Temacapulín: las amenazas

JORGE GÓMEZ NAREDO

Ellos dijeron que la presa va, que no se detendrá, que unos cuantos no impedirán el desarrollo del país, el dar agua a cientos de miles de personas en Jalisco y en Guanajuato. Ellos arguyeron que la construcción del embalse es imprescindible, que sin éste a México se le quita vida, y que, bastaba más, está en el plan nacional hídrico y eso es suficiente para que se edifique. Ellos terminaron un diálogo donde nunca hubo diálogo, y terminaron amenazando a los inconformes, advirtiéndoles que se quedaran calladitos, que no alborotaran más, que ya todo estaba dicho.

Los de Temacapulín, en marzo pasado, tomaron las obras de la presa El Zapotillo. Estaban hartos de ir para allá y para acá y para acullá y solamente recibir desdén, negativas y palmaditas en los hombros. Las autoridades (estatales y federales) comenzaron a hacer lo que hacen muy bien: amedrentar con el “Estado de derecho”. Que ya pronto las órdenes de aprehensión estarían, que llegaría la Policía Federal y los golpearía, que los desalojarían rápido, que los toletes y los gases lacrimógenos harían acto de presencia. ¿Por qué los habitantes de Temacapulín decidieron aceptar el “diálogo” propuesto por la Secretaría de Gobernación y por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), si en la toma de las obras de la presa evidenciaron a un gobierno lleno de nerviosismo? Quizá fue la presión y las amenazas. Quizá el confiar en instituciones en las cuales no se debe jamás confiar. Quizá la inexperiencia. Quizá el miedo. El caso es que en el acuerdo del diálogo se prometía, por parte de las instancias gubernamentales, la eliminación de los juicios judiciales en contra de los de Temacapulín por impedir las sacrosantas obras de la presa El Zapotillo. Nada se cumplió. No hubo diálogo. No hubo respeto de los acuerdos. Todo fue un montaje, una farsa. Así se las gastan los de arriba. Hoy, los habitantes de Temaca están amenazados.

Para gobernar se precisa sensibilidad. La Secretaría de Gobernación y la Conagua piensan que una presa no se debe detener porque unos cuantos pobretones tengan la terquedad de vivir donde siempre han vivido. Ellos piensan que dándoles unas cuantas casas nuevas en otro lugar, los habitantes deberían darse por bien servidos. Y no solamente eso. Es una afrenta que las autoridades traten a los habitantes de un pueblo como estúpidos, como tontos, como gente que no tiene ni dignidad, ni inteligencia, ni derecho a pensar y a defenderse. Decir, por parte de las autoridades, que les harán un nuevo centro de población, que ellos, los habitantes, serán los encargados de explotar el turismo que se haga de la presa, que transportarán todos los monumentos artísticos e históricos de Temacapulín al nuevo poblado, y que hasta el panteón se llevarán, decir eso es una afrenta. Puros espejitos.

Como las autoridades no convencen a los inconformes con falsas promesas (si no cumplieron la promesa de un diálogo, ¿cómo pensar que cumplirán todas las bondades que dibujan en su nuevo centro de población?), vienen las amenazas. El subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, advirtió que “este gobierno jamás recurre ni recurrirá a medios de represión, pero que nadie se fíe, si alguien comete un delito que espere la aplicación de la ley en contra de la comisión de delitos, es una situación que no se puede calificar de represión de modo alguno”. Lo mismo declaró César Coll Carabias, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA): “Si ese señor [cualquier habitante de Temacapulín] cometió un delito tiene que afrontar sus responsabilidades, no se vale que porque ellos estén en su derecho de oponerse a la construcción cometan un delito. ¿Cuál es el Estado de derecho?” Sí, las leyes ante todo, la utilización del marco jurídico para amedrentar. Parece que estos señores piensan que en México todos son parte del crimen organizado y no distinguen. El querer defender el derecho (sí, el derecho) que todo ciudadano tiene a vivir donde siempre ha vivido, es visto como un delito, como un hecho equiparable a pertenecer a un cártel de la droga. Es el margen que da “la guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

¿Qué sigue?, ¿hacia dónde? Los de Temacapulín están dispuestos a defender su poblado. Tienen el derecho. Lo han hecho desde muchas vías y en varias instancias. Pero los impulsores de la presa no quieren ceder: ¿cuántos negocios particulares se vendrían abajo?, ¿cuántas asignaciones de obras?, ¿cuántas promesas de explotación turística del embalse?, ¿cuántas promesas de agua para empresarios de Guanajuato? Es mucho lo que hay en juego, y por eso la insistencia en la construcción, cueste lo que cueste. Ojalá en la Conagua, en el gobierno federal y en los estatales de Jalisco y Guanajuato recapaciten y busquen otras opciones para la presa. Pero ellos no ceden. Ellos son tercos. A ellos les importan poco los afectados. La cuestión es hasta dónde irán los de Temaca. ¿Qué gobierno tenemos que es necesario ir hasta lo último para defender un derecho fundamental, que es el vivir donde siempre uno ha vivido?

jorge_naredo@yahoo.com