Rosario Ibarra

Alerta, pueblo, más bien, porque de seguir como estamos hoy, no dudo que se quiera arrojar a la basura la Constitución entera. Sobran razones para esta afirmación que tal vez pueda ser incómoda para algunos, pero que con sólo revisar los diarios podrían darse cuenta de que no hay exageración en lo que digo.

Una muestra palpable fue la detención de 25 policías de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Tijuana, Baja California, llevada a cabo entre los días 21 y 30 de marzo. Los llamaron de la “comandancia” y, en cuanto llegaron, fueron privados de su libertad y trasladados a las instalaciones del octavo Batallón Militar denominado Aguaje de Tuna, en donde estuvieron cinco días, sin que se determinara su calidad jurídica ni acceso a defensa legal alguna.

Al abuso que constituyen las detenciones sin orden judicial se agrega el hecho terrible de la tortura, pues durante ese tiempo fueron brutalmente golpeados, sometidos a descargas eléctricas y constantemente amenazados con que iban a ser ejecutados.

Después de esos días, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 4… ¡en Tepic, Nayarit!, en donde se prolongó su detención ilegal hasta el 13 de mayo y en donde también un juez de distrito dictó en su contra autos de formal prisión… Hasta hoy, esos policías de Tijuana se encuentran encarceldos en el citado Centro Penitenciario (en Tepic, Nayarit), sin que a sus abogados se les permita el acceso a las constancias de su proceso penal, “ para que se realice el derecho que constitucionalmente tienen a una defensa legal adecuada”.

Este hecho no es único; constantemente se repiten en todo el territorio nacional los hechos ilegales, los hechos en los que se viola la Constitución, acompañados de la impunidad de la que gozan los que los cometen. Todo ello es un ultraje a la dignidad del pueblo de México; es una burla que llena de oprobio a quienes pensamos y luchamos por que se respete la ley. Cada acción de esa índole es como un fuetazo, como un golpe artero a los sentimientos nobles y a los anhelos del pueblo pobre de México, que es el más vulnerable y el más injustamente tratado.

No es nueva la falta de apego al mandato constitucional en México: desde hace muchos años sufrimos al enterarnos o ser víctimas de las acciones anticonstitucionales en las que han incurrido los diferentes gobiernos. La historia moderna del país está llena de esas páginas tristes que la memoria, la fuerte memoria, “la terca memoria” del pueblo guarda celosamente, porque no se pueden echar al olvido los días, los meses y los años que hemos sufrido… y lastima, duele, hiere la insania, el descaro, la burla que el actual gobierno sigue haciendo de la ley.

No se puede corregir la ilegalidad con actos ilegales. En muchos medios se escribe o se habla de las bondades de las acciones del Ejército. Se escribe sobre el accionar de los militares: que detienen, que interrogan a los detenidos y que los conducen y los encierran en cuarteles (en donde no pocas veces son torturados).

La historia es larga ya… ferrocarrileros, maestros, médicos, estudiantes, campesinos, indígenas del norte, del centro y del sur, estudiantes otra vez y campesinos también otra vez, y sigue el Ejército intimidando al pueblo en calles y en caminos, y sigue el gobierno sacando a los soldados de los cuarteles (pueblo pobre uniformado), para maltratar al resto del pueblo pobre, y los de arriba aplauden y felicitan a los “mandos”… “¡Qué importa que se viole la Constitución!”.

Llamo “¡Alerta, México!” a estas modestas líneas, porque las escribo en Monterrey y me ha parecido terrible el enterarme de que los candidatos a la gubernatura de los dos partidos más grandes del país aplauden y festejan el accionar de las Fuerzas Armadas, y no he leído ni escuchado palabra alguna de rechazo a dicha conducta de parte de los “grupos sociales de cierto nivel”… sólo los pobres hablan en contra… y en son de queja. Por eso repito fuerte: ¡alerta!

Dirigente del comité ¡Eureka!