Con el aval del gobierno estatal, el ayuntamiento de San Martín Texmelucan y la presidencia auxiliar de San Rafael Tlanalapan, ayer se consumó la expulsión de esa comunidad de 50 familias que profesan el culto evangélico, como resultado de la intolerancia de la mayoría católica.
En este conflicto las críticas se han centrado en la responsabilidad de las autoridades civiles, pero poco se ha dicho de lo que le toca a la arquidiócesis de Puebla, que se ha visto, por lo menos, ausente, cuando no complaciente, con las actitudes agresivas de sus feligreses.
Particularmente es repudiable el comportamiento del párroco de Tlanalapan, quien en tres ocasiones al menos ha incitado a la violencia a su grey, pero parece que en ninguna ha sido reconvenido de manera enérgica por sus superiores, dada la reincidencia en sus llamados a la intolerancia.
La alta jerarquía católica debería apaciguar a sus fieles, toda vez que los hechos expuestos en San Rafael son contrarios a las normas de la iglesia católica, que en los últimos años ha pregonado la convivencia, el diálogo y la tolerancia hacia otros cultos.
El arzobispo, sus auxiliares o cualquier otro líder de alta envergadura deberían haber hecho acto de presencia en Tlanalapan para calmar los ánimos de los creyentes católicos, pero su ausencia parece responder a una actitud autoritaria y vertical que ha sido la constante en el clero y por la cual miles de creyentes han optado por emigrar a cultos que resultan ser más abiertos y tolerantes que la iglesia de El Vaticano.
Es necesario hacer un llamado a la cordura y el imperio de la ley, porque la intolerancia, en cualquiera de sus formas, no puede engendrar otra cosa que el rompimiento del tejido social y, eventualmente, la violencia.
Fuente: La Jornada de Oriente
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