"La agresión de García Luna
JORGE CARRASCO ARAIZAGA,
En la guerra del presidente Calderón contra bandas del crimen organizado parece no haber límites. Ni siquiera el del respeto a las garantías constitucionales, entre ellas las libertades de expresión y de prensa. Una vez más, Proceso es víctima de la violación de sus derechos fundamentales: funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal, al frente de la cual está Genaro García Luna, exhibieron ejemplares de este semanario junto con supuestas evidencias con las que presentaron ante los medios de comunicación a seis presuntos miembros de La Familia.
Ejemplares de las ediciones 1705, 1707 y 1708, así como de la Edición Especial número 25 (El México narco, segunda parte) fueron desplegados en una mesa delante de los detenidos, junto con armas de alto poder, paquetes de dinero, bolsas de droga, celulares, documentos personales, llaves de autos, carteras... Insólito, el hecho no ocultaba la intención de quienes lo planearon y ejecutaron: colocar a la revista como parte de la logística del citado cártel de narcotráfico.
En su enfrentamiento con La Familia, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pretendió incluir a Proceso como parte de la logística de la organización delictiva.
Así lo hizo ver en dos ocasiones la semana pasada, cuando se difundió la detención de una célula al servicio de Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los líderes intermedios del grupo que en el último mes le ha provocado a la Policía Federal (PF) más de 40 bajas, entre muertos y heridos.
La primera referencia a este semanario se hizo en las instalaciones del centro de mando de la PF en Iztapalapa, el 29 de julio, cuando el jefe de la División Antidrogas de la corporación, Ramón Pequeño, presentó a la prensa a seis presuntos integrantes de la organización, entre ellos Armando Quintero Guerra, alias El Licenciado, a quien señaló como el operador financiero de La Tuta y su hermano Flavio Gómez Martínez.
Como es usual en la presentación de los detenidos por las fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colocó a los presuntos narcotraficantes detrás de una mesa con todo lo que la dependencia reportó como asegurado al momento de la detención. Junto con dos fusiles cuernos de chivo, una pistola Pietro Beretta, cartuchos, fajos de billetes, teléfonos celulares, llaveros, equipo de radiocomunicación y una memoria USB con los reportes sobre la venta de droga y extorsión, expuso cuatro ediciones recientes de Proceso.
En esas revistas, todas del mes de julio, se ha dado cuenta de las dificultades de García Luna y la PF en Michoacán y cómo La Familia se convirtió en lo que el gobierno de Felipe Calderón ha reconocido como su enemigo más peligroso.
Catalogadas en la presentación de Ramón Pequeño como “documentación diversa”, las revistas fueron mostradas junto con estados de cuenta, un título profesional y otros documentos que –de acuerdo con el funcionario–, además de seis vehícu los incautados, era lo que llevaba consigo la célula.
Además de las imágenes captadas por la prensa, la propia SSP difundió el video de la presentación, en el cual aparecen las revistas en primer plano en varias ocasiones.
El video
Al siguiente día, 30 de julio, García Luna divulgó otro video: una parte del interrogatorio al que fue sometido El Licenciado.
En los tres minutos y ocho segundos que dura ese material que repartió a la prensa, aparece de nueva cuenta Proceso como parte de los recursos con los que se mueven La Tuta y su grupo.
El video fue colocado esa noche en el portal del periódico El Universal, donde todavía permanecía en las primeras horas del sábado 1, al cierre de esta edición.
A solicitud de la revista, el video fue entregado por la SSP. Se trata de una nueva versión del interrogatorio. La grabación dura 10 minutos y se titula “Presuntos Integrantes de La Familia Michoacana”. Las referencias a este semanario son las mismas que se difundieron el día 29.
En la diligencia videograbada, una mujer pregunta a El Licenciado:
–¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Flavio Gómez o Servando Gómez?
–Ayer; con los dos –responde Quintero Guerra.
–Cuénteme, ¿qué le dijeron?
El Licenciado refiere un supuesto diálogo que tuvo con La Tuta:
“–Me llamó y dijo: ¿A usted le gusta leer las (revistas) Proceso?
–Sí.
–¿Y tiene las últimas?
–Sí.
–Okey. Ahorita vaya a la central para que me haga el favor de entregárselas a una persona.”
Según las declaraciones de Quintero Guerra en el interrogatorio, en esa conversación La Tuta parecía “asustado” y “nervioso”.
–¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Cuénteme –continúa la mujer.
El Licenciado vuelve con Proceso:
“Porque me dijo que lo estaban… Dijo: ‘¿Usted lee las revistas de Proceso?’ Le dije: ‘Sí’. Y respondió: ‘Este… voy a necesitar que me las haga llegar. Ahí busque… salió una revista en donde se habla de Gómez a Gómez’”.
Se refiere al artículo “Diálogo entre los Gómez”, de Miguel Ángel Granados Chapa, publicado en la edición 1707 de la revista y en el cual el periodista analiza las declaraciones de Servando Gómez Martínez, La Tuta, a una televisora de Michoacán, así como la respuesta que le dio públicamente el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Quintero Guerra, que es abogado, fue aprehendido por la Policía Federal en Uruapan, Michoacán. Según la PF era un elemento medular en la célula de La Tuta, pues lo hizo ver como el presunto responsable de llevar el control y registro de los ingresos por la venta de la droga en La Familia; de la captación de la mercancía proveniente de Arteaga y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y del sur de Guerrero; además de coordinar la logística para el envío de esa mercancía a Tijuana, Mexicali y Baja California. Por si fuera poco, en Los Ángeles, California, Quintero mantenía contacto con los compradores de droga.
El Licenciado también se encargaba de pagar la nómina y otros gastos operativos, así como del lavado de dinero mediante la compra de casas, ranchos, vehículos de lujo, armas y ganado, lo mismo que de la renta de inmuebles que servían como casas de seguridad.
García Luna se jactó de que la detención de El Licenciado es uno de los mayores golpes a La Familia, aunque La Tuta es un mando intermedio de la organización. El mismo 29 de julio la SSP señaló en un boletín de prensa:
“El trabajo de inteligencia de la Policía Federal, apoyado con investigaciones de campo y gabinete, ha permitido combatir la estructura de La Familia michoacana en diversos niveles, tanto la logística criminal, como en el desmantelamiento de sus redes de protección y en el esquema financiero”.
Dio cifras. Dijo que entre enero y julio fueron detenidos 120 miembros de la organización delictiva, 73 de ellos en Michoacán y el resto en Guerrero y el Estado de México. Destacó también el reciente despliegue de más de mil 700 elementos de “las fuerzas policiales” dentro del Operativo Conjunto Michoacán.
Las acciones que García Luna difunde como éxitos incuestionables contrastan con lo reportado por Proceso en las ediciones que el jefe policiaco intentó hacer pasar como parte de la logística de La Familia.
La segunda parte de la Edición Especial dedica al México narco, publicada en julio y en cuya portada se muestra a una persona colgada de un puente en el puerto de Lázaro Cárdenas –donde la PF ha sufrido varias bajas– incluye el reportaje Michoacán. “La pesadilla de Calderón”.
En ese texto consta que, a decir de agentes policiacos destacados en Morelia, mientras el gobierno federal no detenga a los principales jefes de la organización, ésta seguirá desplegando su poder delictivo en el país.
En particular se refirieron a Nicandro Barrera Medrano, El Nica; Nazario Moreno González o Víctor Nazario Castrejón Peña, El Chayo, Naza o El Más Loco, autor del “evangelio de la Familia Michoacana”. También mencionaron a Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, cuyo grupo de seguridad se conoce como “Los Doce Apóstoles”.
Otra de las ediciones de Proceso mostradas por la Policía Federal (la 1705, del 7 de julio) tiene el rostro del presidente Calderón en la portada. El encabezado principal es “El repudio”, que se refiere al creciente rechazo que provoca la guerra contra el narco por sus desastrosos resultados para la sociedad, y que fue uno de los factores de la derrota del PAN en las elecciones pasadas.
En ese mismo número hay un reportaje sobre el enfrentamiento de fuerzas federales y estatales de Guanajuato con una célula de Los Zetas en la comunidad San José de Agua Azul, y acerca de la protección a La Familia en el municipio de Apaseo.
En la edición 1707, del día 19, exhibida también por la Policía Federal como parte de las pertenencias incautadas a la célula de La Tuta, se publicó un reportaje sobre La Familia. En él se señala a ese grupo como heredero de los desertores de las fuerzas especiales del Ejército que se aliaron al cártel del Golfo para formar Los Zetas.
En entrevista para ese reportaje, el especialista Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), dijo entre otras cosas que hasta ahora se ha detenido a mandos medios de la organización, y que el mayor desafío de ésta a García Luna y a Calderón eran las bajas causadas a las fuerzas federales en menos de un mes: 20 policías muertos y la misma cantidad de heridos.
La reacción a esa violencia desatada por La Familia contra García Luna –como la definió La Tuta en sus declaraciones a un noticiario televisivo de Michoacán– fue el refuerzo del Operativo Conjunto Michoacán, adonde el gobierno de Felipe Calderón desplegó 5 mil efectivos más, 2 mil 500 de ellos militares.
La presentación de los militares en la XXI Zona Militar en Morelia tuvo una amplia difusión en la prensa nacional los días 20 y 21 de julio, pero en esta segunda fecha un grupo de policías federales, destacado en Lázaro Cárdenas, se amotinó y se negó a realizar patrullajes debido a las pésimas condiciones en que sus jefes los enviaron a enfrentar a La Familia.
Algunos de ellos enviaron a Proceso una carta y fotografías que muestran las lamentables condiciones en las que se encontraban: hacinados en casas de campaña, con escasa comida y, peor aún, algunos hasta con tres meses de su sueldo retenido por la burocracia.
“Y si nos quejamos, nos corren… Entramos a la Policía Federal para conseguir un mejor nivel de vida y miren lo que nos hacen; nos corren y luego nadie nos contrata…
“A muchos compañeros los obligan a que se cambien de mando, pues ya están capacitados por el gobierno para el manejo de armas, tácticas y estrategias, trabajos de inteligencia, y al no encontrar trabajo pues (…) se van con los del otro bando”, señalaron los agentes inconformes en su escrito, que se dio a conocer en la edición 1708, del 26 de julio.
Proceso también informó que los hoteleros ya no quieren recibir a los efectivos de la Policía Federal, pues cuando han sido atacados en sus inmuebles, sencillamente se salen sin pagar los daños. (Con información de Patricia Dávila.)"
No hay comentarios:
Publicar un comentario