MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En el quinto año de la administración de Felipe Calderón, la política de seguridad no se reflejan en la disminución de la violencia contra las mujeres y, menos aún, en un mayor acceso a la justicia.
Activistas y académicas advierten, por el contrario, que la impunidad en casos como el feminicidio va en ascenso y que las mexicanas están más expuestas a la violencia.
Según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de la organización Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas 3 mil 726 mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra –con base en datos de las procuradurías estatales– que de enero de 2009 a junio de 2010 se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 entidades de la República; de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
En cinco años de gestión, el gobierno federal ha destinado año con año cada vez más presupuesto para las dependencias que encabezan la llamada “guerra” contra el crimen.
De acuerdo con el documento “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), el gasto público para seguridad y procuración de justicia en el ámbito federal casi se ha duplicado desde 2007. En ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos, mientras que para este 2011, se destinaron 115 mil 825 millones.
El presupuesto asignado para combatir la violencia de género se duplicó entre 2010 y 2011, de 65 millones de pesos a 110 millones. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en este año representa sólo 10% del gasto total contra la criminalidad.
El monto de 110 millones de pesos corresponde a lo asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En cinco años de administración calderonista, la opacidad en el manejo de los recursos federales contra la violencia de género ha sido una constante.
Para muestra un botón: En 2008 se le asignaron a la Segob 40 millones de pesos para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), promulgada en 2007.
En 2009, la Cámara de Diputados únicamente aprobó a la Secretaría de Gobernación nueve millones de pesos para la elaboración del diagnóstico nacional. El argumento fue que las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género detectaron que hubo subejercicio y falta de transparencia en el manejo de los 40 milones de pesos. Hasta ahora el diagnóstico, una obligación marcada en la Ley General, sigue sin elaborarse.
Sin acceso a la justicia
En el Diagnóstico sobre la Seguridad Pública en México, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la investigadora Gabriela Pérez García señala que la existencia de una política de seguridad no se traduce necesariamente en la vigencia del estado de derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia para la población, en particular para las mujeres.
“No es suficiente que una política garantice seguridad si ésta no genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación, y pasa por alto los derechos humanos y las garantías constitucionales; (en ese caso) es una política que no cumple con su cometido”, advierte.
Pérez García recalca que la seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el estado de derecho: “Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población.”
Alejandra Massolo, investigadora y consultora en temas de equidad de género y gobiernos locales, afirma, por su parte, que la violencia de género atenta directamente contra la ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer los derechos, participar en la vida pública, gozar de las libertades democráticas, y contribuir al desarrollo local y nacional.
En su estudio “Género y Seguridad Ciudadana: el papel y reto de los gobiernos locales”, indica que si la ciudadanía de las mujeres es todavía más formal que efectivamente real, la violencia que las afecta tanto en el ámbito privado como público, inhibe y desgasta sus derechos, sus espacios y su empoderamiento conquistados a lo largo de innumerables luchas, “manteniendo la normal supremacía de la ciudadanía masculina”.
En su propuesta de seguridad, presentada a principios de este mes, la UNAM y el IIDC apuntan que el acelerado crecimiento presupuestal para la policía y el Poder Judicial implica un estimado de 300 pesos per cápita, lo cual –aducen– sería incompatible con la participación de 100 pesos per cápita para el sistema de procuración de justicia, el cual incluye a la policía de investigación.
“Lo que muestra la común tentación de enfocar el desarrollo institucional solamente en una de las áreas relevantes para el combate a la corrupción y la reducción de la violencia”, explican las instituciones académicas.
Expertas en el combate a la violencia de género observan que hay una “gran desconexión” entre el incremento del presupuesto y los resultados en materia de seguridad pública. Aseguran que no hay un decremento de la violencia contra las mujeres, y que por el contrario ambas variables (presupuesto y criminalidad) aumentaron a la par.
Impunidad
María de la Luz Estrada, coordinadora general del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
“(Calderón) se ha esforzado por acabar con violencia a la delincuencia organizada propiciando más violencia; no ha hecho una cosa mínima para atacar la violencia contra las mujeres, y en cambio sí ha abierto muchos frentes en contra de ellas (el aumento del feminicidio y la trata de personas), lo que propicia un ambiente de permisividad para violentar a las mujeres al negarles su acceso a la justicia y violentar sus Derechos Humanos”, explica.
Luz Estrada critica a instancias federales creadas en este sexenio para combatir la violencia de género, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), por considerar que “no dan el ancho” y carecen de “compromisos reales” en el tema.
“Hasta el momento no hay registros de homicidios dolosos de mujeres, tampoco de desaparecidas”, lo cual nos tiene en alerta, enfatiza la activista.
Abunda que ahora con la “guerra” de Calderón contra el crimen como política de Estado, las organizaciones de mujeres tienen nuevos frentes para atacar la violencia de género. “Ya no sólo es el feminicidio, ahora también está la trata de personas vinculada a la delincuencia organizada”, subraya.
Estrada acota que el OCNF ahora está documentando “levantones de mujeres” en Chihuahua y Sinaloa, y que en el caso de Guerrero, donde recientemente se tipificó el feminicidio, ahora a las habitantes “las sacan de su casas, las matan, las violan y se cometen un sinfín de vejaciones en su contra”.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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