ARTURO HUERTA GONZÁLEZ
El 25 y 26 de abril, Felipe Calderón ha venido afirmando que su gobierno invierte en infraestructura porque con ello se combate a fondo el subdesarrollo y la pobreza. Si bien el desarrollo de la infraestructura es indispensable para el desarrollo de una economía, ello tiene que ser realizado por el gobierno, para otorgar los servicios de electricidad, transporte, riego, abasto de agua, educación, salud, etcétera y tales servicios deben ser gratuitos, o a bajo costo (como la electricidad y agua) para impulsar el desarrollo industrial, agrícola, y demás ramas de la economía, para que ello se traduzca en la generación de empleos bien remunerados y en bienestar de la población. Sin embargo, las acciones del presente gobierno, como los que le han antecedido en las últimas tres décadas, han impulsado la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura (así como en sectores estratégicos), implicando ello el pago de mayores tarifas en la prestación de los servicios públicos. Situación que se observa en las altas cuotas de peaje en las carreteras, en el pago de las tarifas eléctricas, en el agua, y demás servicios públicos.
Combatir a fondo el subdesarrollo y la pobreza no pasa por la privatización de la infraestructura ni de los servicios públicos, que con la Ley de Asociación Pública Privada en la prestación de los servicios públicos (que ya fue aprobada por el Senado y ahora está en comisiones en la Cámara de Diputados), abrirá la puerta para que participe el sector privado, en educación, en salud, en el agua, en alcantarillado, alumbrado, recolección de basura, en todos los servicios públicos, donde habrá que pagar por el uso de los mismos. Ello lleva a la mayor presencia y tamaño del sector privado en la economía, y a la consecuente reducción de la participación y tamaño del sector público en la economía. El sector privado busca la ganancia, y de ahí que se favorecerá de la participación que tendrá en la prestación de los servicios públicos. El gobierno está concebido para satisfacer las demandas de la población, y ello no lo resuelve reduciendo su tamaño y participación en la economía. Al proceder a privatizar la prestación de los servicios públicos, favorece a la cúpula empresarial que tiene recursos para invertir donde el gobierno deja de hacerlo, y en cambio se ve afectada la mayoría de la población pues tiene que pagar más por tales servicios públicos, por lo que menos recursos pasa a tener para satisfacer sus necesidades de consumo, lo que restringe el mercado interno y la dinámica económica.
Por más que el Ejecutivo federal reitere que “se tiene un rumbo claro y estamos avanzando en la ruta correcta”, no encara de raíz los problemas del subdesarrollo y la pobreza, los cuales son consecuencia del bajo desarrollo tecnológico interno, como del escaso y caro financiamiento al impulso de los sectores productivos de la economía. Sin desarrollo tecnológico y financiamiento, no se podrá recomponer cadenas industriales, ni desarrollar el sector agrícola, indispensable ello para crear empleos productivos bien remunerados, como para incrementar salarios, para recuperar la autosuficiencia alimentaria, como para disminuir las presiones sobre el sector externo, y alcanzar una dinámica autosostenida, y más equitativa, sectorial, regionalmente y en la distribución del ingreso, y menos vulnerable del exterior.
En uno de los discursos de Felipe Calderón en Nayarit, el 26 de abril, reitera que “la responsabilidad en el manejo de as finanzas públicas da fortaleza a la economía, y en ese terreno el país va bien”, y que “el reto es que se pueda traducir en empleo de mayor calidad, en empleo de mayor ingreso, y sobre todo en mayor crecimiento económico”. Tenemos muchos años escuchando el mismo discurso, y siguen sin entender que las políticas macroeconómicas de ‘estabilidad’ predominantes (de disciplina fiscal, baja inflación y peso fuerte), solo beneficia al sector financiero, a los dueños del dinero, y a los que invierten en los sectores donde el gobierno ha dejado de hacerlo, y tales políticas atentan sobre el desarrollo tecnológico y productivo (industrial y agrícola), como en la generación de empleo bien remunerado, y aumentan las presiones sobre el déficit de comercio exterior, lo que nos ha hecho más subdesarrollados, ha aumentado la miseria, y la violencia, y nos ha colocado en un contexto de alta vulnerabilidad externa, y en crisis económicas recurrentes y cada vez más profundas.
A pesar de ello, el jefe del Ejecutivo reitera que “se debe perseverar en el objetivo de que la economía sea competitiva y generadora de empleo, y por ello es necesaria la responsabilidad en el manejo de la economía”. Cabe reiterar que ese manejo ‘responsable’ de la economía, no se ha traducido en mayor competitividad, ni en más empleo, sino solo ha beneficiado a unos cuantos, a costa de reducir la participación y el tamaño del sector público en la economía, y dejar de satisfacer las demandas de empleo bien remunerado, y de bienestar de la población. El manejo responsable de la economía debe ser para satisfacer las demandas naciones de empleo y bienestar, para lo cual se requiere de un mayor tamaño y participación del Estado en la economía, a fin de poder compatibilizar el objetivo de pleno empleo, estabilidad de precios, y bienestar de la mayoría de la población, para lo cual debe modificarse la política económica predominante, lo cual no pasa por la mente de quienes nos gobiernan.
Fuente: La Jornada de Oriente
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