Roberto Garduño y Enrique Méndez
La reforma que presentará el gobierno federal en materia energética pretende dar plena seguridad a las grandes empresas para compartir la renta petrolera y conceder contratos no sólo para exploración y explotación, sino también en los procesos de refinación y venta de hidrocarburos, afirmaron ayer el ingeniero Javier Jiménez Espriú y el ex diputado federal Jaime Cárdenas Gracia.
Al participar en el Foro Petróleo y Energía: Mejoras Regulatorias, en la Cámara de Diputados, Jaime Cárdenas dijo que si bien en la reforma de 2008 –a iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa– se abrió la posibilidad de los contratos incentivados, lo que se quiere ahora es garantizar a los grandes corporativos que no serán expuestos al riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la autoridad reguladora o Petróleos Mexicanos (Pemex) puedan declarar nulas las futuras concesiones.
Jiménez Espriú sostuvo que la reforma ‘‘se está platicando en lo oscurito’’, en el denominado Pacto por México.
‘‘Quieren imponer una reforma en la que se quiere entregar –aunque no se dice– a la iniciativa privada el proceso de refinación y los que siguen, permitir alianzas para explorar yacimientos. Ya lo dijo el presidente (Enrique Peña Nieto) con todas sus letras en su gira por Europa: ‘Les vamos a pagar sus costos y vamos a repartir los dividendos’. Así de fácil y anticonstitucional’’, expresó.
Durante el foro, Cárdenas Gracia –también ex consejero electoral– recordó que la reforma de 2008 impuso tres nuevos mecanismos de entrega del petróleo, porque privatizó los objetivos de la industria petrolera nacional y los instrumentos de operación.
Refirió que el objeto de Pemex, como organismo público descentralizado se alteró para otorgarle características de empresa privada, con intención de maximizar la extracción de crudo y la ganancia.
Otro cambio, dijo, fue el régimen de excepción a la estructura que se le dio a la paraestatal en contraste con el resto de la estructura pública del país. Este régimen, agregó, no sólo se aplica en los beneficios que obtienen los consejeros independientes, sino principalmente en materia de adquisiciones y contratos.
La más importante modificación, declaró, fue la creación de dos instrumentos: las filiales y los contratos.
‘‘La reforma, en su artículo 19, fracción 11, autorizó múltiples filiales para realizar contratos con empresas de servicios nacionales y extranjeras, con contratos incentivados que se supone son de servicios, pero que comprometen la renta petrolera. Son contratos prohibidos por el párrafo 6, artículo 27 de la Constitución, y el vehículo para acordar estos contratos no son sólo Pemex corporativo y sus subsidiarias, sino las filiales’’.
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