Los Frentes en Defensa de Tepoztlán refrendan su oposición a la ampliación

Dulce Maya

TEPOZTLÁN. Pese a la criminalización del movimiento, “la lucha en contra de las obras de ampliación de la Autopista Cuautla-La Pera”, aún no concluye, advirtieron los integrantes de los Frentes en Defensa de Tepoztlán.

En un comunicado de prensa, el movimiento se declaró en alerta ante cualquier intento de detención policiaca en contra de sus integrantes o simpatizantes. “Alertamos a la opinión pública de cualquier detención que se pueda suscitar en contra de cualquiera de nuestros compañeros. Lo ilícitos reales y puntuales están siendo cometidos en este momento por la empresa Tradeco y la SCT en las tierras comunales resguardadas por los granaderos que comanda Graco Ramírez”.

Además de que denuncian “la política de criminalización de la protesta social” por parte del gobierno del estado y del municipio.

El movimiento acusa al gobierno estatal, municipal, la SCT y la constructora Tradeco de generar confrontación con la creación de grupos de choque que son enviados para interferir con las decisiones libres y responsables de la comunidad. “Exigimos un debate público acerca de las verdaderas razones de este proyecto y de las verdaderas consecuencias que tendría. Exigimos la presentación pública en el centro de Tepoztlán del proyecto de Ampliación de la Autopista La Pera-Cuautla por parte da la SCT, la Semarnart. Exigimos la salida inmediata de las máquinas que se encuentran devastando el territorio comunal”, resalta el documento. Ahí, exponen que luego de haberse instalado el plantón a las afueras del Palacio Municipal desde la mañana del 24 de julio, este fue levantado a las 9:30 horas del domingo 28 como “una estrategia de lucha para trasladarnos a la asamblea de comuneros”.

“No existió una ‘liberación’ del ayuntamiento como se ha manejado erróneamente en la prensa. Agradecemos al compañero Esteban Martínez y otros compañeros quienes se encontraban en huelga de hambre desde la tarde del miércoles en protesta por el despojo ilegal que está haciendo la SCT a la comunidad”, abundan.

Dan cuenta del desmantelamiento del campamento El Caudillo del Sur, la ausencia de permisos por parte de la SCT y Tradeco para realizar la obra y del rompimiento en medio de calificativos xenofóbicos, haciendo alarde de la fuerza y gritos agresivos sin ninguna argumentación válida y violentando con ello derechos de la libre opinión.

“Hacemos un llamado a todas las instituciones gubernamentales de este país y que todavía cuenten con dignidad para que actúen inmediatamente y detengan este crimen de Estado. Agradecemos a todas las organizaciones, personas y sociedad en general el apoyo otorgado al FUDT y al compañero Esteban Martínez”, concluye el texto.