lunes, 6 de junio de 2011

El Mapder exige la destitución de César Coll por criminalizar a opositores de El Zapotillo


Amenazar y calumniar en los medios a miembros de la sociedad no es propio de un funcionario, dice

GEORGINA GARCÍA SOLÍS

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) exigió la destitución de César Coll Carabias, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y responsabilizó a este funcionario de las agresiones de las que pudieran ser objeto el sacerdote Gabriel Espinosa y los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Mapder fijó esta postura luego de que César Coll Carabias criminalizó al movimiento opositor a la construcción de la presa El Zapotillo en entrevista que concedió a Buenos Días de Radio Metrópoli.

En este programa de radio, el director del CEA acusó al padre Gabriel Espinosa de “alborotador de fanáticos” y amagó con utilizar la fuerza pública si los opositores de este embalse transgreden las leyes.

“Las calumnias, amenazas y falsas acusaciones en contra del sacerdote Gabriel Espinosa por parte del señor César Coll Carabias, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) no son apropiadas, ni en el marco de las funciones de un empleado público.

“Amenazar y calumniar en los medios de comunicación a miembros de la sociedad que reclaman sus justos derechos humanos, usar los medios para intimidar y criminalizar las aspiraciones legítimas por el cumplimiento de los derechos humanos y como funcionario, pone en riesgo la vida y la seguridad del sacerdote Gabriel Espinosa entre otros que, además de pretender desalojarlos incluso con lujo de violencia de sus legítimas viviendas y tierras, ahora se les acusa de delincuentes”, decía la misiva enviada por Mapder.

Los transgresores de la ley, denunció este movimiento, son las diferentes instancias gubernamentales involucradas en este proyecto, por lo que “exigimos el Estado de derecho y alto a la criminalización”.

Algunos empleados públicos, agregó, “olvidan que son eso: empleados públicos, y que no cuentan con fuero constitucional. Consideran que son intocables ante la ley al hacer este tipo de acusaciones e intimidaciones saltando sus responsabilidades como funcionarios públicos.

“Responsabilizamos al empleado público César Coll Carabias por la seguridad del sacerdote Gabriel Espinosa y de cualquier miembro del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Exigimos al gobierno del estado de Jalisco, al Congreso del Estado de Jalisco, al gobierno federal no sólo la destitución inmediata del empleado público César Coll Carabias, y el deslinde de las responsabilidades en el marco de la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos (Título III, Capítulo I y II de dicha ley), sino además la cancelación definitiva de la represa El Zapotillo”, remarcó.

César Coll Carabias también aplaudió que el gobierno federal no retire las denuncias penales que se interpusieron en contra de las personas que bloquearon las obras, a pesar de que fue uno de los acuerdos pactados en las mesas de diálogo con los afectados por esta presa y anunció que la próxima semana iniciará la construcción de la cortina de El Zapotillo.

Las casas de Temacapulín que serán inundadas , afirmó, tienen una antigüedad de más de 100 años, pero la mayoría está en ruinas y abandonadas.

A los habitantes de este poblado, argumentó, no se les afectará patrimonialmente porque las viviendas que se les ofrecen son de un mayor valor económico y están en mejores condiciones.

Emocionalmente, aseveró Coll, tampoco se les ocasiona un perjuicio. “No les va a pasar nada por cambiarse de casa ¡por favor!”, ironizó.

Fuente: La Jornada de Jalisco

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