lunes, 4 de abril de 2011

Muestra estudio de ONG despilfarro en programas destinados contra la pobreza

HÉCTOR BRISEÑO

Integrantes de la asociación no gubernamental Comunidad Raíz Zubia, integrada por estudiantes y egresados de la Universidad Campesina del Sur, presentaron un informe parcial de una investigación realizada desde 2009 en poblaciones alejadas, la cual arroja como resultados una deficiente atención a los usuarios y despilfarro de recursos en salarios desmedidos, lo que provoca en general la violación a los derechos humanos de los pacientes en salud, derecho a saber y derecho a participar.

Criticaron que la actual administración estatal nunca hizo caso de sus informes presentados en junio, julio, agosto y septiembre de 2010.

El informe señala que más de 80 centros de salud básicos en 30 comunidades de los municipios de Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez, en Costa Grande; Chilapa de Álvarez, en la Montaña; y zona rural de Acapulco, presentan irregularidades en el servicio, como ausentismo de médicos, infraestructura en mal estado y cobro por consulta, energía eléctrica y limpieza.

Para elaborar la investigación, los integrantes de la agrupación explicaron que realizaron solicitudes de acceso a la información, y participaron en foros y asambleas comunitarias.

Lizeth Nayeli Rodríguez, integrante de Comunidad Raíz Zubia, explicó que en 95 por ciento de las unidades monitoreadas, los médicos no cumplen con su horario de trabajo, de 8 a 15:30 horas, además de que no laboran los viernes.

El problema es causado, subraya el estudio, por la falta de ética y corrupción de sindicatos y dependencias.

Manifestó que “encontramos un doctor en 2009 que cobró 300 mil pesos en un año en el Camarón, municipio de Atoyac de Álvarez, que nunca se presentó”, y recriminó que la población de muchas comunidades no se puede enfermar después de las 2 o 3 de la tarde, pues ya no hay servicio, ni tampoco los fines de semana.

Detalló que en el estudio fue detectado que más de 60 por ciento de 100 médicos en dichas regiones, gana de 22 mil y 24 mil pesos mensuales, además de cobrar consultas y vender medicamentos sin explicar su procedencia, además de que la atención está limitada a 20 fichas por día.

Especificó que 24 por ciento de los 80 centros médicos analizados están acreditados, mientras que en Coyuca de Benítez únicamente dos.

Otro de los integrantes de la agrupación, Juan Alberto Juárez Santiago, manifestó que la situación se repite en diversas comunidades, donde muchas personas tienen que vender su patrimonio y viajar hasta Acapulco para atender hasta un parto ante incapacidad de los médicos y magra infraestructura.

Entre las propuestas realizadas se encuentra la urgente necesidad de contratar médicos de base titulados, construcción de hospitales de vanguardia, abasto suficiente de medicamentos y un traductor para poblaciones indígenas.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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