Debido a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son puestos por el PRI y el PAN en México no hay justicia, tenemos un Poder Judicial federal cooptado, denunció el ex magistrado federal del primer colegiado del 13 Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Oaxaca, Francisco Salvador Pérez, quien afirmó que jueces y magistrados estatales y federales están sometidos a presiones políticas muy fuertes.
En conferencia de prensa, Salvador Pérez, quien fue sustituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reiteró que la justicia federal está cooptada por el PAN y por el PRI, pero sobre todo, por el Ejecutivo federal, que actúa en contra de la independencia de esta jurisprudencia.
Toda vez que los ministros son puestos algunos por el Presidente de la República, otros por el PRI, por eso no es independiente como tendría que ser de acuerdo con los principios profesionales, “pero los jueces y magistrados están presionados a través del CJF, que no funciona en estado de derecho, es un órgano administrativo arbitrario, que persigue y coarta a los magistrados por lo que nosotros no tenemos la debida imparcialidad para dictar una justicia parcial y apegada a derecho”.
De ahí que lamentó que el Poder Judicial de la Federación sirva a intereses partidistas y del propio Ejecutivo federal, porque “al Poder Judicial de la Federación llega gente recomendada por el Presidente de la República, el Presidente es quien decide quién sí y quién no”.
El ex magistrado federal sostuvo que se requiere de un Poder Judicial independiente para que sea justo, que no tenga intervención de ningún partido político, “es necesario democratizarnos, estamos esperando esos cambios, no podemos seguir bajo el imperio de los grupos poderosos y privilegiados, ya no podemos seguir bajo el control del imperio”.
Salvador Pérez dijo que la Federación es la que origina esas disfuncionalidades y desorden, tanto en el Poder Judicial como en otras secretarías, es excesivo el peso político del Ejecutivo federal.
De su destitución expuso que en un proceso administrativo lleno de irregularidades e inédito por el alcance de la decisión, el CJF lo destituyó en enero de 2008, luego de un procedimiento disciplinario que duró más de dos años y que inició días después de que solicitó (de manera individual) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF) el recuento “voto por voto y casilla por casilla” de la elección presidencial de 2006.
Asimismo, señaló que fue suspendido ilegalmente por el CJF por expresar su opinión política en favor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y del movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la Presidencia de la República, “me han suspendido sin ningún fundamento jurídico, porque no he incurrido en irregularidades; solamente como ciudadano hice valer mis derechos políticos y de libertad de expresión”.
El ex magistrado federal dijo que está siendo víctima de persecución política por el magistrado presidente del CJF, Guillermo Ortiz Mayagoitia, por su postura en defensa de López Obrador en el contexto de las elecciones federales e indicó que el propio Presidente del CJF le ha negado el derecho de audiencia y lo ha corrido de su oficina, debido a que acudió a algunas de las marchas que la APPO realizó en la entidad durante 2006.
En el recurso de revisión, se acusa a los consejeros de destituir al juzgador con base en presuntas faltas que no son graves y que, por tanto, no ameritarían una sanción tan grave como su cese, también fue sancionado por no impartir justicia de manera “pronta y expedita”; sin embargo, su tribunal, dijo, tenía un rezago de 12 por ciento –de enero de 2004 a agosto de 2006 resolvió mil 415 asuntos–, cifra promedio en el resto de los tribunales del país, y de ese gran total sólo 38 casos presentaban un retraso superior a los tres meses para dictar sentencia.
De todas las irregularidades en su caso, sostuvo que han dejado mucho que desear las actuaciones de los ministros Mariano Azuela –quien era presidente de la Corte y del CJF cuando empezó el procedimiento en su contra– y del actual presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por haberse negado siquiera a escucharlo y por no haberse declarado impedido de conocer su asunto a pesar de una petición expresa del quejoso.
Asimismo, el magistrado denuncia que el actual magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, quien tiene, asegura, sus intereses políticos en Oaxaca, y además de ser pariente del actual gobernador Ulises Ruiz y del ex mandatario estatal Diódoro Carrasco, logró hacer una carrera judicial “ultrarrápida” en el ámbito federal, a quien están tratando de beneficiar en las altas jerarquías del poder judicial de la federación, pero el asunto todavía está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: Soberanía Popular
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