Guardería ABC: el juicio que hace falta

ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES

Hoy se cumplen dos años de una de las tragedias que más ha conmovido a la sociedad mexicana: el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y niñas, y en la que otros 104 resultaron afectados en su salud. Hace dos años que los padres de esos niños siguen esperando que se haga justicia, que los responsables de este indignante acontecimiento sean sancionados penal y administrativamente. Pero las instituciones mexicanas han sido indiferentes, negligentes e insensibles en este caso, como en muchos otros. Ante este vacío de justicia y atención, la ciudadanía ha tenido que tomar el caso en sus manos, realizando un juicio ciudadano público.

Los juicios ciudadanos se componen de un jurado integrado por personalidades reconocidas en la materia objeto de juicio, ya sean académicos y/o activistas en derechos humanos y, por un juez, que debe ser de amplia trayectoria como abogado. Uno de los primeros juicios ciudadanos que se han llevado a cabo en el mundo fue el que emanó del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, impulsado por dos grandes personalidades: los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre. Lo hicieron así, ante la ausencia de justicia internacional respecto a la política de intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. Cuando los que ejercen el poder no tienen interés en hacer justicia, es la ciudadanía nacional o internacional la que está obligada a dar su veredicto al respecto.

Es claro que este tipo de juicios no cuentan con la capacidad de hacer cumplir su resolución. Los juicios ciudadanos son recursos simbólicos, pero indudablemente tienen una fuerza ética que llama a la conciencia de la gente sobre la gravedad de un acontecimiento histórico y que, a su vez, pone de manifiesto la indolencia y criminalidad con la que actúan el poder público y los particulares.

En México se realizó el juicio ciudadano al Estado mexicano por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el pasado 29 de mayo en el Zócalo de la ciudad de México, con dos antecedentes de su tipo contra el estado de Sonora y contra los dueños de las guarderías. En él se determinó la culpabilidad de las instituciones mexicanas como la Presidencia de la República, el IMSS, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cada una de ellas por actuaciones y omisiones relativas a su ámbito de acción estatal. A manera de reparación del daño, se condenó a “Juan Molinar Horcasitas y a Daniel Karam a un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública en atención directa a los infantes. Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario”, al mismo tiempo que “por la gravedad de los hechos quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación en los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años”.

Aunque esta resolución es simbólica, es de gran valía por muchas razones: porque combate con la razón y la sensibilidad de la sociedad, la negligencia e impunidad con que actúan las autoridades e instituciones de este país; porque nos habla de una sociedad civil activa, que no está dispuesta a que los funcionarios públicos y políticos se protejan unos a otros desde sus espacios de poder (los ministros protegiendo a gobernadores y ex gobernadores; los legisladores protegiendo a funcionarios del Poder Ejecutivo; el presidente de la República protegiendo a sus familiares involucrados y responsables en la tragedia, por mencionar algunos); porque hace una labor titánica de promover la conciencia en la gente que no está informada al respecto del caso, señalando por sus nombres y con sus respectivas sanciones a los responsables directos e indirectos de la tragedia.

Así como hay víctimas que padecen todos los días los estragos de ese fatal acontecimiento; así como hay familias afectadas para siempre con nombres y apellidos, así, se necesitaba un juicio en el que se impartiera justicia, señalando con claridad los nombres de los culpables. No lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo hizo en su conjunto el Poder Judicial, no lo hizo el presidente de la República, pero ya lo hicieron los ciudadanos. Ahora sólo falta ver a Horcasitas y Karam realizando los trabajos comunitarios a los que fueron sentenciados, eso dignificaría mucho a nuestro país.

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Fuente: La Jornada de Michoacán