Laura Itzel Castillo
Un grupo de diputados pertenecientes a las fracciones parlamentarias del PT, PRD y Convergencia firmamos ayer un pronunciamiento dirigido a la opinión pública mediante el cual rechazamos, de manera enérgica, que el Congreso abra las puertas institucionales a la dictadura o a la intervención, por medio de la renuncia a sus facultades básicas. En pocas palabras, nos oponemos a la instalación del Estado fascista. Esto es lo que, en resumen, significaría la aprobación de la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional cuyo dictamen fue elaborado por el PRIAN en la Cámara de Diputados.
Más aún: con esta pretendida reforma sin precedentes, la dupla Felipe Calderón-Enrique Peña Nieto amenaza con cancelar la supremacía del poder civil sobre la autoridad militar, lo cual constituyó el pilar fundamental de la relativa paz social de que gozó el país después de la Revolución mexicana. ¿Por qué razones lo quiere hacer?
La primera, porque con esta legislación reactiva intenta imprimir un carácter legal a las acciones ya emprendidas, en menoscabo de la voluntad popular y del orden jurídico. Quiere tapar su incompetencia, su renuncia a la soberanía y, sobre todo, las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes que se han cometido en esta estúpida guerra que emprendió, en un vano intento por legitimarse en el poder.
La segunda, tal como lo documentó el semanario Proceso esta semana, cree que al doblegarse ante Calderón y los militares, los expedientes negros en contra de priístas, y quizá en contra de él mismo, no vean la luz pública ahora que está en juego la gubernatura del estado de México. Y, claro, a su ingenuidad habría que añadirle la ilusión de aprovechar para sí esta reforma, en el muy remoto caso de que llegase a suceder en el cargo al usurpador Calderón.
En el pronunciamiento, los legisladores firmantes señalamos nuestra extrema preocupación por 12 agravios a los derechos fundamentales, al Estado democrático, a la justicia y al gobierno constitucional y republicano que representa la propuesta fascista de dictamen sobre la Ley de Seguridad Nacional. Dado el breve espacio de esta columna resulta imposible enumerarlos aquí puntualmente. Pero se pueden leer aparte en esta misma publicación o en la mayoría de los medios de comunicación.
No olvidamos que sigue pendiente reformar el Código de Justicia Militar para que sea la jurisdicción civil, y nunca la militar, la que investigue, juzgue y sancione las violaciones a los derechos humanos, tal como lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla, tema sobre el cual nuestros grupos parlamentarios han formulado las iniciativas pertinentes.
Debemos reconocer que la situación de violencia tiene su origen en la incompetencia y en la renuncia a la soberanía nacional por parte del ocupante del Ejecutivo. La paz y la seguridad requieren una reforma integral del ejercicio del poder, acotar la discrecionalidad de las autoridades y transformar las condiciones que generan y reproducen la violencia en todos los ámbitos. Por eso es que exigimos detener esta aberración constitucional e incluir a la ciudadanía en general, a la sociedad civil y a las organizaciones políticas en un proceso que requiere la atención nacional.
Fuente: El Gráfico
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