“The Royal Tour”

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El presidente Felipe Calderón dio inicio en días pasados a una serie de programas publicitarios, denominada The Royal Tour, con el aparente fin de fomentar el turismo a México. Esta campaña no tendría nada de malo; antes bien, sería oportuna y pertinente si no fuera por la inconstitucional presencia de Felipe Calderón en funciones de conductor de una serie sufragada con recursos públicos. Veamos por qué.

Primero. Qué bueno que se hagan programas de fomento al turismo hacia México y sus riquezas naturales. Nadie en su sano juicio le regatearía a esta iniciativa, dirigida tanto al público internacional como local, su oportunidad y pertinencia; sobre todo ahora, con la crisis de inseguridad en el país, cuando en amplias porciones del territorio se multiplican las muertes violentas. Con todo, es muy grave que el propio presidente Calderón aparezca como conductor y coordinador de la serie de referencia. Por una parte, porque no sólo es casi imposible que exista una opinión compartida entre la sociedad mexicana de que las prendas intelectuales y físicas de Calderón son imprescindibles y únicas para un trabajo televisivo de esa envergadura, toda vez que ello supondría que no hay mexicano o mexicana que satisfaga igual o mejor las dotes de actuación, la capacidad histriónica y, por supuesto, la estética modélica alternativa del presidente.

Suponiendo sin conceder que esa posibilidad fuera una realidad susceptible de ser verificada: ¿Alguien ha leído encuestas, sondeos o trabajos de grupos de enfoque que arrojen que Felipe Calderón tiene habilidades extraordinarias como conductor televisivo? ¿Por qué no existen, al menos de acceso público, razones que funden y motiven la presencia de Calderón en un proyecto de semejante naturaleza al principio del fin de su gobierno?

Segundo. Habría que recordar que el presidente de la República está sujeto al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Para no ir muy lejos, el octavo párrafo del artículo 134 constitucional vigente no deja lugar a dudas de la inconstitucionalidad en que ahora incurre el titular del Ejecutivo Federal con su conducta. ¿Alguien cree que son razones de astringencia presupuestal, idoneidad física, o simplemente casualidad las que hacen que la imagen, la voz y el nombre de Felipe Calderón sean factores vastos y suficientes para que se le exima de observar la Constitución?

Más todavía: ¿El saludo del presidente Calderón a su madre y a su hermana, la candidata a gobernadora de Michoacán, en el primer número de la serie presidencial, habrán sido casualidades o necesidades improrrogables de la producción de la citada serie?

Tercero. Igualmente, por lo que respecta a las 20 fracciones del artículo 89 constitucional, que se refiere a las atribuciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, ¿alguien ha leído alguna que directa o indirectamente establezca que el presidente tiene el deber o la potestad de ser conductor televisivo? ¿No será en realidad parte de una estrategia electoral para reposicionar su imagen de cara a las elecciones presidenciales de 2012?

¿No es paradójico que el responsable directo del desplome del estado de derecho en amplias zonas del territorio nacional, por su estrategia fallida contra el crimen organizado, ahora se quiera promocionar como conductor de humor involuntario que insiste en que hay zonas “seguras” de turismo?

Es casi imposible justificar lo injustificable: que el presidente Calderón antepone su imagen personal para beneficio de él y de su gobierno a costa del cumplimiento y de la observancia del marco jurídico vigente. Incluso, es de llamar la atención que el presidente no sólo incumple lo dispuesto en la Constitución, sino que hace caso omiso de los lineamientos emitidos por él mismo a través de la Secretaría de Gobernación para observar supletoriamente lo previsto en el ya citado artículo 134.

En efecto, el artículo 4, párrafo cuarto del “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2011”, dispone: “Las dependencias y entidades serán las responsables de verificar que los contenidos de sus campañas sean acordes a lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que no se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. (Las cursivas son mías.)

Obviamente, el presidente no se ha vigilado a sí mismo. Es de esperar que los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional hagan valer los medios que les brinda el sistema legal para sancionar esta conducta presidencial, que no conoce límites legales y mucho menos éticos. Calderón se reinventa como una de las expresiones más arcaicas de lo que tanto ha criticado pero se ha empeñado en emular: el priismo de los años 70 utilizando recursos públicos para fines privados, en perjuicio de todos.

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Fuente: Proceso
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