Premios Nobel y artistas exigen a Calderón justicia para indígenas violadas por soldados
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 10 de febrero (apro).- Artistas mexicanos y extranjeros, cinco mujeres distinguidas con el premio Nobel de la Paz, intelectuales y cientos de organizaciones sociales de México y el mundo, exigieron al gobierno de Felipe Calderón “cumplir pronto y cabalmente” las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra México por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses que fueron violadas y torturadas por soldados mexicanos en 2002.
Las sentencias de Fernández Ortega y Rosendo Cantú fueron emitidas por el máximo tribunal de justicia interamericano el 30 y 31 de agosto de 2010, respectivamente, y notificadas a las partes el 1 de octubre de ese año.
En ambas resoluciones, la Coidh ordenó al Estado mexicano trasladar las investigaciones de las agresiones sexuales a la justicia civil, ya que desde que ocurrieron los hechos la Procuraduría de Justicia Militar las ha tenido en su poder y decretó la inexistencia de los delitos.
Además, las sentencias obligan a reformar el Código de Justicia Militar, a ofrecer una disculpa pública a las mujeres por la negación de justicia de que han sido víctimas, así como a la reparación de daños.
La Coidh decretó para ambas indígenas, sus defensores y miembros de la Organización Indígena Me phaá (OPIM), medidas provisionales ante las constantes amenazas de muerte que han sufrido por sostener sus denuncias en contra del Ejército.
Este jueves, los actores Ofelia Medina y Daniel Giménez Cacho, leyeron una carta en la que personalidades y organizacionessociales manifestaron su solidaridad con las indígenas guerrerenses, quienes durante más de ocho años “han sostenido una incansable lucha por alcanzar la justicia”, mientras que “el Estado mexicano no ha mostrado voluntad para dar cumplimiento a las sentencias e implementar medidas necesarias para evitar que los actos de amenaza continúen”.
Entre los firmantes están galardonadas con el premio Nobel de la Paz, Jody Williams, Mairead Maguir, Wangari Maathal, Rigoberta Menchú Tum y Betty Williams, así como Marta Lamas, Julieta Egurrola, Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Bruno Bichir, Miguel Ángel Granados Chapa, Rosario Ibarra de Piedra. También, organizaciones de derechos humanos y feministas de México Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina, Australia, El Salvador, Japón, Reino Unido, Tailandia, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, entre otros.
En la conferencia de prensa estuvo presente Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la OPIM, quien detalló los actos de agresión y amenazas que han sufrido los miembros de su organización por exigir justicia para Valentina e Inés, y agradeció el apoyo de las personalidades que firmaron la carta leía por Giménez Cacho y Ofelia Medina.
“Nosotros los indígenas somos tan pequeños para el gobierno que no tenemos otro recurso que denunciar la violencia del Ejército contra nuestras mujeres y comunidades, y exigir que se haga justicia, sin regatear nada al Estado, por eso agradecemos que sus voces se unan a las nuestras para que la impunidad termine en el país”, señaló.
Por su parte, los defensores de las indígenas me phaá, Abel Barrera y Santiago Aguirre, director y abogado, respectivamente, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), acusaron al gobierno de Calderón de incumplir con los acuerdos fijados desde que se dieron a conocer las sentencias para darles cumplimiento.
Barrera explicó que el encargado de dar cauce al cumplimiento de la sentencia, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe de Jesús Zamora, se comprometió “a ser el intermediario para la creación de mesas de trabajo con autoridades involucradas en el cumplimiento, así como con los legisladores”, aunque ellos solicitaron “que convocara a representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero se negó”.
El director de Tlachinollan, dijo que desde hace cuatro meses, Zamora acordó que en las mesas de trabajo estuvieran integradas por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, personal de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Consejería Jurídica de la Presidencia, así como de las comisiones de Justicia del Senado y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.
“La primera propuesta que hicimos es que se hiciera un acto de instalación de las mesas el pasado 10 de diciembre, día en que se conmemoran los Derechos Humanos, pero Zamora dijo que no era posible compatibilizar las agendas de los funcionarios; después quedamos en que el evento se realizara el 8 de febrero, pero en la víspera Zamora se comunicó conmigo para decirme que siempre no se iba a poder que nuevamente los funcionarios tenían cosas más importantes”, contó Barrera.
Para colmo, hace dos semanas los representes de las víctimas recibieron una notificación de la Coidh en la que les informan que el gobierno de Calderón interpuso una solicitud de interpretación de las sentencias, “lo que implica, de fondo, es que el gobierno se opone a cumplir la sentencia”, comentó Santiago Aguirre.
El abogado explicó que en el documento que envió México a la Coidh señala que este tribunal se “extralimitó en sus funciones al dar por ciertas las afirmaciones de Inés y Valentina de que fueron violadas por militares, situación que insisten no pudo comprobarse en las investigaciones que realizó la Procuraduría de Justicia Militar, cuando es exactamente esto es el motivo del reclamo, que nunca hubo justicia porque no hubo instancias imparciales”.
Aguirre añadió que es la primera vez que el gobierno de Calderón utiliza el recurso de solicitud de interpretación, “que es legal, pero que ha sido utilizado por los Estados como una forma de apelación a las sentencias de la Corte. Sin embargo, precisó, “nunca han procedido, precisamente porque las sentencias son inapelables”.
Aguirre y Barrera coincidieron que la negación a instalar las mesas de trabajo, el recurso interpuesto en la Coidh, y que se mantengan hasta ahora las investigaciones en el fuero militar, “son la mejor prueba de que no hay voluntad para cumplir las sentencias”.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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