CARLOS ACOSTA CóRDOVA
MÉXICO, D.F. Aunque la Ley de Instituciones de Crédito prohíbe la participación de extranjeros con funciones de autoridad en los bancos mexicanos, el Grupo Financiero Banamex rechazó hoy que una mayor participación del gobierno estadounidense en el capital de Citigroup –que en automático aplica para el banco mexicano, filial del Citi-- viole el marco jurídico nacional.
Luego de que Citigroup y el gobierno de Barack Obama acordaron que éste canjearía acciones preferentes por acciones comunes, hasta por un monto de 25 mil millones de dólares, y que implicará que el gobierno se quede con una tenencia accionaria de hasta 36% de Citi, en México el grupo Banamex salió en defensa de la operación que, por efectos de la ley citada, Banamex tendría que ser vendido.
En comunicado, Banamex señala que la transacción no viola ninguna ley mexicana, pues a su juicio "es consistente con el marco jurídico en México".
Argumenta que la mayor participación del gobierno estadounidense en el capital de Citigroup "se da en condiciones extraordinarias y tiene carácter temporal. Esta participación no modifica la estrategia de negocios de Citi, su operación ni su administración y, por supuesto, tampoco las de Banamex."
Insiste en que Grupo Financiero Banamex "es una sociedad mexicana cuya administración corresponde a su Consejo de Administración, integrado mayoritariamente por destacados empresarios mexicanos, y a su director general, Manuel Medina Mora".
Por tanto, afirma, interpretar jurídicamente la mayor participación del gobierno norteamericano en el capital accionario de Citi "corresponde a las autoridades competentes".
No obstante, señala que "existen claros argumentos para afirmar que la operación hoy anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México". Y pone como ejemplo lo acordado por México, Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio, en el sentido de "darse la facultad irrestricta de adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ahorradores y a sus sistemas financieros."
Agrega: "En este acuerdo internacional se señala que ninguna disposición del Tratado puede interpretarse como un impedimento para que un Estado"adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales, tales como:
a) proteger a inversionistas, depositantes, participantes en el mercado financiero...;
b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras...; o
c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una Parte...".
En su comunicado, Banamex explica que "una de las medidas prudenciales que adoptan los gobiernos durante crisis financieras sistémicas es la de aportar capital a los bancos, como ha ocurrido en diversos países, como ocurre en esta crisis internacional con varias instituciones financieras y como sucedió con algunos bancos en México durante la crisis de 1995.
"Estas medidas –agrega-- tienen carácter temporal en tanto los países superan la emergencia económica."
Y concluye: "Disposiciones como éstas dan flexibilidad a los países de proteger a sus sistemas financieros y han permitido que continúen operando de acuerdo con la ley los diversos intermediarios mexicanos, filiales de bancos extranjeros que han recibido apoyos de capital de sus países. Esta protección a la inversión extranjera resulta muy importante para nuestro país, particularmente en las complejas condiciones de la economía global."
Sin embargo, así como Banamex argumenta con claridad, la ley mexicana de Instituciones de Crédito es expresa en sus prohibiciones.
Dice el artículo 13 de dicha ley: "No podrán participar en forma alguna, en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad".
Y aunque Vikram Pandit, el director ejecutivo de Citigroup, dijo que su equipo está "completamente a cargo de las operaciones del día a día de la compañía", no hay duda que con el 36% del capital de Citi en su poder, el gobierno de Obama tendrá fuerza decisoria –también en Banamex--, así sea temporalmente.
Y la ley mexicana lo prohíbe.
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