Estado de los ESTADOS
07/10/2011
Por: Lilia Arellano
“El crimen hace iguales a todos los contaminados por él”: Marco Anneo Lucano.
• Construcción de una dictadura
• FCH pretende desestabilizar al país
• Inicia la militarización de Guerrero
• Critica Sicilia operativos conjuntos
• No ha fallado Iniciativa Mérida: EU
Octubre 6, 2011.- Felipe Calderón sigue escalando su guerra contra el narcotráfico. El Estado de Guerrero se sumó a las entidades con operativos anticrimen apuntalado por las fuerzas federales, horas después de que Veracruz hizo lo propio. Estos dos estados se suman a Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Michoacán, ninguno de ellos gobernado por el PAN, en donde se han aplicado operativos con mando único federal y cuyo resultado visible es la elevación de los niveles de hechos violentos: homicidios, secuestros, “levantones” y extorsiones, a pesar de los patrullajes militares, retenes, purga de cuerpos policiales y fortalecimiento de las estrategias de “inteligencia”, a cargo del Ejército, la Marina, la Policía Federal, pero sobre todo de las agencias gubernamentales de Estados Unidos. También como un efecto directo se tiene un grave aumento del consumo de estupefacientes y una mayor penetración del crimen en las instituciones estatales, además de violaciones a los derechos humanos y la creación de grupos paramilitares.
Durante el Foro Internacional de Seguridad Latinoamericana, Felipe Calderón advirtió que su fallida estrategia de seguridad es “de largo plazo”, que “no tiene atajos” y acusó que “en algunas zonas de México existe simbiosis entre el crimen organizado y las autoridades”. Adicionalmente, en su cuenta de Twitter, negó que despenalizando el consumo de drogas se solucione el problema relacionado con el crimen organizado, por lo que consideró que no tiene sentido una solución regional de ese tipo. Todo parece indicar que el actual e impuesto inquilino de Los Pinos no busca acabar con la inseguridad, con la delincuencia o con el narcotráfico, sino que trabaja por establecer las circunstancias políticas, sociales y económicas indispensables para determinar que no existen las condiciones necesarias para realizar elecciones federales y así, a través del establecimiento de un “estado de sitio” por la situación de emergencia, perpetuar al PAN en el poder con todo el respaldo de los Estados Unidos, toda vez que en unos comicios claros Acción Nacional no tiene ninguna posibilidad de ganar, derrota que sentaría a Calderón el próximo sexenio en el banquillo de los acusados.
La respuesta a sus declaraciones en dicho foro la recibió de donde menos se esperaba, del ex presidente de Colombia, César Gaviria, quien señaló que el verdadero problema del país no está en los mandos policiales, sino en los niveles de mayor jerarquía, los cuales se han involucrado con el narcotráfico. Aunque no lo dijo expresamente el ex mandatario sudamericano, las altas jerarquías del país son precisamente las que rodean a Calderón, los integrantes de su gabinete de seguridad, encabezadas por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica, y de la procuradora general de la República, Marisela Morales. Mención aparte merecen los titulares de la Marina y de la Sedena.
En un evento meramente mediático, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la procuradora general de la República, Marisela Morales, los titulares de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de Marina, Francisco Saynez, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, anunciaron la “Operación Guerrero Seguro”, que estará coordinada por el cuestionado García Luna. El operativo en la entidad que ha registrado un aumento del 100 por ciento en la actividad de la delincuencia, incluye el envío de mil 500 policías federales, despliegue territorial con patrullas, depuración y certificación de cuerpos policíacos, centros de reacción inmediata y “unidades de Inteligencia”, es decir la misma receta fallida.
La lucha contra el narcotráfico centrada en el aspecto policíaco-militar ha agravado el problema del narco y la violencia. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, reprobó los operativos conjuntos de las fuerzas federales en Veracruz y Guerrero, y consideró que se trata de responder a la violencia con más violencia, como parte de una estrategia que hasta hoy no ha funcionado y que deja inerme a la sociedad. En conferencia de prensa sostuvo que ese tipo de operativo policíaco-militar “abona más a la violencia, al terror, al desastre y anuncia más desastre”, por lo que será uno de los temas que tratarán el próximo 14 de octubre con Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec. Sicilia sostiene que lo exigible es una paz con justicia, y apostar a la reconstrucción del tejido social, lo que hasta el momento no se hace.
Ni se hará, al menos en lo que resta de la presente administración porque Felipe Calderón actúa respetando los lineamientos que le marcó George W. Bush al firmar la “Iniciativa Mérida”, que tiende a la militarización del país, corrompe el sistema político y destruye la soberanía nacional, y que ha resultado en la muerte violenta de más de 50 mil civiles, la mayoría pobres. Al mismo tiempo, le ha permitido a la industria militar de Estados Unidos vender cada día más armas a los grupos delincuenciales mexicanos y, lo más importante, canalizar más ganancias de la droga a sus grandes bancos. La guerra de las drogas ha sido el pretexto perfecto para la militarización del país y se ha convertido en una guerra contra los jóvenes, mujeres, indígenas y disidentes.
La “Iniciativa Mérida” financia a empresas de los Estados Unidos para entrenar fuerzas de seguridad en México, proveer “inteligencia” y tecnología de guerra, dar “asesoría” para reformar los sistemas de justicia y penal. Todo indica que es el camino elegido para convertir a México en una dictadura militar. Se intenta “imponer el orden” a través de un estado policiaco represor y la militarización. Es un plan diseñado y operado por militares estadounidenses y en cuya ejecución participan agentes de la DEA, del FBI, de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de Protección de Fronteras, del Servicio Secreto, de la Guardia Costera y de la Agencia de Seguridad y Transporte, con un número no revelado de agentes, los cuales trabajan sin respeto a las leyes mexicanas ni a las de Estados Unidos porque operan en territorio mexicano.
A pesar de los escándalos de los operativos “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”, a través de los cuales se introdujeron miles de armas a México para los cárteles de la droga, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, refrendó su confianza en el secretario de Justicia, Eric Holder, y aseguró una vez más que desconocía la primera operación. Obama sostiene que Holder “ha sido muy agresivo en la persecución del tráfico de armas y de transacciones bancarias a favor de los cárteles trasnacionales de la droga en México. Hay una gran cooperación entre EU y México en este frente”, dijo. No obstante, el senador Charles Grassley y el legislador Darrell Issa comprobaron que al menos desde julio de 2010 Holder recibió cinco memorandos sobre “Rápido y Furioso”, por lo que tenía pleno conocimiento del mismo.
Estados Unidos ha desembolsado más de mil 600 millones de dólares desde 2008 dentro de la “Iniciativa Mérida”, según los datos de la administración de Obama, a pesar de lo cual no se ha mejorado la difícil situación de la lucha contra el narcotráfico en México. Pese a todo, la secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos, Wendy Sherman, descartó que la “Iniciativa Mérida” falle y aseguró que su país mantendrá su apoyo a este tipo de planes.
Lo más importante dicho plan es que la “solución militar” de Estados Unidos en México permite que los grandes bancos estadounidenses reciban, laven y transfieran cientos de miles de millones de dólares a las cuentas de los capos de las droga, dinero que luego es utilizado para comprar armas modernas, pagar a ejércitos privados de sicarios –que ejecutan matanzas nunca antes vistas-, corromper a políticos y agentes judiciales. Los grandes bancos de Estados Unidos sirven como socios financieros de los criminales de los carteles de las drogas. El lavado de dinero es de hecho la fuente más lucrativa de las ganancias de Wall Street, con protección oficial. Sólo a un banco se le ha investigado por ese delito, Wachovia, en marzo de 2010, pero los cargos expiraron y ahora esta “limpio”. Wachovia pagó sólo 110 millones de dólares de multa por permitir transacciones que estaban relacionadas con el trasiego de droga. Fue sancionado por no aplicar las reglas contra el lavado de dinero a la transferencia de 378,400 millones de dólares -una suma equivalente a la tercera parte del PIB de México- en cuentas de dólares de casas de cambio en México. La multa fue de menos del 2 por ciento de las utilidades del banco en 2009, que fueron de 12,300 millones de dólares.
FRACASOS ESTATALES
En el Estado de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, la estrategia seguida por Calderón de militarizar las calles de esta frontera para contener el narcotráfico y el crimen organizado fracasó absolutamente, toda vez que incrementó el número de crímenes y de violaciones a los derechos humanos, cometidos por fuerzas de seguridad del Estado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registros de que los ataques más frecuentes son tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, retención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y la seguridad jurídica.
El Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) generó importantes costos sociales y económicos que pusieron en evidencia su fracaso. Se incrementaron los crímenes a niveles inusitados que convirtieron a Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del mundo. Al menos 80 por ciento de los negocios fueron extorsionados con el pago de cuotas para no ser incendiados, más de 15 mil cerraron debido a la ola de violencia; más de 3 mil familias huyeron hacia El Paso, Texas, ciudad que experimentó un repunte económico por esa causa. De hecho, el retiro de las tropas militares de las tareas de seguridad pública en Ciudad Juárez, se convirtió en un reclamo de la ciudadanía juarense y en un paso clave para separar la seguridad pública de la seguridad nacional dentro de los cuerpos de seguridad mexicanos, y para garantizar los recursos y la energía necesarios para fortalecer las instituciones policiales civiles.
En Nuevo León, a pesar de los operativos del Ejército y la Policía Federal en coordinación con el gobierno del Estado, sigue incrementándose la ola de violencia desatada por los cárteles de “Los Zetas” y del Golfo, quienes pelean el mercado de las drogas y sus actividades conexas en esa plaza. El índice de muertes relacionadas con el crimen organizado que opera en la entidad se elevó en un 300 por ciento. Las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública revelan que durante 2010 se registraron poco más de 400 muertes violentas o dolosas, mientras que en los primeros nueve meses de 2011 se registraron mil 305, es decir más del 300 por ciento. Los ajustes de cuentas en esa entidad terminan en asesinatos a tiros, desmembrados, calcinados e incluso “cocinados” con gasolina o ácido, a pesar de la presencia militar.
La ola de violencia que caracteriza a Tamaulipas provocó que durante los últimos 12 meses el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros haya emitido 10 alertas a los ciudadanos americanos a no viajar a esta entidad federativa, debido a los enfrentamientos entre civiles y civiles con autoridades militares o federales, robos de vehículos en las carreteras, así como en las ciudades que conforman el territorio tamaulipeco. Al igual que en Nuevo León, la violencia en Tamaulipas es producto de la rivalidad que existe entre el cártel del Golfo y “Los Zetas”, mientras que la policía federal que ha sido enviada a la localidad y el ejército han tenido un papel limitado en las operaciones de estas dos organizaciones delincuenciales.
Felipe Calderón se ha concretado a “condenar” “enérgicamente” los “hechos de violencia” ocurridos en Tamaulipas, particularmente el que se refiere al municipio de San Fernando, donde el pasado mes de abril fueron encontrados 59 cadáveres enterrados en ocho fosas, que suman a los 72 cuerpos de inmigrantes centroamericanos localizados en otra fosa en agosto de 2010. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ubican a Tamaulipas con el séptimo estado más violento del país y señalan un incremento de entre 48 y 200 por ciento en los delitos de alto impacto, así como del fuero común. A pesar de que militares tomaron el control de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y San Fernando, las incursiones militares en medio de las batallas que libran los cárteles de la droga por las diferentes plazas en las que se han convertido las entidades del país, no disminuyeron la tasa de homicidios,
La violencia generada por el narcotráfico en Michoacán obligó a los principales partidos políticos a retirar candidatos alcaldías. El PAN retiró a siete y el PRI y el PRD a dos cada uno, quienes ya no participaran en los comicios de noviembre. Michoacán está considerado como una de las seis entidades más violentas del país. La peligrosidad se concentra en Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.
El denominado “Michoacanazo” no sirvió de nada, tal vez sólo para dejar en ridículo una vez más a la Procuraduría General de la República. Los 35 servidores públicos, incluidos alcaldes, policías, un juez, un procurador, un secretario de Seguridad Pública y colaboradores cercanos al gobernador Leonel Godoy, acusados de estar ligados con “La Familia”, fueron dejados en libertad cuando la investigación más importante del sexenio se vino abajo. El mandatario estatal sigue esperando disculpas de la Federación, mientras en la entidad siguen operando bandas criminales, encabezados por “La Familia “ y “Los Caballeros Templarios”.
En general, la violencia generada por grupos criminales y potencializada con los operativos policíaco-militares de Calderón ha provocado en los últimos años el desplazamiento de centenas de miles de ciudadanos, y ha impactado las actividades comerciales, industriales y habitacionales. Entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León, registran miles de homicidios cometidos por sicarios al servicio de las organizaciones criminales o por paramilitares como los autodenominados “matazetas”.
DE LOS PASILLOS
En la Cámara de Diputados, el bloque conformado por el PRI, PVEM, Panal, PT y Movimiento Ciudadano, no alcanzó la mayoría calificada necesaria para la aprobación de los tres nuevos consejeros del IFE en la terna que integrarían David Gómez, Cecilia Tapia y Enrique Ochoa... Lo que si aprobaron los diputados con 327 votos fueron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil establezcan sus medidas de cobro por segundo y no por minuto… También en el Senado se aprobó el dictamen que contempla modificaciones al artículo 44 de dicha ley, con el que se determina el mismo objetivo. Sin embargo, los senadores dejaron abierta la posibilidad de que las empresas de telefonía puedan establecer planes por minuto y paquetes de servicio, con lo que “se perdió la oportunidad de acotar la voracidad” de dichas compañías, como lo señaló el coordinador del PT, Ricardo Monreal.
(lilia_arellano@yahoo.com)
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
07/10/2011
Por: Lilia Arellano
“El crimen hace iguales a todos los contaminados por él”: Marco Anneo Lucano.
• Construcción de una dictadura
• FCH pretende desestabilizar al país
• Inicia la militarización de Guerrero
• Critica Sicilia operativos conjuntos
• No ha fallado Iniciativa Mérida: EU
Octubre 6, 2011.- Felipe Calderón sigue escalando su guerra contra el narcotráfico. El Estado de Guerrero se sumó a las entidades con operativos anticrimen apuntalado por las fuerzas federales, horas después de que Veracruz hizo lo propio. Estos dos estados se suman a Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Michoacán, ninguno de ellos gobernado por el PAN, en donde se han aplicado operativos con mando único federal y cuyo resultado visible es la elevación de los niveles de hechos violentos: homicidios, secuestros, “levantones” y extorsiones, a pesar de los patrullajes militares, retenes, purga de cuerpos policiales y fortalecimiento de las estrategias de “inteligencia”, a cargo del Ejército, la Marina, la Policía Federal, pero sobre todo de las agencias gubernamentales de Estados Unidos. También como un efecto directo se tiene un grave aumento del consumo de estupefacientes y una mayor penetración del crimen en las instituciones estatales, además de violaciones a los derechos humanos y la creación de grupos paramilitares.
Durante el Foro Internacional de Seguridad Latinoamericana, Felipe Calderón advirtió que su fallida estrategia de seguridad es “de largo plazo”, que “no tiene atajos” y acusó que “en algunas zonas de México existe simbiosis entre el crimen organizado y las autoridades”. Adicionalmente, en su cuenta de Twitter, negó que despenalizando el consumo de drogas se solucione el problema relacionado con el crimen organizado, por lo que consideró que no tiene sentido una solución regional de ese tipo. Todo parece indicar que el actual e impuesto inquilino de Los Pinos no busca acabar con la inseguridad, con la delincuencia o con el narcotráfico, sino que trabaja por establecer las circunstancias políticas, sociales y económicas indispensables para determinar que no existen las condiciones necesarias para realizar elecciones federales y así, a través del establecimiento de un “estado de sitio” por la situación de emergencia, perpetuar al PAN en el poder con todo el respaldo de los Estados Unidos, toda vez que en unos comicios claros Acción Nacional no tiene ninguna posibilidad de ganar, derrota que sentaría a Calderón el próximo sexenio en el banquillo de los acusados.
La respuesta a sus declaraciones en dicho foro la recibió de donde menos se esperaba, del ex presidente de Colombia, César Gaviria, quien señaló que el verdadero problema del país no está en los mandos policiales, sino en los niveles de mayor jerarquía, los cuales se han involucrado con el narcotráfico. Aunque no lo dijo expresamente el ex mandatario sudamericano, las altas jerarquías del país son precisamente las que rodean a Calderón, los integrantes de su gabinete de seguridad, encabezadas por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica, y de la procuradora general de la República, Marisela Morales. Mención aparte merecen los titulares de la Marina y de la Sedena.
En un evento meramente mediático, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la procuradora general de la República, Marisela Morales, los titulares de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de Marina, Francisco Saynez, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, anunciaron la “Operación Guerrero Seguro”, que estará coordinada por el cuestionado García Luna. El operativo en la entidad que ha registrado un aumento del 100 por ciento en la actividad de la delincuencia, incluye el envío de mil 500 policías federales, despliegue territorial con patrullas, depuración y certificación de cuerpos policíacos, centros de reacción inmediata y “unidades de Inteligencia”, es decir la misma receta fallida.
La lucha contra el narcotráfico centrada en el aspecto policíaco-militar ha agravado el problema del narco y la violencia. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, reprobó los operativos conjuntos de las fuerzas federales en Veracruz y Guerrero, y consideró que se trata de responder a la violencia con más violencia, como parte de una estrategia que hasta hoy no ha funcionado y que deja inerme a la sociedad. En conferencia de prensa sostuvo que ese tipo de operativo policíaco-militar “abona más a la violencia, al terror, al desastre y anuncia más desastre”, por lo que será uno de los temas que tratarán el próximo 14 de octubre con Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec. Sicilia sostiene que lo exigible es una paz con justicia, y apostar a la reconstrucción del tejido social, lo que hasta el momento no se hace.
Ni se hará, al menos en lo que resta de la presente administración porque Felipe Calderón actúa respetando los lineamientos que le marcó George W. Bush al firmar la “Iniciativa Mérida”, que tiende a la militarización del país, corrompe el sistema político y destruye la soberanía nacional, y que ha resultado en la muerte violenta de más de 50 mil civiles, la mayoría pobres. Al mismo tiempo, le ha permitido a la industria militar de Estados Unidos vender cada día más armas a los grupos delincuenciales mexicanos y, lo más importante, canalizar más ganancias de la droga a sus grandes bancos. La guerra de las drogas ha sido el pretexto perfecto para la militarización del país y se ha convertido en una guerra contra los jóvenes, mujeres, indígenas y disidentes.
La “Iniciativa Mérida” financia a empresas de los Estados Unidos para entrenar fuerzas de seguridad en México, proveer “inteligencia” y tecnología de guerra, dar “asesoría” para reformar los sistemas de justicia y penal. Todo indica que es el camino elegido para convertir a México en una dictadura militar. Se intenta “imponer el orden” a través de un estado policiaco represor y la militarización. Es un plan diseñado y operado por militares estadounidenses y en cuya ejecución participan agentes de la DEA, del FBI, de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de Protección de Fronteras, del Servicio Secreto, de la Guardia Costera y de la Agencia de Seguridad y Transporte, con un número no revelado de agentes, los cuales trabajan sin respeto a las leyes mexicanas ni a las de Estados Unidos porque operan en territorio mexicano.
A pesar de los escándalos de los operativos “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”, a través de los cuales se introdujeron miles de armas a México para los cárteles de la droga, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, refrendó su confianza en el secretario de Justicia, Eric Holder, y aseguró una vez más que desconocía la primera operación. Obama sostiene que Holder “ha sido muy agresivo en la persecución del tráfico de armas y de transacciones bancarias a favor de los cárteles trasnacionales de la droga en México. Hay una gran cooperación entre EU y México en este frente”, dijo. No obstante, el senador Charles Grassley y el legislador Darrell Issa comprobaron que al menos desde julio de 2010 Holder recibió cinco memorandos sobre “Rápido y Furioso”, por lo que tenía pleno conocimiento del mismo.
Estados Unidos ha desembolsado más de mil 600 millones de dólares desde 2008 dentro de la “Iniciativa Mérida”, según los datos de la administración de Obama, a pesar de lo cual no se ha mejorado la difícil situación de la lucha contra el narcotráfico en México. Pese a todo, la secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos, Wendy Sherman, descartó que la “Iniciativa Mérida” falle y aseguró que su país mantendrá su apoyo a este tipo de planes.
Lo más importante dicho plan es que la “solución militar” de Estados Unidos en México permite que los grandes bancos estadounidenses reciban, laven y transfieran cientos de miles de millones de dólares a las cuentas de los capos de las droga, dinero que luego es utilizado para comprar armas modernas, pagar a ejércitos privados de sicarios –que ejecutan matanzas nunca antes vistas-, corromper a políticos y agentes judiciales. Los grandes bancos de Estados Unidos sirven como socios financieros de los criminales de los carteles de las drogas. El lavado de dinero es de hecho la fuente más lucrativa de las ganancias de Wall Street, con protección oficial. Sólo a un banco se le ha investigado por ese delito, Wachovia, en marzo de 2010, pero los cargos expiraron y ahora esta “limpio”. Wachovia pagó sólo 110 millones de dólares de multa por permitir transacciones que estaban relacionadas con el trasiego de droga. Fue sancionado por no aplicar las reglas contra el lavado de dinero a la transferencia de 378,400 millones de dólares -una suma equivalente a la tercera parte del PIB de México- en cuentas de dólares de casas de cambio en México. La multa fue de menos del 2 por ciento de las utilidades del banco en 2009, que fueron de 12,300 millones de dólares.
FRACASOS ESTATALES
En el Estado de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, la estrategia seguida por Calderón de militarizar las calles de esta frontera para contener el narcotráfico y el crimen organizado fracasó absolutamente, toda vez que incrementó el número de crímenes y de violaciones a los derechos humanos, cometidos por fuerzas de seguridad del Estado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registros de que los ataques más frecuentes son tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, retención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y la seguridad jurídica.
El Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) generó importantes costos sociales y económicos que pusieron en evidencia su fracaso. Se incrementaron los crímenes a niveles inusitados que convirtieron a Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del mundo. Al menos 80 por ciento de los negocios fueron extorsionados con el pago de cuotas para no ser incendiados, más de 15 mil cerraron debido a la ola de violencia; más de 3 mil familias huyeron hacia El Paso, Texas, ciudad que experimentó un repunte económico por esa causa. De hecho, el retiro de las tropas militares de las tareas de seguridad pública en Ciudad Juárez, se convirtió en un reclamo de la ciudadanía juarense y en un paso clave para separar la seguridad pública de la seguridad nacional dentro de los cuerpos de seguridad mexicanos, y para garantizar los recursos y la energía necesarios para fortalecer las instituciones policiales civiles.
En Nuevo León, a pesar de los operativos del Ejército y la Policía Federal en coordinación con el gobierno del Estado, sigue incrementándose la ola de violencia desatada por los cárteles de “Los Zetas” y del Golfo, quienes pelean el mercado de las drogas y sus actividades conexas en esa plaza. El índice de muertes relacionadas con el crimen organizado que opera en la entidad se elevó en un 300 por ciento. Las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública revelan que durante 2010 se registraron poco más de 400 muertes violentas o dolosas, mientras que en los primeros nueve meses de 2011 se registraron mil 305, es decir más del 300 por ciento. Los ajustes de cuentas en esa entidad terminan en asesinatos a tiros, desmembrados, calcinados e incluso “cocinados” con gasolina o ácido, a pesar de la presencia militar.
La ola de violencia que caracteriza a Tamaulipas provocó que durante los últimos 12 meses el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros haya emitido 10 alertas a los ciudadanos americanos a no viajar a esta entidad federativa, debido a los enfrentamientos entre civiles y civiles con autoridades militares o federales, robos de vehículos en las carreteras, así como en las ciudades que conforman el territorio tamaulipeco. Al igual que en Nuevo León, la violencia en Tamaulipas es producto de la rivalidad que existe entre el cártel del Golfo y “Los Zetas”, mientras que la policía federal que ha sido enviada a la localidad y el ejército han tenido un papel limitado en las operaciones de estas dos organizaciones delincuenciales.
Felipe Calderón se ha concretado a “condenar” “enérgicamente” los “hechos de violencia” ocurridos en Tamaulipas, particularmente el que se refiere al municipio de San Fernando, donde el pasado mes de abril fueron encontrados 59 cadáveres enterrados en ocho fosas, que suman a los 72 cuerpos de inmigrantes centroamericanos localizados en otra fosa en agosto de 2010. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ubican a Tamaulipas con el séptimo estado más violento del país y señalan un incremento de entre 48 y 200 por ciento en los delitos de alto impacto, así como del fuero común. A pesar de que militares tomaron el control de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y San Fernando, las incursiones militares en medio de las batallas que libran los cárteles de la droga por las diferentes plazas en las que se han convertido las entidades del país, no disminuyeron la tasa de homicidios,
La violencia generada por el narcotráfico en Michoacán obligó a los principales partidos políticos a retirar candidatos alcaldías. El PAN retiró a siete y el PRI y el PRD a dos cada uno, quienes ya no participaran en los comicios de noviembre. Michoacán está considerado como una de las seis entidades más violentas del país. La peligrosidad se concentra en Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.
El denominado “Michoacanazo” no sirvió de nada, tal vez sólo para dejar en ridículo una vez más a la Procuraduría General de la República. Los 35 servidores públicos, incluidos alcaldes, policías, un juez, un procurador, un secretario de Seguridad Pública y colaboradores cercanos al gobernador Leonel Godoy, acusados de estar ligados con “La Familia”, fueron dejados en libertad cuando la investigación más importante del sexenio se vino abajo. El mandatario estatal sigue esperando disculpas de la Federación, mientras en la entidad siguen operando bandas criminales, encabezados por “La Familia “ y “Los Caballeros Templarios”.
En general, la violencia generada por grupos criminales y potencializada con los operativos policíaco-militares de Calderón ha provocado en los últimos años el desplazamiento de centenas de miles de ciudadanos, y ha impactado las actividades comerciales, industriales y habitacionales. Entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León, registran miles de homicidios cometidos por sicarios al servicio de las organizaciones criminales o por paramilitares como los autodenominados “matazetas”.
DE LOS PASILLOS
En la Cámara de Diputados, el bloque conformado por el PRI, PVEM, Panal, PT y Movimiento Ciudadano, no alcanzó la mayoría calificada necesaria para la aprobación de los tres nuevos consejeros del IFE en la terna que integrarían David Gómez, Cecilia Tapia y Enrique Ochoa... Lo que si aprobaron los diputados con 327 votos fueron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil establezcan sus medidas de cobro por segundo y no por minuto… También en el Senado se aprobó el dictamen que contempla modificaciones al artículo 44 de dicha ley, con el que se determina el mismo objetivo. Sin embargo, los senadores dejaron abierta la posibilidad de que las empresas de telefonía puedan establecer planes por minuto y paquetes de servicio, con lo que “se perdió la oportunidad de acotar la voracidad” de dichas compañías, como lo señaló el coordinador del PT, Ricardo Monreal.
(lilia_arellano@yahoo.com)
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
No hay comentarios:
Publicar un comentario