JALAPA, Ver. (apro).- El Juzgado Segundo de Distrito dio entrada hoy a un recurso de amparo promovido por la defensa legal de los “tuiteros” María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados por el gobierno estatal de los presuntos delitos de terrorismo y sabotaje por difundir mensajes en las redes sociales sobre presuntos atentados del crimen organizado en escuelas de la entidad.
El acuerdo fue publicado en estrados el pasado miércoles 7, bajo el expediente 1231/2011, informó el abogado Fidel Ordóñez Solana, quien agregó que el Poder Judicial citó a las partes involucradas -el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, y a los acusados-, a la audiencia constitucional que se llevará a cabo a las 14:00 horas del 23 de septiembre próximo.
Asimismo, emplazó a las autoridades señaladas como responsables de violar las garantías constitucionales de los acusados, a entregar “informes justificados” en un término de tres días, que acrediten la existencia del acto reclamado y aquellas que sirvieron de base para emitirlo.
En caso de no cumplir o hacerlo de manera extemporánea, subrayó, “al resolver el fondo del asunto, les será impuesta multa por el equivalente a 30 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica”, con fundamento en diversos artículos de la Ley de Amparo.
El pasado lunes 5, la defensa jurídica interpuso el recurso de amparo a favor de los acusados de haber difundido el 25 de agosto, a través de Twitter y Facebook, textos que alertaban sobre supuestos atentados en centros escolares. Luego de esa acción, fueron detenidos y consignados por la PGJE, días después una juez del fuero común dictó auto de formal prisión en su contra.
El amparo fue interpuesto por la defensa de los cibernautas contra el auto de formal prisión, por considerar que fue violado el derecho a la libertad de expresión por haber expresado algunas ideas en sus cuentas de Twitter y Facebook, explicó Ordóñez Solana, que calificó la detención de sus defendidos como un “exceso de autoritarismo” de parte del gobierno de Javier Duarte.
En este sentido, la defensa jurídica reclama la violación “flagrante e inminente” a la libertad de expresión que protege la Constitución mexicana, así como los artículos 7 y 19, y demás relativos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por el gobierno mexicano en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Lo que hizo el gobierno del estado con esta medida, dijo el abogado, fue lanzar un mensaje con la detención de estas personas para que los ciudadanos dejen de expresar sus puntos de vista e informen, a través de las redes sociales, lo que realmente está pasando en el tema de la violencia ante la presencia del crimen organizado en Veracruz.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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