LA REDACCIóN
MÉXICO, D.F.. A casi tres años de la explosión en Pasta de Conchos, en la que perdieron la vida 65 mineros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la PGR sacar de la reserva la investigación y reiniciar los peritajes para perfeccionar la indagatoria.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, señaló que los funcionarios que participaron en la integración de la averiguación previa ignoraron varias solicitudes realizadas por peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) para que participaran expertos en minería y contar así con más evidencias.
En su segunda recomendación sobre el hecho, ocurrido el 19 de febrero de 2006, la CNDH destaca las deficiencias en las que incurrieron representantes de la PGR en la investigación y, sobre todo, por la decisión de haber enviado el expediente del caso a la reserva.
Puntualiza:
"Según las evidencias, fue un hecho que pudo evitarse de haberse aplicado las normas de seguridad establecidas para la correcta operación de la mina".
Soberanes criticó que la valoración de los funcionarios se hiciera sin tomar en cuenta varios dictámenes en materia de minería, y que la inspección ocular practicada en la mina no la hiciera personal ministerial.
En este sentido, la CNDH manifestó que al no practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como la reparación del daño y los perjuicios causados, los funcionarios de la PGR violaron derechos fundamentales.
Ante ello, solicitó al procurador Eduardo Medina Mora extraer de la reserva la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, realizar los dictámenes periciales solicitados por los peritos de la PGR, practicar las diligencias que se requieran para perfeccionar la indagatoria y determinar lo que conforme a derecho corresponda.
Así mismo, iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad a los servidores públicos que intervinieron desde su inicio en la integración de la averiguación previa.
El año pasado, las viudas de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos interpusieron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, por desconocer su estatus jurídico y negarles su derecho a reclamar el rescate de los restos de sus esposos.
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