Con el paro de las obras los quejosos generaron pérdidas millonarias, justifica el funcionario
CARLOS GARCÍA (Corresponsal
)
León, Guanajuato, 2 de junio.- El gobierno federal no tolerará las amenazas de la población que se opone a la construcción de la presa El Zapotillo, por eso no serán retiradas las denuncias penales por el bloqueo de las obras, advirtió el subsecretario de Gobernación, Marcos Gutiérrez González.
Después de suspender las mesas de negociación con los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que siguen “vivas” las denuncias penales porque con el paro de la obra se generaron pérdidas millonarias.
“–La construcción del embalse– no está determinada por los pantalones de nadie, sino por el Plan Nacional de Desarrollo e Hídrico, no es una ocurrencia de nadie”, refirió el funcionario, quien a pesar de romper las mesas de negociación hizo un nuevo llamado al diálogo.
En un comunicado de prensa el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigió al gobierno federal que cumpla su palabra de retirar las denuncias penales contra los pobladores y activistas que se oponen a la construcción del embalse.
“Nunca fue condicionado –el retiro de la denuncias– al resultado de las mesas y exigimos el respeto a este acuerdo que está sustentado en las actas firmadas por ambas partes. La Secretaría de Gobernación pretende atar de manos a la comunidad y el movimiento jugando con este acuerdo incumplido”, acusaron.
El gobierno federal sólo montó un escenario mediático de una supuesta apertura al diálogo para al final seguir con su postura de construir la presa de El Zapotillo a pesar del conflicto social que originó desde hace seis años”, señala el comunicado enviado a los medios de comunicación de Guanajuato.
“La lucha que emprendimos seguirá hasta que pongamos fin a la presa El Zapotillo, no dejaremos nuestros hogares, nuestra vida, nuestra historia y nuestra dignidad”, advierten los habitantes de las comunidades que se pretende afectar.
Añaden que los ciudadanos de Jalisco no están dispuestos a recibir agua llena de sangre.
“Hacemos responsables a las autoridades federales, específicamente a la Secretaría de Gobernación ante cualquier hecho que pueda pasarnos o ponga en riesgo a la comunidad y la integridad física de los habitantes, aliados y movimientos que nos acompañan”, señala el Comité en el boletín.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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