| * La secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez demanda al Infonavit medidas urgentes frente a la crisis
El Programa Garantía Infonavit que lanzó este instituto es un fracaso debido a que los derechohabientes tienen que realizar trámites engorrosos para acceder al esquema de prórrogas que se aplica máximo durante 12 meses manifestó la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez.
La también presidenta del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) del Gobierno Legítimo de México, demandó al Infonavit medidas urgentes frente a la crisis, para resolver de fondo la situación que viven miles de derechohabientes que enfrentan problemas de pago a causa de la política usurera del instituto.
Señaló que con el Programa Garantía Infonavit, anunciado en días pasados por el director general del instituto, Víctor Manuel Borrás Setién, la mayor parte de los derechohabientes nunca logran acceder a ese esquema, bajo variados pretextos. Pero si el trabajador corre la suerte de ser considerado, la prórroga se aplica, máximo, durante 12 meses.
Asimismo resaltó que en ese tiempo le suspenden los pagos, pero le siguen cobrando los intereses de las mensualidades, con lo que la deuda crece en miles de pesos al capitalizarse esos intereses. Y debido a esta política el trabajador se ve forzado a reestructurar su crédito con el instituto, ya que al reinicio de los pagos, las mensualidades se incrementan por haber dejado de pagar durante un año los intereses.
También argumentó que este programa del Infonavit es una copia mala de la propuesta que hizo el Consejo de Defensa de la Vivienda al Instituto a raíz del anuncio de la pérdida de más de 12 mil empleos de Altos Hornos de México en diciembre pasado, donde en una mesa de trabajo en Monclova, Coahuila, se planteó un verdadero programa emergente frente a la recesión.
Este programa consiste en el congelamiento de la deuda, incluyendo los intereses, hasta en tanto el acreditado obtenga un nuevo empleo. Su aplicación sería automática a partir de la baja ante el IMSS, afirmó.
“En lugar de tanta palabrería, Víctor Manuel Borrás debe instruir a los despachos jurídicos que ha contratado para la cobranza, a dejar de hostigar a los trabajadores. Que no presionen al acreditado a firmar convenios judiciales que estipulan que en caso de pérdida de empleo hay que erogar el 35 por ciento de su último salario, en lugar del 25 por ciento que venía pagado; donde además aceptan que en caso de no pagar durante tres meses, el convenio se convierte en sentencia de desalojo. Ese es el rostro verdadero del programa Garantía Infonavit”, enfatizó.
“Alto a la persecución de los derechohabientes mediante convenios leoninos y violatorios de la ley. Alto al hostigamiento extrajudicial que ejercen los despachos jurídicos y las empresas trasnacionales Capmark y Scrap II para despojar a la gente de su vivienda”, exigió Castillo Juárez.
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