Reporteros

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO

El ejercicio periodístico entraña riesgos que son inherentes a su naturaleza, en la medida en que la labor que se realiza puede poner en aprietos al poder político o a otro tipo de poderes fácticos al mostrar situaciones que para alguien no es conveniente que se hagan del conocimiento público. Las reacciones para inhibir este trabajo son variadas, y pueden ir, según el caso, desde agresiones verbales hasta amenazas, persecución, cárcel o muerte.

En México, el trabajo de los periodistas es una labor de riesgo. En plena guerra de Irak, estimaciones de la ONU ubicaron al país como el segundo lugar más peligroso, después de la nación árabe, para ejercer el periodismo, lo que es un agravante porque México no estaba, al menos en ese momento, en guerra.

Ahora podría hablarse de que es el país más peligroso del mundo. Según un recuento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2000 a 2011, en el país han sido asesinados 74 periodistas. La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), reporta 83 y Reporteros sin Fronteras, 80 comunicadores asesinados en el mismo período.

Más allá de las variaciones, la cifra es muy alta. En Guerrero de 2000 a 2011 han sido asesinados 11 periodistas, y es necesario mencionarlos para recordar que son personas con nombres y apellidos, no sólo cifras: Rafael Aguilar Villafuerte, director del semanario La Razón; Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político; Misael Tamayo Hernández, director de El Despertar de la Costa; Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa; Juan Carlos Hernández, editor de El Quijote de Taxco; Juan Daniel Martínez Gil, conductor de Radiorama; Jean Paul Ibarra Ramírez, reportero de Diario 21; Jorge Ochoa Martínez, editor de El Sol de la Costa; Evaristo Pacheco Solís, del semanario Visión Informativa; Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal de El Sol de Acapulco y María Elvia Hernández Galeana, del semanario Nueva Línea.

Actualmente está desaparecido desde el 7 de junio, sin que ninguna autoridad dé ningún informe sobre su paradero, el jefe de Información de Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz.

El tema viene a cuento porque parece que a la situación delicada que enfrenta el país entero, y en particular el estado de Guerrero, se va agregando una especie de norma no escrita en la que prevalece la impunidad en las agresiones a periodistas y una escasa actuación –cuando no francamente indebida u omisa– de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Este miércoles, por ejemplo, policías antimotines del municipio de Acapulco y del gobierno del estado desalojaron a maestros que bloquearon durante seis horas la avenida Costera y, como si hubiera una consigna en particular, los uniformados arremetieron en varias ocasiones y en distintos escenarios contra los reporteros que cubrían la información.

Antes, habían sido los propios maestros quienes agredieron verbalmente a los comunicadores.

Aunque la versión oficial es que el operativo se realizó sin violencia, los videos que cualquier persona puede ver en Internet, en la página Youtube, la desmienten. Ahí está la constancia gráfica: sin la posibilidad de alguna confusión, los policías arremetieron contra los reporteros, en particular quienes tomaban fotografías o video. Así se muestra, por ejemplo, cómo en al menos dos ocasiones el fotógrafo Pedro Pardo es directamente agredido a toletazos y los policías le echan montón y lo tiran al suelo. Otros comunicadores reciben empujones. Ahí están los videos, todos los pueden ver.

Asumir que no pasó nada y que es “natural” que pueda haber este tipo de incidentes cuando los policías realizan una operación en la que se reparten golpes a diestra y siniestra, no sólo es contrario a la esencia de la democracia, sino ilegal, y es un abuso de poder.

Las autoridades estatales y municipales no sólo están en obligación de ofrecer disculpas públicas, reparar los daños donde los haya habido, sino también de sancionar a los policías que cometieron los excesos. De otro modo, debe entenderse que éstos actuaron con intenciones precisas en tal sentido.

Los movimientos sociales también deben valorar su actitud ante los comunicadores, y en particular la Ceteg, que ya en otras movilizaciones semejantes ha tenido expresiones poco amigables hacia ellos.

Desde luego, también en un sentido autocrítico habría que reconocer que hay malos periodistas, como hay malos profesores y malos gobernantes, pero ninguna generalización es buena.

En cualquier Estado democrático, la libre actuación de la prensa es una premisa indiscutible, y lo es más con un gobierno que se reputa de izquierda o que al menos ha sido postulado por una coalición de izquierda.

Fuente: La Jornada de Guerrero