Expresamos no sólo nuestra profunda preocupación ante el clima de violencia e inseguridad en que viven las mujeres en el Estado de México, sino también nuestro rechazo ante la impunidad e indiferencia que priva en torno al alto índice de asesinatos de mujeres –feminicidios- por parte de las autoridades de la misma entidad.
Así como por las afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en el informe entregado a la Comisión Especial del Congreso Local, en el cual se culpa a las mujeres de propiciar sus propios asesinatos, lo que constituye una múltiple violación a sus derechos humanos fundamentales, en el sentido de que no sólo no les fue garantizado su derecho a la vida y la seguridad de su persona, independientemente de su condición económica, laboral, familiar, social, etc. sino que una vez que han sido asesinadas tampoco se les garantiza el acceso a la justicia para ellas y sus familias, resultado de la ausencia de una estructura jurídica, administrativa e institucional adecuada, orientada a investigar y en todo caso castigar a los responsables de estos crímenes.
Ante la falta de voluntad política para asumir su responsabilidad en torno a tomar medidas de emergencia que garanticen la seguridad y la vida de las mujeres, que prevengan, sancionen e inhiban la violencia contra las mujeres en la entidad, entre otras acciones, por el contrario estas declaraciones, junto a las consideraciones técnicas y políticas en relación a la magnitud del delito, respecto de otras entidades, no sólo abonan un clima de permisividad y justificación del asesinato de mujeres, sino que minimizan su dimensión con el fin de reducir de manera artificial la gravedad de la situación y evadir por parte de las autoridades su responsabilidad en su solución.
Dadas las actitudes reaccionarias y discriminatorias manifestadas en contra de las mujeres asesinadas en el Estado de México y la necesidad de ejecutar por parte de las autoridades, medidas encaminadas a solucionar el problema y prevenirlo en el futuro, las organizaciones firmantes declaramos:
• La condición de mujer es única y universal, por encima de razas, fronteras, condición económica, social o ideología; por tanto, cualquier acción o actitud que ponga en riesgo su seguridad personal y su vida, debe ser sancionada de acuerdo al carácter objetivo, imparcial, en el marco de la justicia por encima de cualquier consideración de carácter subjetivo y discriminatorio.
• El derecho a la seguridad y a la vida de la persona, así como el derecho a la justicia debe prevalecer por encima de consideraciones políticas o partidistas.
• El Estado en su concepción más amplia, en sus niveles; federal, estatal y municipal, debe respetar los tratados que ha signado y ratificado en el plano internacional y nacional, así como los diversos mecanismos y organizaciones internacionales a cuya jurisdicción se han adherido, obligan al mismo en su integridad, al cumplimiento y observancia de los mismos. No pueden existir estados de excepción para el cumplimiento de las leyes.
• Exigimos a las autoridades del Estado de México en particular, a ejecutar las medidas necesarias y pertinentes para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres asesinadas en la entidad, y al resto el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, respetando garantías judiciales, protección judicial y la integridad de su persona.
Atentamente
Por las Organizaciones:
Dr. Adrián Ramírez López - Presidente de la Limeddh
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Observatorio Nacional de Prisiones México (ONPMéxico), Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM).
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