RICARDO RAVELO
Los cárteles de Sinaloa y del Golfo, los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas yLa Familia pagaban a funcionarios civiles y militares de varias dependencias, y no sólo de la SIEDO, para que les informaran sobre operativos, cateos, órdenes de aprehensión y cualquier otra cosa que les requirieran. De hecho, los primeros fungían como los verdaderos jefes de esa dependencia. Así, eran los narcos quienes dirigían la "lucha antinarco" del gobierno de Felipe Calderón.
La amplia red de protección del narco incluye a funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como agentes y comandantes de la Policía Internacional (Interpol), de la Policía Federal Preventiva (PFP) y efectivos del Ejército Mexicano que servían por igual a los intereses criminales de cinco cárteles mexicanos a cambio de fuertes pagos en dólares.
Así, la infiltración no se reduce a los mandos superiores de la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), coludidos con la célula representada por los hermanos Beltrán Leyva, como lo informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta penetración en todo el aparato de seguridad y de combate al crimen organizado, sin precedente en la historia reciente del país, explica en buena medida la atrofia que enfrenta el gobierno de Felipe Calderón para abatir la violencia y exterminar las redes patrimoniales del narcotráfico que florecen por todo el país.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, iniciada a mediados del 2008, confirma lo anterior con base en diversas declaraciones -la mayoría rendidas por testigos protegidos- que dan cuenta, por ejemplo, que exfuncionarios de la SIEDO recibieron pagos millonarios de los cárteles de Sinaloa y del Golfo; de la célula de los hermanos Beltrán Leyva, del grupo armado Los Zetas y de La Familia, grupo criminal que opera en una decena de estados de la República.
La investigación comenzó cuando agentes de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) le informaron al entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que sus colaboradores cercanos estaban ligados al narco.
Ahí se acredita que, lejos de enfrentar a las redes del narcotráfico con los instrumentos legales de la que fue dotada, la subprocuraduría más importante de la PGR terminó maniatada y puesta al servicio de la mayoría de los cárteles que operan en el país.
Este es un adelanto del reportaje que la revista Proceso publica en su edición 1681 que empezó a circular el domingo 18 de enero.
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