Jueves, 17 de Junio de 2010 00:00
Escrito por Raúl Morales Velásquez
CUERNAVACA. Luego de que diputados del PRI en el Congreso local presentarán una iniciativa para regular las marchas y protestas, la ombudsman estatal Lucero Benítez Villaseñor y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos José Martínez Cruz coincidieron en que ésta es a todas luces “inviable” y violatoria a las garantías individuales de los morelenses, “por que es la última opción ante la desatención gubernamental que tiene la población”.
En entrevista por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) Lucero Ivonne Benítez Villaseñor consideró que dicha iniciativa “es una violación a las garantías individuales de los morelenses (…) lo indispensable, la sociedad que está haciendo un reclamo tiene que utilizar la vía de comunicación para hacer ese reclamo, para hacer que las autoridades lo atiendan, entonces las personas no van a pedir con anticipación un derecho para salir a la calle y manifestarse y decir que requieren de 72 horas para salir a protestar, además le va a contestar la autoridad fundada y motivada si puede o no puede salir y hacer un reclamo, porque definitivamente eso no lo van a poder implementar sin transgredir varios ordenamientos ya legales y empatarse con muchas cosas que la gente no va a permitir y si es una violación a sus garantías individuales”.
Por su parte, José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de los Derechos Humano sostuvo que dicha iniciativa presentada por los priístas para regular las marchas, carece de uno de los más elementales derechos consagrados en la constitución como lo es el respeto a la libertad de manifestación, de expresión de las ideas y de organización, “que están por encima de cualquier ley reglamentaria, en ese sentido debería de ser desechada de inmediato dado que no cumple con ninguna de las condiciones mínimas que establece la propia constitución”.
Sin embargo políticamente, dijo, está dando un mensaje muy negativo porque en lugar de dar las razones y las causas por las que se están incrementando la protesta social, que es precisamente la falta de respuesta de las autoridades a las manifestaciones, que son el último recurso que tiene el pueblo para ser escuchado y visto por la autoridad.
Del mismo modo, lamentó que ante la falta de interés de los gobiernos llámense estatal o municipal, no le dan otra opción al pueblo más que salir a las calles para hacer del conocimiento público de su malestar, por eso, de aprobarse dicha ley, sería un retroceso muy grave a los derechos humanos de los morelenses.
Consideró que las manifestaciones son consecuencia de la protesta legitima ante la falta de respuesta de las autoridades, “las movilizaciones incrementan, es porque la ley y la constitución lo permite y establece, además es la última instancia para las organizaciones y para el propio pueblo pueda hacer del conocimiento público las demandas de las autoridades que no han cumplido con sus compromisos y acuerdos en beneficio de las mismas comunidades, organizaciones o la misma ciudadanía”.
Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: soberanía popular
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