Sempra, el Royale, casinos, Aviacsa y Lozano Gracia
Jaime Martínez Veloz
¿Qué tienen en común una regasificadora de Sempra Energy de Ensenada y el casino Royale de Monterrey?
En ambos casos, los municipios donde se asientan estas empresas han sufrido las consecuencias de la irresponsabilidad de la Federación, que ha aprobado sin consultar a los ciudadanos de ambos municipios su opinión con respecto al tipo de actividades que ambas empresas llevan a cabo y los riesgos que las mismas implican.
En forma atropellada y haciendo un uso indebido de sus atribuciones, las dependencias federales han impuesto a los habitantes de ambos municipios acciones que contravienen las actividades que históricamente han caracterizado a estas dos ciudades del país. El pacto federal es en la práctica una entelequia.
El turismo, la pesca y la seguridad de los habitantes han sido afectados en Ensenada por la contaminación y los riesgos que implica la regasificadora de Sempra Energy, y en el caso de Monterrey la seguridad que caracterizaba a esa ciudad debido a su imponente desarrollo industrial se ha visto trastocada por la presencia del crimen organizado, que ha ampliado su caldo de cultivo con el crecimiento inusitado de los casinos y los juegos de apuesta, instalados en medio de una circunstancia que hasta ahora no ha sido aclarada a cabalidad por una Secretaría de Gobernación más preocupada por eludir su responsabilidad que por clarificar la forma y la ruta que ha permitido la proliferación de los casinos en México, en particular en el estado de Nuevo León.
Sin embargo, en los casos de la regasificadora de Ensenada y el casino Royale, más allá de las similitudes descritas, existen otras que explican en alguna medida el grado de intereses coludidos que han afectado a las poblaciones de ambos lugares.
En el caso de la regasificadora de Ensenada se han documentado, a través de diferentes colaboraciones en este mismo espacio, los procedimientos ilegales a través de los cuales la trasnacional energética se apropió indebidamente de un predio colindante a sus instalaciones en Ensenada, que fue obtenido mediante una operación de compraventa con una supuesta propietaria el 31 de enero de 2006, cuando la misma había fallecido el 10 de octubre de 2004, por lo cual dicha compra era nula de pleno derecho. Mediante la protección del anterior gobierno del estado, dirigido por Eugenio Elorduy, la empresa de marras despojó del terreno a su legítimo propietario, el señor Ramón Sánchez Ritchie, al cual le fue devuelta su propiedad mediante un laudo del Poder Judicial de la Federación. A partir de esta acción, dicho señor ha sido presionado desde diferentes esferas del poder en el estado y la Federación para que se desista de sus querellas en contra de la empresa Sempra Energy, que lo había despojado de su propiedad.
En el caso del asunto de las casinos en Monterrey se ha documentado que el señor Ramón Madero es el principal accionista tanto de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, mencionada como la compañía que tenía el permiso para operar el casino Royale, como de Aviacsa, y quien funge como abogado del mismo es Antonio Lozano Gracia, ex procurador de la nación, el cual es al mismo tiempo abogado defensor de Sempra Energy. ¡Qué chico es el mundo!
En este contexto, Antonio Lozano Gracia, por la vía de su cliente Ramón Madero, el accionista de Atracciones y Emociones Vallarta y Aviacsa, manda amenazar al señor Ramón Sánchez Ritchie, contraparte de Sempra Energy en Ensenada, mediante un correo electrónico, el 9 de marzo del presente año, donde textualmente le dice: “Ramón, estuve en mi junta en la SCT hoy en la mañana… para sacar adelante a Aviacsa. Después de la junta me jaló el lic. Lozano (Gracia) y me dijo que era por beneficio nuestro el desistirnos y me dio una serie de argumentos y me comentó que ayer estuvo el presidente de Sempra con él y que de buena manera nos ayudarían, pero sí traen la consigna de chingarte…” A este correo Ramón Madero le renvía un correo de Lozano Gracia alg@alozanogsc.com titulado “Envío documentos solicitados tal cual llegaron”.
Dichos documentos son un texto para que lo firme el señor Ramón Sánchez Ritchie, que consiste en un desistimiento de una demanda de garantías del expediente 670/2010 en contra de Sempra Energy, donde se le hace saber al demandante que en caso de concretarse el desistimiento del juicio de amparo, “la controversia se centrará en las acciones civiles correspondientes a efecto de demostrar el mejor derecho para poseer que sostienen tanto el señor Sánchez Ritchie como Energía Costa Azul, respecto del predio en conflicto, con lo que existirá certeza jurídica”.
Al mismo tiempo, cual señor de horca y cuchillo, advierte Lozano Gracia que “en caso de que no sea concretado el desistimiento del juicio de amparo continuaran además de dicha demanda de amparo la suspensión provisional decretada en dicho procedimiento a favor de Energía Costa Azul; la demanda de amparo promovida por Energía Costa Azul en contra de los actos de autoridad del municipio y las acciones penales promovidas por Energía Costa Azul, tanto en el ámbito local como federal”. Resulta obvio decir que dicho desistimiento nunca fue firmado por el agraviado.
A partir de lo aquí descrito, está claro que la actual situación de crisis que vive nuestro país se debe en gran medida al entramado de intereses absurdos de quienes haciendo abuso de su poder económico y político han desmantelado y pervertido a las instituciones mexicanas, han debilitado al Estado mexicano y han contribuido en gran medida a la cada vez más ríspida y violenta confrontación social.
Es hora de construir un nuevo andamiaje social, construir un movimiento de movimientos a lo largo y a lo ancho del país, que nos permita recuperar la esperanza y esencia original de la política, para que sea ésta y no la violencia mediante la cual podamos procesar nuestras diferencias y hasta nuestros conflictos.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
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