Álvaro Uribe: Los hijos, su debilidad

Álvaro Uribe: Los hijos, su debilidad

EDGAR TéLLEZ

Tomás y Jerónimo Uribe son acusados de escudarse en la figura de su padre, el presidente Álvaro Uribe, para influir en decisiones gubernamentales y hacer negocios personales. El escándalo enturbia las aspiraciones del mandatario de Colombia para reelegirse por segunda ocasión y atiza el conflicto que sostiene con el sistema judicial, con partidos de oposición y con medios de comunicación.

BOGOTÁ.- En 2002, cuando Álvaro Uribe asumió su primer mandato como presidente de Colombia, sus hijos Tomás y Jerónimo, entonces de 21 y 19 años de edad, respectivamente, eran considerados por la opinión pública como dos jóvenes emprendedores que sacrificaron la vida tranquila del campo, las aulas universitarias y la rumba por la austera y agitada cohabitación con sus padres en la forzada etiqueta de la Casa de Nariño, sede del gobierno de este país.

Casi siete años después, partidos de oposición y medios de comunicación acusan a Tomás y a Jerónimo de aprovechar su privilegiada condición de hijos del presidente para intervenir en asuntos del Estado y obtener beneficios económicos.

Ello ocurre en un contexto político complicado para el presidente, justo cuando Colombia vive una aguda contienda política y jurídica debido a que el Congreso estudia una nueva enmienda constitucional que permitiría a Uribe gobernar hasta 2014.

En la primera semana de septiembre de 2008, el Congreso inició el trámite de esta reforma constitucional propuesta por la asociación Colombia Primero, una entidad de carácter privado que recolectó más de 3 millones de firmas con el fin de promover un referendo para que Uribe gobierne un tercer periodo consecutivo.

Después de examinar los documentos que sustentaron la recolección de firmas, los opositores de Uribe y de su reelección señalaron presuntas irregularidades en el proceso realizado en todo el país durante el primer semestre del año pasado.

Así, denunciaron que el transporte de las bolsas que contenían los formularios firmados por los ciudadanos fue realizado por la empresa Transval, dueña del 51% de las acciones de la empresa de vigilancia y seguridad privada Provitec, propiedad de William Suárez, socio principal de David Murcia Guzmán, el cerebro de la captadora ilegal de dinero DMG, quien está en la cárcel por defraudar a más de 4 millones de personas.

Aun cuando uno de los socios de Transval, Jorge Berrío Villarreal, aseguró públicamente que realizó gratis el transporte de los formularios con las firmas del referendo, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron investigaciones –que todavía están en trámite– para establecer si la participación directa de una empresa cuestionada legalmente invalida el trámite del referendo en el Congreso.