El acoso contra las organizaciones es incesante, alerta Tlachinollan
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 26 de octubre. El encarcelamiento de dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), el asesinato de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) así como diversas amenazas y hostigamientos a defensores de derechos humanos fueron expuestos durante la sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, Estadps Unidos.
El centro de derechos humanos Tlachinollan denunció ante la CIDH que la situación que prevalece en Guerrero “es preocupante” pues los defensores realizan su trabajo bajo una gran impunidad, donde militares, autoridades gubernamentales y poderes fácticos hacen que el trabajo de promover y defender los derechos humanos sea más riesgoso.
Destacaron casos como el de los cinco integrantes de la OPIM quienes fueron encarcelados injustamente por el supuesto homicidio de un informante del Ejército, y a pesar de que se comprobó la inocencia de los indígenas, sólo cuatro de ellos salieron en libertad un año después, sin embargo, Raúl Hernández Abundio permaneció otro año más a pesar de las diversas pruebas que demostraban su inocencia.
A la par, dijeron los representantes de Tlachinollan, los integrantes de la OPIM reciben constantemente amenazas, ataques y hostigamiento sobre todo contra los líderes quienes han tenido que salir de Guerrero, por la inseguridad en la que trabajan y ante la falta de condiciones del Estado para garantizar su labor y protección.
De igual forma denunciaron el secuestro, tortura y asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, dirigentes de la OFPM, así como la detención arbitraria de Ál varo Ramírez Concepción.
“La gravedad de la situación ha ido en aumento, al punto que hoy en día existen dos proceso de medidas provisionales abiertos por amenazas y hostigamientos padecidos por defensoras y defensoras como el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las violaciones sexuales que sufrieron a manos de militares en 2008”, destacaron.
Hasta el momento, señalaron, existen 107 defensores de derechos humanos guerrerenses, bajo medidas cautelares, incluyendo al equipo de Tlachinollan, quienes se vieron obligados a cerrar sus oficinas en Ayutla de los Libres por las diversas amenazas que recibieron.
Criticaron que en la mayoría de las agresiones contra defensores en Guerrero “no se ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a proceso conforme a derecho de los mismos”, por lo que indicaron que la impunidad, la ausencia total de investigación y de acceso a la justicia hace más vulnerables a quienes defienden los derechos humanos en Guerrero.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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