamentales y pone en peligro la paz pública.
En México, los niveles de pobreza y de desigualdad social son enormes, lo que obliga a reflexionar sobre el impacto del modelo económico en curso sobre la gobernabilidad democrática, la paz social y la degradación progresiva del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política mexicana. Las debilidades o anomias institucionales se expresan, entre otros, en la utilización abusiva de la institucionalidad pública para servir intereses privados antes que los intereses nacionales de la población mexicana. Esto se expresa, en lo que respecta a este Tribunal en la constatación de la ausencia de una justicia laboral independiente, con excepciones que no afectan la tendencia general.
Este modelo económico que pretende privatizar y, que en la práctica lo ha logrado por vías de hecho, a través de las contrataciones o subcontraciones de servicios o las conseciones de recursos estratégicos mexicanos como su riqueza energética, mineral o de hidrocarburos, es el modelo que ha impuesto el cierre de la empresa « Luz y Fuerza » del Centro con el que se ha lanzado a la calle a más de 44 mil trabajadores.
México tiene un enorme potencial geoestratégico, pero a diferencia de los países del sudeste asiático, que protegieron y desarrollaron sus industrias, México ha optado, por decisión de sus últimos gobernantes, de enfrentar la globalización abriendo las puertas de su economía al capital y bienes extranjeros. Los tratados de libre comercio, pueden favorecer a ciertas élitas económicas, pero tienen impactos muy negativos frente a las medianas y pequeñas empresas -pymes- que no tienen capacidad de reconversión industrrial y está condenadas a la quiebra afectando el derecho al trabajo de millones de mexicanos y mexicanas, con su impacto negativo frente al derecho al desarrollo, como también se ha evidenciado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte – TLCAN- en relación con la producción y el empleo agrícola, afectando otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación.
El haber abierto las puertas de México a economías más desarrolladas con los tratados de libre comercio, estimula la llamada carrera hacia el fondo, que implica tanto la degradación de la protección ambiental como el sacrificio de los derechos laborales. Esto se ha constituido en condición sine quanon de las economías más débiles para ofrecer menores costos de producción sacrificando a los trabajadores y trabajadoras. Fenómeno que ha sido bien documentado en relación con las zonas francas y las empresas maquiladoras y su grave impacto sobre el derecho de libertad sindical y la negociación colectiva.
Este modelo se enfrenta al modelo de desarrollo previsto en la Constitución Política mexicana, en sus artículos 25, 26, 27 y 28 que garantiza un estado que regula la enconomía, protege al trabajador y a otros sectores sociales excluidos, que ordena el control de la nación mexicana sobre sus recursos estratégicos esenciales para su desarrollo económico. Es un gran contraste, que la Constitución de Queretaro de 1917 que fue pionera a las democracias sociales del siglo XX, en los albores del siglo XXI sea desmantelada sin siquiera ser reformada formalmente.
Las violaciones a los convenios fundamentales del trabajo el 87 y 98 se acompañan de otras graves violaciones de derechos humanos como atentados contra el derecho a la vida, a la integridad física, la privación arbitraria de la libertad, discriminación, difamación, la utilización de listas negras, acoso sexual y otras prácticas irregulares, que han llegado al extremo de permitir el desarrollo de los llamados grupos de golpeadores, especies de estructuras paramilitares que intimidan a través del uso de la violencia físca, cercano a prácticas terroristas, que no han sido enfrentadas ni por la fuerza pública ni por las autoridades judiciales. Esta peligrosa impunidad estimula que intereses privados y corruptos del capital atenten no sólo contra los derechos individuales, sino contra la institucionalidad democrática.
Frente a lo anterior recomendamos:
Al Estado mexicano cumplir plenamente con las recomendaciones de 2006 del Comité del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y, las recomendaciones recientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego del examen periódico universal al que se sometió México el pasado año.
Al gobierno mexicano a respetar el principio de progresividad contemplados en distintos pactos que ha ratificado o impulsado, para no menoscabar las conquistas sociales y el modelo de desarrollo que establece la Constitución mexicana.
Al Estado mexicano a nivel federal y de los estados federados en sus distintos órganos de poder público de reconocer la primacía del derecho internacional de los derechos humanos y en particular del derecho internacional laboral, para contribuir a la profundización de la democracia y la paz social en México.
A la oficina de la Alta Comisonada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizar estudios de impacto de los acuerdos de libre comercio sobre los derechos humanos y, en particular el derecho al trabajo, derechos fundamentales del trabajo y la protección ambiental
A las organizaciones de ls sociedad civil mexicana, en particular a las organizaciones sindicales de utilizar más los mecanismos de las Naciones Unidas y de la OEA que protegen los derechos humanos.
Por último en nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- queremos expresar nuestra solidaridad activa y abierta con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto no se trata solamente de un conflicto por la defensa del derecho al trabajo, se trata de una decisión que por su magnitud y efectos trasciende las fronteras mexicanas al atentar contra el derecho internacional de los derechos humanos y contra el derecho internacional laboral. De prosperar esta arbitrariedad se sentaría un nefasto precedente que no sólo pone en peligro la paz pública, sino la razón de ser de las instituciones democráticas. El gobierno mexicano al negar la existencia del SME, debe tener en cuenta que el SME existe y seguirá existiendo para la comunidad internacional y que la solidaridad mundial crecerá a la par de la movilización del pueblo mexicano para defender sus derechos fundamentales!
Luis Guillermo Pérez Casas
Secretario General de la FIDH
Miembro del jurado del Tribunal Internacional sobre la Libertad Sindica
Fuente: SME
Difusión: AMLOTV
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